José Santiago Santamaría Rodríguez
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Santiago Santamaría Rodríguez
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente... interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo..."
- Principal
".Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, instaurada por ***, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, por violación a los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 380/2023-V-B. DESECHAMIENTO.Así, la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; de esa manera, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea manifiesto e indudable..Ahora, atendiendo a los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales son: La primera, consiste en que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros. En tanto que la segunda regla genérica, consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Mientras que la regla específica introducida por el legislador, tiene el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.En ese contexto, si el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, ya que como lo manifestó el promovente, la determinación de la que se duele fue dictada en dicha etapa; entonces, es claro que no se está en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de origen, toda vez que no se trata del auto en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; por tanto, al no tratarse de dicho auto, el juicio de amparo es improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar..Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que, si el procedimiento de origen se encuentra dentro de la fase de la ejecución de sentencia, los actos que en ésta se dicten, podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio natural, donde se destaquen entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa.. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último artículo aplicado en sentido contrario, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la parte quejosa.."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. .Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, instaurada por ***, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, por violación a los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 380/2023-V-B. DESECHAMIENTO.Así, la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; de esa manera, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea manifiesto e indudable..Ahora, atendiendo a los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales son: La primera, consiste en que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros. En tanto que la segunda regla genérica, consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Mientras que la regla específica introducida por el legislador, tiene el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.En ese contexto, si el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, ya que como lo manifestó el promovente, la determinación de la que se duele fue dictada en dicha etapa; entonces, es claro que no se está en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de origen, toda vez que no se trata del auto en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; por tanto, al no tratarse de dicho auto, el juicio de amparo es improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar..Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que, si el procedimiento de origen se encuentra dentro de la fase de la ejecución de sentencia, los actos que en ésta se dicten, podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio natural, donde se destaquen entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa.. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último artículo aplicado en sentido contrario, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la parte quejosa.."
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