José Santos Gaytan Lopez

Expediente 554/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
554/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • José Santos Gaytan Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, el auto dictado en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase el anexo que remitió el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado de San Luis Potosí, adjunto a su respectivo informe justificado. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito debido a que el catorce de junio de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, determinación que causó estado el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual por un lado se negó y por otro se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo fracción III del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De igual modo, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados de cuenta; con su contenido, y anexo(s) de cuenta. Como lo solicita el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto en San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegada de su parte a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto en San Luis Potosí, las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. En primer término, es menester precisar el acto que reclama la parte quejosa del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado y del Diligenciario Adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos (incluyendo las que se allegaron al informe justificado de la autoridad ordenadora) se advierte que el acto reclamado lo constituye: I. La falta de llamamiento a la sucesión intestamentaria en vía de jurisdicción voluntaria, tramitada a bienes de Nicolás Gaitán Mata y/o Nicolás Gaytán Mata, expediente número 924/2017. II. Como consecuencia, todo lo actuado dentro del mismo, incluida la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, así como su ejecución, la orden de girar oficio al Registro Agrario Nacional para emitir el certificado parcelario a favor de Juana María Gaitán Guzmán, así como del desalojo de la unidad de dotación parcelaria marcada con el número 567-Z-1P3/3 amparada con el certificado parcelario No. 333891, que perteneciera al finado Nicolás Gaitán Mata y/o Nicolás Gaytán Mata, y/o a la posible captura en contra del quejoso. Ahora bien, de los informes justificados y del anexo de cuenta, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217 y este último a su vez con el 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del primer artículo trascrito se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Y por su parte, el numeral 77 de la ley de la materia establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, será para obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De una interpretación en sentido contrario del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y este a su vez con los artículos 61, fracción XXIII, y 217, del mismo ordenamiento, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de un criterio jurisprudencial no sea posible concretar los efectos de una posible concesión de la protección constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". En efecto, respecto del tema que se estudia, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis 10/2015, ha establecido que si se promueve amparo en contra de diligencias de jurisdicción voluntaria en materia agraria ya concluidas, alegándose violación al derecho de audiencia y defensa, no es dable concederse la protección federal, para que se deje insubsistente la resolución emitida y se emplace al agraviado para que trate y pueda manifestar su oposición, toda vez que quien no intervino tiene por ley a salvo todos sus derechos (sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido) ya que lo resuelto en ellas, además de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en las mismas, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso que proceda. El citado Pleno de Circuito precisó que, pensar lo contario, contravendría el principio de expedites en la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues se retardaría el inicio del juicio contencioso respectivo. Tales consideraciones se encuentran en la ejecutoria que originó la jurisprudencia PC.III.A. J/17 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1311, que dispone: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. Lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR."; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, es tajante en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos al opositor. Esa forma de actuar no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. Luego, si en el juicio de amparo se impugna lo actuado en un procedimiento concluido de jurisdicción voluntaria en materia agraria, por violación a los derechos de audiencia y defensa, no debe concederse la protección federal para que se deje insubsistente la resolución emitida, a efecto de dar al agraviado intervención en el expediente agrario de que se trate y manifieste su oposición, ya que esa forma de actuar contraviene el principio de expeditez en la administración de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardar el inicio del juicio contencioso respectivo, en tanto que ya concluidas las diligencias, quienes no intervinieron tienen por ley a salvo todos sus derechos, sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido, ya que lo resuelto, a más de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso procedente, todo lo cual, debe ser así definido en el amparo". En el caso, como ya se adelantó, el quejoso reclama la falta de llamamiento a la jurisdicción voluntaria de sucesión agraria 924/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, y la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, así como su ejecución; entonces, atendiendo al criterio jurisprudencial citado y que el quejoso pretende que se deje sin efectos todo lo actuado y se le emplace a éste, desde este momento es indudable y manifiesto que la parte quejosa no podría obtener una resolución favorable a sus intereses, pues no podría concederse el amparo