Jose Sauz Rivera

Expediente 690/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
690/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Jose Sauz Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este tribunal y se avocó al conocimiento del presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la Juez Único Penal de Partido, con residencia en Cortázar, Guanajuato, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 208/2017-I, que se envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado notificara al quejoso ********************; toda vez que el trece de julio del año en curso, fue notificado por conducto de su autorizada ********************Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro y sistema correspondiente.

  3. Principal

    Registro de demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por **********, contra actos de la Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato y secretario de la misma adscripción; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16, 17, 20, 103 y 107 Constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 690/2017-A2. B) Incompetencia. Ahora, analizado íntegramente el escrito de demanda de cuenta y sus anexos, se advierte que el acto que reclama el quejoso, lo es: La sentencia definitiva pronunciada el veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato dentro de la causa penal 136/2014, en la que se le condenó por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 181, del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Esto es, se duele de un acto propio de analizarse en amparo directo, al impugnar directamente la sentencia definitiva dictada por la Juez responsable. Se explica: Acorde con los preceptos legales 107 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47, y 170 fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que el acto de que se duele el impetrante, es materia de amparo directo, de competencia acorde con el diverso 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales Colegiados de Circuito. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." "Artículo 34. Los Tribunales colegiados de circuito son competente para conocer del juicio de amparo directo." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.] Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencia definitivas, laudo y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, entre otros, el juicio de amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas juicio, agotándose previamente el recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, según lo disponen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, como se asentó, la resolución que reclama la parte quejosa, se trata de la sentencia definitiva pronunciada el veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato dentro de la causa penal 136/2014, en la que se le condenó por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 181, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, que tiene como efecto jurídico dar por concluido el proceso penal instaurado en su contra. En tal virtud, de acuerdo a los artículos antes trascritos, la materia del juicio que se promueve, es de amparo directo, y en atención a ello, este Juzgado de Distrito declara su legal incompetencia para seguir conociendo del presente asunto, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la demanda es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno. En consecuencia, remítanse los presentes autos, así como sus anexos a la superioridad que por turno conozca del presente asunto; para los efectos legales a que haya lugar. Solicítese comedidamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. C) Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. D) Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Ahora, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones fuera de la localidad de este juzgado, es decir, en calle I. Allende, número 200, letra "A", zona centro del plano oficial de Cortázar, Guanajuato, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300 del Código Supletorio Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique al quejoso el presente auto, debiendo requerirlo para que dentro del término de tres días, más uno por razón de la distancia, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Habilitándose desde este momento días y horas inhábiles a fin de que se lleve a cabo la diligencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al impetrante autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura Adriana Santana Martínez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito y en términos restringidos del numeral invocado a Ana Laura Martínez Mendoza, por así haberlo solicitado.

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