José Santos Rivera

Expediente 260/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
260/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • José Santos Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de la que se advierte que la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por José Santos Rivera, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; mientras que de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, acorde con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo del multicitado acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento original que exhibió con su demanda; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se destruirá junto con el expediente. En el entendido que, para recibir la documentación original exhibida en autos, será necesario que el promovente del amparo o sus autorizados en términos amplios, agenden una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; dentro de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales.

  2. Principal

    Relación de constancias. La secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, destacando las siguientes: 1. Demanda de amparo suscrita por José Santos Rivera presentada ante el secretario de la guardia el trece de julio de dos mil veinte; 2. Proveído de catorce de julio de dos mil veinte, por el que se admitió a trámite la demanda de mérito y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley; 3. Proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, mediante el cual, con apego en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y se señaló fecha para la audiencia constitucional. 4. Informes justificados rendidos por la autoridad responsable Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, acordados en autos de seis de agosto, veintidós, veintitrés, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinte. A lo que el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden y rendidos los aludidos informes justificados en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Periodo probatorio. Seguidamente, se abre el período probatorio, en el que se da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda consistentes en: 1. Original de póliza de afiliación al Seguro Popular a nombre del titular xxxxxxx y como beneficiarios, entre otros, el aquí quejoso José Santos Rivera; 2. Nota médica fechada el dos de marzo de dos mil veinte con impresión a nombre de la doctora Diana Verónica Reyes Guzmán, especialista en enfermedades del riñón, expedida a nombre del aquí quejoso y que contiene tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana, por tiempo indefinido; 3. Diagnóstico a nombre del quejoso de fecha dos de abril de dos mil veinte, expedido por la doctora Diana Verónica Reyes Guzmán; 4. Estudio practicado al quejoso de química clínica con ultrasonido de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; 5. Ultrasonido abdómino pélvico de diez de octubre de dos mil diecinueve; 6. Solicitud de interconsulta ordinaria con folio 90540 de doce de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 7 de autos); así como las exhibidas por la responsable al rendir los informes solicitados en autos (fojas 31-42; 52-53; 65-72; 82; 87-95; y 100-104). A lo que el juez acuerda: De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las anteriores documentales; con lo cual se declara cerrada la citada etapa. ? Etapa de alegatos. Acto seguido, se abre la etapa de alegatos, en la que se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por la responsable al momento de rendir su informe justificado; en tanto que las demás partes fueron omisas en formularlos. Con lo anterior se cierra la etapa y se da por concluida la presente audiencia, para dictar la siguiente: SENTENCIA DEFINITIVA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 260/2020-II; y R E S U L T A N D O Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 260/2020-II, promovido por José Santos Rivera, en contra de actos del Hospital General de Celaya; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante el secretario de la guardia de este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, el trece de julio de dos mil veinte, José Santos Rivera demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Hospital General de Celaya, que hizo consistir en: "Del Hospital General de Celaya: se reclama, la negativa de proporcionarme el tratamiento de hemodiálisis, así como la cirugía y/o tratamiento de próstata y los medicamentos necesarios para tratar mis padecimientos, señalándome que no lo cubre el seguro popular y/o el sistema de salud pública del estado de Guanajuato, no obstante, el suscrito padece insuficiencia renal crónica, violando gravemente mis derechos humanos porque no tengo trabajo, ni familia que me ayude, para poder pagar dicho tratamiento, y si no se respeta mi derecho humano a la salud por parte del Hospital General de Celaya, quedo en un abandono total del Estado, que pone en riesgo mi vida" Por estimar dichos actos son violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 4º y 133 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 260/2020; otorgó la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, el cual se recabó; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es una omisión, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se tienen como actos reclamados los siguientes: La negativa u omisión de la autoridad responsable de proporcionarle: a) Tratamiento de hemodiálisis; b) Cirugía o tratamiento de próstata; y, c) Los medicamentos necesarios para ambos padecimientos. Actos que atribuye al: Director del Hospital General de Celaya, Guanajuato. 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al director del Hospital General de Celaya, Guanajuato, pues no obstante que al rendir su informe expresamente negó los actos reclamados; sin embargo, después de dicha afirmación sostiene: "[.] Es falso que se le haya negado la atención médica y el tratamiento de hemodiálisis por parte del Hospital General de Celaya al C. José Santos Rivera, puesto que el ahora quejoso no acudió al nosocomio para ser atendido, además no existe expediente clínico [...]" Posteriormente, mediante oficio sin número recibido el tres de septiembre de dos mil veinte, el apoderado legal de la responsable señaló que el día diez de agosto de la presente anualidad, el aquí quejoso: "concurriendo al nosocomio, adjunto constancia de atención, asimismo se anexa evidencia donde la clínica privada Hemodiálisis Avanzada de Celaya, S.A. De C.V. se encuentra otorgando el tratamiento de hemodiálisis iniciando en agosto y programada para otorgarse en el mes de septiembre". Manifestación, la transcrita, que entraña un reconocimiento de los actos reclamados; de ahí que la negativa expresa de la responsable quede desvirtuada con su propia manifestación; por ende, se tienen por ciertos los actos reclamados, para efectos del presente