y protección para los efectos que se pretende como lo previene el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Máxime que se generaría mayor afectación al hoy quejoso con la prosecución de este asunto ya que, por una parte se le sujetaría a continuar el juicio constitucional que se resolvería posteriormente y en el que al final no obtendría resolución favorable por el criterio ya referido, y por otra, porque desde este momento podría estar en posibilidades de promover el juicio contencioso que tiene a su alcance para defender (efectivamente) los derechos agrarios que expresó en su escrito de demanda y aclaratorio, para así obtener la impartición de justicia que previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin necesidad de tramitar o concluir un juicio que a ningún fin practico le llevaría, puesto que no sería posible restituirle el derecho que aduce violado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 y este a su vez del 77, fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento se extiende a los actos de ejecución consistentes en la orden de girar oficio al Registro Agrario Nacional para emitir el certificado parcelario a favor de Juana María Gaitán Guzmán, así como de desalojo de la unidad de dotación parcelaria marcada con el número 567-Z-1P3/3 amparada con el certificado parcelario No. 333891, que perteneciera al finado Nicolás Gaitán Mata y/o Nicolás Gaytán Mata, y/o a la posible captura en contra del quejoso, al no habérseles atribuido vicios propios. Apoya lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 549, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del dos de julio de dos mil dieciocho. Cabe mencionar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver el recurso de queja 191/2017, confirmó el criterio que aquí se empleó en el sentido de ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia, al haber jurisprudencia obligatoria que resuelve el tema, en tanto que la continuación del juicio de amparo implicaría retardar la impartición de justicia por las razones antes expuestas. En diversa tesitura, agréguese a los autos el escrito de cuenta de la tercero interesada Juana María Gaitán Guzmán; en atención a su contenido se provee: Téngasele por compareciendo al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por designando como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bernardo Alvarado Alonso y Ma. Del Rosario Alvarado Castro, toda vez que no proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la tercero interesada las documentales que anexó a su escrito de cuenta. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los escritos de cuenta que remiten Verónica Salas Leura, perito en materia de dactiloscopia, grafoscopia y documentoscopia por parte de los terceros interesados Norma Angélica Ramírez Medellín y José Fernández Galán Plau; y Gabriela Catalina Amozurrutia Miranda, perito en materia de grafoscopia, grafometria, dactiloscopia y documentos cuestionados por parte de la quejosa; en atención a sus contenidos se provee: Como lo solicitan las peritos, cítese a los quejosos Jaime Fernández Galán Navarro y José Miguel Fernández Galán Navarro, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, para que se presente a las trece horas del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, sito, en la calle Palmira número 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, ala "B", 5° piso, de esta ciudad, con identificación oficial, de preferencia credencial de elector para votar, a efecto de que se lleve a cabo una diligencia de muestreo gráfico de escritura y firma; con el apercibimiento que de no comparecer en la hora y fecha señalada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el desahogo de la diligencia de que se trata, podrá llevarse a cabo, en el caso de que comparezcan los quejosos Jaime Fernández Galán Navarro y José Miguel Fernández Galán Navarro, aún ante la inasistencia de las demás partes del juicio de amparo, así como de(los) perito(s) designado(s). Hágasele del conocimiento a las citadas diestras que el término para que emitan sus dictámenes, empezará a correr a partir de que se desahoguen las diligencias que se citan en párrafos anteriores. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del dos de julio de dos mil dieciocho, y en su lugar se programan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados de cuenta; con su contenido, y anexo(s) de cuenta. Como lo solicita el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto en San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegada de su parte a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto en San Luis Potosí, las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. En primer término, es menester precisar el acto que reclama la parte quejosa del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado y del Diligenciario Adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos (incluyendo las que se allegaron al informe justificado de la autoridad ordenadora) se advierte que el acto reclamado lo constituye: I. La falta de llamamiento a la sucesión intestamentaria en vía de jurisdicción voluntaria, tramitada a bienes de Nicolás Gaitán Mata y/o Nicolás Gaytán Mata, expediente número 924/2017. II. Como consecuencia, todo lo actuado dentro del mismo, incluida la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, así como su ejecución, la orden de girar oficio al Registro Agrario Nacional para emitir el certificado parcelario a favor de Juana María Gaitán Guzmán, así como del desalojo de la unidad de dotación parcelaria marcada con el número 567-Z-1P3/3 amparada con el certificado parcelario No. 333891, que perteneciera al finado Nicolás Gaitán Mata y/o Nicolás Gaytán Mata, y/o a la posible captura en contra del quejoso. Ahora bien, de los informes justificados y del anexo de cuenta, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217 y este último a su vez con el 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del primer artículo trascrito se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Y por su parte, el numeral 77 de la ley de la materia establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, será para obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De una interpretación en sentido contrario del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y este a su vez con los artículos 61, fracción XXIII, y 217, del mismo ordenamiento, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de un criterio jurisprudencial no sea posible concretar los efectos de una posible concesión de la protección constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". En efecto, respecto del tema que se estudia, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la contradicción de tesis 10/2015, ha establecido que si se promueve amparo en contra de diligencias de jurisdicción voluntaria en materia agraria ya concluidas, alegándose violación al derecho de audiencia y defensa, no es dable concederse la protección federal, para que se deje insubsistente la resolución emitida y se emplace al agraviado para que trate y pueda manifestar su oposición, toda vez que quien no intervino tiene por ley a salvo todos sus derechos (sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido) ya que lo resuelto en ellas, además de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en las mismas, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso que proceda. El citado Pleno de Circuito precisó que, pensar lo contario, contravendría el principio de expedites en la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues se retardaría el inicio del juicio contencioso respectivo. Tales consideraciones se encuentran en la ejecutoria que originó la jurisprudencia PC.III.A. J/17 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1311, que dispone: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. Lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR."; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, es tajante en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos al opositor. Esa forma de actuar no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. Luego, si en el juicio de amparo se impugna lo actuado en un procedimiento concluido de jurisdicción voluntaria en materia agraria, por violación a los derechos de audiencia y defensa, no debe concederse la protección federal para que se deje insubsistente la resolución emitida, a efecto de dar al agraviado intervención en el expediente agrario de que se trate y manifieste su oposición, ya que esa forma de actuar contraviene el principio de expeditez en la administración de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardar el inicio del juicio contencioso respectivo, en tanto que ya concluidas las diligencias, quienes no intervinieron tienen por ley a salvo todos sus derechos, sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido, ya que lo resuelto, a más de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso procedente, todo lo cual, debe ser así definido en el amparo". En el caso, como ya se adelantó, el quejoso reclama la falta de llamamiento a la jurisdicción voluntaria de sucesión agraria 924/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, y la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, así como su ejecución; entonces, atendiendo al criterio jurisprudencial citado y que el quejoso pretende que se deje sin efectos todo lo actuado y se le emplace a éste, desde este momento es indudable y manifiesto que la parte quejosa no podría obtener una resolución favorable a sus intereses, pues no podría concederse el amparo y protección para los efectos que se pretende como lo previene el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Máxime que se generaría mayor afectación al hoy quejoso con la prosecución de este asunto ya que, por una parte se le sujetaría a continuar el juicio constitucional que se resolvería posteriormente y en el que al final no obtendría resolución favorable por el criterio ya referido, y por otra, porque desde este momento podría estar en posibilidades de promover el juicio contencioso que tiene a su alcance para defender (efectivamente) los derechos agrarios que expresó en su escrito de demanda y aclaratorio, para así obtener la impartición de justicia que previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin necesidad de tramitar o concluir un juicio que a ningún fin practico le llevaría, puesto que no sería posible restituirle el derecho que aduce violado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 y este a su vez del 77, fracción II, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento se extiende a los actos de ejecución consistentes en la orden de girar oficio al Registro Agrario Nacional para emitir el certificado parcelario a favor de Juana María Gaitán Guzmán, así como de desalojo de la unidad de dotación parcelaria marcada con el número 567-Z-1P3/3 amparada con el certificado parcelario No. 333891, que perteneciera al finado Nicolás Gaitán Mata y/o Nicolás Gaytán Mata, y/o a la posible captura en contra del quejoso, al no habérseles atribuido vicios propios. Apoya lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 549, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del dos de julio de dos mil dieciocho. Cabe mencionar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver el recurso de queja 191/2017, confirmó el criterio que aquí se empleó en el sentido de ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia, al haber jurisprudencia obligatoria que resuelve el tema, en tanto que la continuación del juicio de amparo implicaría retardar la impartición de justicia por las razones antes expuestas. En diversa tesitura, agréguese a los autos el escrito de cuenta de la tercero interesada Juana María Gaitán Guzmán; en atención a su contenido se provee: Téngasele por compareciendo al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por designando como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bernardo Alvarado Alonso y Ma. Del Rosario Alvarado Castro, toda vez que no proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la tercero interesada las documentales que anexó a su escrito de cuenta.

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