Jose Salvador Gonzalez Beltran

Expediente 858/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
858/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Jose Salvador Gonzalez Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 332/2019. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución del recurso de queja que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, por lo que se CONFIRMA el auto recurrido que desechó la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria.". Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en esta ciudad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo y al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual se transcribe el auto de primero de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja civil 332/2019, del que se advierte que se admitió el medio de impugnación interpuesto por el inconforme José Salvador González Beltrán; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signando por el quejoso José Salvador González Beltrán, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto el auto recurrido, toda vez que este órgano judicial, en la fecha indicada, emitió el proveído a que hace alusión el promovente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 100 de la ley en mención, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en Turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa. Finalmente, mediante atento oficio que al efecto se gire a la Superioridad en comento, envíese el escrito original del recurso interpuesto y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón. En doce de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, CERTIFICA: Que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que dé cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintiocho de agosto del presente año, transcurrió del cinco al once de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles.- Doy fe. Razón: En doce de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede, con un escrito y anexo(s) registrado con el número de correspondencia interna 11345. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase recibido el escrito signado por el quejoso JOSÉ SALVADOR GONZÁLEZ BELTRÁN, a través del cual da cumplimiento a la prevención ordenada mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, así como a su escrito aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda, su escrito aclaratorio y anexos, pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: 1. Del Juez Primero Mercantil de esta ciudad: - La orden de emplazamiento contenida en el proveído de diez de abril del año en curso, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 473/2019. 2. De la licenciada Ma. Josefina Oliva González, Actuaria adscrita al área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado: - La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en atención a lo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 473/2019, del índice del Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad. Como consecuencia de ello, la inscripción del embargo trabado sobre el inmueble ubicado calle Segunda Privada de Juan de Dios Peza número 135, por parte del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de los actos reclamados se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, como se señaló con antelación, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional del Juez Primero Mercantil de esta ciudad, la orden de emplazamiento contenida en el proveído de diez de abril del año en curso, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 473/2019. Cabe destacar que el quejoso no comparece a la presente instancia constitucional como tercero extraño, pues precisamente, en su carácter de parte en el procedimiento de origen, se duele de la manera en que se ordenó y ejecutó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, emitido en el aludido juicio mercantil. En ese orden de ideas, debe precisarse que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, el acuerdo reclamado de diez de abril de dos mil diecinueve, es impugnable en sede ordinaria mediante el recurso de revocación; ello en virtud que en términos del diverso 1340 del mismo ordenamiento, el acto reclamado no es apelable, pues la suerte principal en dicho controvertido asciende a $345,000.00 (trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual es menor a los $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional) que dispone dicho numeral para su procedencia. Norma lo anterior, por analogía, el criterio jurisprudencial 1a./J. 95/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 180, de rubro: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO". En efecto, los artículos del ordenamiento legal en cita, señalan literalmente lo siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. [.]". De los artículos transcritos se advierte que la revocación contra autos procede cuando el interés del juicio mercantil no exceda de $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal. Expuesto lo anterior, deviene inconcuso que el acto que por esta vía se combate, consistente en el proveído dictado el diez de abril de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 473/2019, del índice del Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad, debía ser previamente impugnado mediante el recurso de revocación, cuya tramitación prevé el 1334 del Código de Comercio, el cual el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a la interposición del juicio de amparo, pues a través de dicho recurso es factible lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Adquiere aplicación la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". En la misma tesitura, en relación con el acto reclamado de la licenciada Ma. Josefina Oliva González, Actuaria adscrita al área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en atención a lo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 473/2019 del índice del Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia ya invocada, por lo siguiente: En principio, como se señaló con antelación, cabe precisar que el quejoso no comparece a la presente instancia constitucional como parte inaudita en el juicio de origen, pues precisamente, en su carácter de parte en dicho procedimiento, se duele de la manera en que se ejecutó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; diligencia a la cual inclusive le atribuye vicios propios. Asimismo, en relación con tal acto reclamado (diligencia de exequendo), deviene pertinente señalar que el mismo se trata de una actuación judicial, la cuales, cuando se consideran que no están ajustadas a la ley, no se encuentran excluidas de ser analizadas en cuanto a su regularidad a través de los medios ordinarios de defensa, sino que -antes bien- pueden ser impugnadas en sede ordinaria mediante el incidente de nulidad de actuaciones que se promueva en su contra, en la especie, en términos de los artículos 1349 y 1353 del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano". "Artículo 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten". De los artículos transcritos se desprende: Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los incidentes diferentes a los promovidos en las audiencias se harán valer por escrito y proponiendo las pruebas, así como fijando los puntos sobre las que versen las mismas. En ese tenor, deviene inconcuso que el acto que por esta vía se combate reclamado de la actuaria judicial responsable, debía ser previamente impugnado mediante el incidente de nulidad de actuaciones, cuya tramitación prevé los artículos 1349 y 1353 del Código de Comercio, el cual el agraviado se encontraba obligado a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional. Así pues, como en este juicio no se observó previamente el principio de definitividad en contra de los actos reclamados por el impetrante, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, adquiere aplicación la jurisprudencia 1a./J. 28/96 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 207, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento." Máxime que la irreparabilidad de los actos no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Teniendo aplicación la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Las anteriores conclusiones no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe. "

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