amparo. Es aplicable, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 391, tomo XIV, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, que expresa: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Aunado a que la negativa informada por la responsable queda desvirtuada dado que fue con posterioridad a la presentación de la demanda cuando brindaron atención médica al quejoso, respecto del padecimiento que se queja; de ahí que se tenga por cierto los actos reclamados a la autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/992 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la 2 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38. cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, el acto reclamado consiste en: a) La omisión o negativa de proporcionarle tratamiento de hemodiálisis; b) Cirugía o tratamiento de próstata; y, c) Los medicamentos necesarios para ambos padecimientos. Al respecto, debe señalarse que en la especie, dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable brindó la atención médica requerida por la parte quejosa. En efecto, de las constancias que allegó el apoderado legal del Hospital General de Celaya, Guanajuato, se destaca que desde el catorce de agosto de dos mil veinte, se brindó atención médica al quejoso José Santos Rivera, por parte del doctor Víctor Cervantes de dicho centro hospitalario; de igual forma, se le comenzó a realizar las sesiones de hemodiálisis requeridas, con una periodicidad de tres veces por semana, ante la institución privada Hemodiálisis Avanzada de Celaya, S.A. de C.V. De igual forma, con relación al medicamento del citado padecimiento, se informó por parte de la responsable que este se proporciona en cada sesión. Por lo que hace al padecimiento próstata, se programó el siete de octubre de dos mil veinte, para su valoración, fecha en la que recibió la atención medica; asimismo, se allegó informe de paciente José Santos Rivera, donde se hace constar que se encuentra bajo manejo por el servicio de urología del citado hospital general, y que del resultado de su valoración practicada el siete de octubre pasado, se mantendrá en observación por hiperplasia prostática, y se le cita para consulta externa con nuevos estudios; señalando que no hubo necesidad de proporcionar medicamentos por dicho padecimiento. También obran los estudios de laboratorio que le fueron practicados al aquí quejoso el dieciséis de octubre de dos mil veinte. Documentales que demuestran que sí se atendió al quejoso sobre los padecimientos que presenta, así como se le entregaron los medicamentos y realizaron los diagnósticos necesarios para sus enfermedades. Lo anterior, pone de relieve en este momento, que la falta de atención médica reclamada por el quejoso, cesó en sus efectos, al ya haber sido atendido por médicos adscritos a la autoridad responsable, los cuales le proporcionan los tratamientos que consideran adecuados para sus padecimientos, por lo que resulta inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Cobra aplicación la jurisprudencia 17473 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5094 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Santos Rivera, en contra de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Oficio con registro 6433. Intégrese a los autos el oficio del apoderado legal de la autoridad responsable Hospital General Celaya, remitido vía electrónica, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de octubre de la presente anualidad y al efecto manifiesta: ".conforme las valoraciones realizadas por el urólogo el doctor Víctor Cervantes, así como las notas de valoración remitidas a este H. tribunal respecto al padecimiento de próstata del hoy quejoso, se manifiesta que no es necesario suministrar dicho medicamentos, ya que conforme al examen físico y cuestionario realizado al hoy quejoso de dicho padecimiento, no se encontró alguno síntoma anormal, para seguir monitoreando el padecimiento referido se mandaron a realizar análisis.". Promoción registrada con el número de correspondencia 6464. Por otra parte, se tiene al apoderado legal de la aludida autoridad responsable, manifestando: "[.] de acuerdo a las guías clínicas, cuando los pacientes han tenido cáncer de próstata, se realizan estudios de laboratorio como es el 'Antígeno Carcinoembrionario' (CEA) para saber si el padecimiento ha evolucionado o desaparecido, análisis de laboratorio que se realizó al hoy quejoso, se adjuntan dichos estudios, y al encontrarse dentro del parámetro normales, no es necesario suministrar medicamentos, solo debe seguir con consulta externa y con cita abierta para en caso de emergencia." Al efecto, remite copia certificada del análisis practicado al aquí quejoso, consistente en: Química clínica de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Intégrese a los autos el oficio del apoderado legal de la autoridad responsable Hospital General Celaya, remitido vía electrónica, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de nueve de octubre de la presente anualidad y al efecto manifiesta: Que no hubo necesidad de suministrar medicamentos al aquí quejoso, ya que con base a los estudios de laboratorio que le fueron practicados el siete de octubre actual, se le comunicó que debía mantener seguimiento por consulta externa, sin urgencia de mantener vigilancia por el servicio de urología. De igual forma, señala que adjunta constancia de valoración de siete de octubre pasado, donde se le da seguimiento por cáncer de próstata que tuvo en un momento determinado, el que en la actualidad ya no padece; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora, de las documentales que adjunta, se desprenden las siguientes constancias: Oficio 1328/2020, signado por el director del Hospital General de Celaya, dirigido al director de lo Contencioso y normatividad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, donde señala, en lo que interesa que: "[.] referente al C. José Santos Rivera seguirá acudiendo a Hemodiálisis Avanzada de Celaya los días lunes y jueves de cada semana para continuar con el tratamiento de hemodiálisis teniendo 9 sesiones en este mes". Valoración nefrología a Julio César Patiño Mandujano. Valoración nefrología a José Fernando Martínez Tellez. Informe de la paciente Emma Nora Jacobo Hernández. Como se observa, la responsable remitió constancias de pacientes por los que no se sigue el presente asunto, pero omitió exhibir la valoración de aquí quejoso en la fecha que refiere se realizó, a saber, siete de octubre de la presente anualidad. Consecuentemente, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, remita en copia certificada la referida valoración, así como de los estudios médicos a que se hace referencia; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cincuenta veces, en términos a lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe.

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