José Ramses Rosas Hernández

Expediente 328/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
328/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • José Ramses Rosas Hernández
  • José Ramses Rosas Hernández, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Minerva Hernández Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    ".... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; medio de impugnación que se registró bajo el número R.Q. 250/2023, de su índice. En ese sentido, estese en espera de lo que en lo subsecuente informe la Superioridad...."

  2. Principal

    "....Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el dieciséis de junio del presente año, no se estuvo en condiciones de desarrollar la función jurisdiccional, lo que dio origen a la suspensión de términos y plazos dentro de los juicios que se llevan en este órgano jurisdiccional. En ese orden, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés. Se ordena agregar en autos el original del recurso de mérito. En vía de informe, con sujeción en lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento a la Superioridad que es CIERTO el acto reclamado, en virtud que el cinco de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de albacea a bienes de ********************, habida cuenta que de su análisis se advirtió la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, procédase a dar cumplimiento a la circular DGGJ/0012/2020 de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, se ordena girar oficio a través de correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que proceda a otorgar el turno correspondiente al recurso de queja planteado en autos, en la inteligencia que para ello, deberá remitir la boleta de turno al correo electrónico 13jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de otorgar acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Como justificación al citado informe, una vez que se cuente con la boleta de turno respectiva, se otorgará acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación, en la inteligencia que únicamente se remitirá el oficio que contenga la determinación adoptada, así como, copia digitalizada del escrito de expresión de agravios, sin perjuicio que, dé considerar necesarias la copias digitalizadas del presente asunto, le serán remitidas a la brevedad posible. Es menester indicar que, en el presente asunto no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en notificar a las demás partes la interposición del recurso de queja para que en el plazo de tres días señalen constancias que deban remitirse al tribunal que deba resolver ese medio de defensa, habida cuenta que en el auto impugnado se desechó de plano la demanda de amparo y por ende, no se emplazó a las demás partes...."

  3. Principal

    "... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, en su carácter de albacea a bienes de ********************, personalidad que acredita en términos de la copia certificada del auto declaratorio de herederos de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, contra actos de la Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 328/2023-III-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión declara que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa óptica, para estar en condiciones de motivar adecuadamente el sentido de la presente determinación, es necesario destacar, que del escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama....Asimismo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso precisó lo siguiente:".1.- La señora ********************, demando al señor ******************** así como a la ********************, el pago y el cumplimiento del convenio de fecha tres de junio del año 2003, celebrado y firmado por el señor ********************, juicio que se radico ante el Juzgado Cuarto de lo civil de primera Instancia, con Residencia en la Ciudad de Poza Rica, Estado de Veracruz, correspondiente bajo el rubro: ********************, contra ******************** y otro, Juicio Ordinario civil, expediente ********************.2.- Seguido en todas sus etapas procesales correspondientes, se dicto (sic) dentro del citado juicio, sentencia definitiva de fecha 27 de noviembre de 2008, condenando al señor ********************, así como a la Asociación ********************, al pago de las prestaciones reclamadas, entre otras al pago de las prestaciones contenidas en dicho convenio, sentencia que causo ejecutoria, en términos de ley, siendo entonces cosa juzgada. 3.- En Su oportunidad se presentó, la correspondiente planilla de liquidación de suerte principal e intereses causados hasta esa fecha, la cual fue resuelta y aprobada por sentencia interlocutoria correspondiente, causando oportunamente ejecutoria por ministerio de ley, siendo también cosa juzgada. 4.- Posterior a dichas situaciones jurídicas procesales, ******************** e **** ********************, interpusieron amparo directo, reclamando la violación a sus garantías de audiencia y legalidad, al no ser supuestamente llamados al juicio natural, concediéndoles la Autoridad Federal correspondiente, el amparo y protección de la Justicia Federal, para acudir a dicho juicio por actualizarse la situación de litisconsorcio pasivo necesario, según decisión de la autoridad Federal. 5.- La autoridad señalada como la ejecutora, considero dar cumplimiento a la sentencia amparadora y dado que el argumento central del fallo protector Federal, lo fue la actualización de la figura jurídica de litis consorcio pasivo necesario, considerando que constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia valida ya que involucra la protección de un derecho humano y como tal, la correlativa obligación de los operadores jurídicos como autoridades a protegerlo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 216 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, ordeno (sic) la reposición del procedimiento practicado en el juicio de origen, dejando subsistente el emplazamiento y contestación de demanda efectuada por los codemandados ******************** e ********************, no así la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio y lo actuado en la sección de ejecución de la misma, las cuales considero (sic) que quedan insubsistentes, ordenándose emplazar a juicio a los señores ******************** e ********************, en términos de lo dispuesto en el artículo 209 del Código Procesal civil..." Resolvió luego entonces: PRIMERO.- Se procede a dar cumplimiento a la sentencia amparadora en los siguientes términos: SEGUNDO.- "Se ordena la reposición del procedimiento practicado en el presente juicio, dejando subsistente el emplazamiento y contestación de demanda efectuada por los codemandados ******************** e ********************, no así la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, el día veintisiete de noviembre de dos mil ocho y lo actuado en la sección de ejecución de la misma, las cuales quedan insubsistentes, ordenándose emplazar a juicio a los señores ******************** e ********************, en términos de lo dispuesto en el articulo 209 del Codigo Procesal civil..." 6.- En su oportunidad, los señores, ******************** e ********************, contestaron la demanda incoada por la actora del juicio natural, oponiendo defensas y excepciones, entre ellas la de pago que habían recibido supuestamente de los demandados, en forma alternativa la totalidad del convenio referido, sin justificar dicha excepción, en los autos del juicio natural.(.)"Luego, si como se evidencia de lo anteriormente expuesto, se desprende que el promovente reclama el procedimiento dentro del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la sentencia dictada en el mismo, así como el cumplimiento de dicha ejecutoria, acto que le reclama al Juez Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, en su calidad de ejecutor, es inconcuso que, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas."De conformidad con lo dispuesto por el artículo transcrito, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.Así, la mencionada fracción regula dos supuestos:a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo.b) Aquellas que se realicen en ejecución de las mismas.Por cuanto hace al primer supuesto, es evidente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición desmedida de juicios de amparo dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza. En cambio, respecto de la segunda hipótesis, se ha considerado que la finalidad que se persigue, no es la que se pudiera deducir de sus términos gramaticales, sino además abarca todos los efectos y consecuencias legales que tuvieron su génesis en una actuación emanada de un juicio constitucional, tomando en consideración el alcance que vinculó a la autoridad y el acto que se reclama en un nuevo juicio de amparo.En ese tenor, las determinaciones y resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal....Además, en el término "resoluciones", en el sentido de la norma que prevé la causal de improcedencia invocada, se incluyen el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, por no dejar de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional....Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con un mandato y, por ende, la autoridad responsable no tiene libertad de decisión, sino que se debe a una determinación conforme a los requeridos efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. De manera que al actuar la autoridad responsable en ese sentido, emitiendo un proveído en cumplimiento a lo determinado en una sentencia de un juicio de amparo, modificado por la Superioridad, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión que emitida en un juicio de constitucional anterior, y admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica.....En ese tenor, es evidente que el acto reclamado consistente en el procedimiento dentro del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la sentencia dictada en el mismo y, en consecuencia, el cumplimiento de dicha ejecutoria, realizado por el Juez Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, en su calidad de ejecutor; torna el presente juicio de amparo improcedente, porque de admitir la demanda origen del mismo, se estaría en el supuesto de permitir la procedencia de juicios de amparo en contra de determinaciones de otros juicios de garantías, o de resoluciones emitidas por las autoridades responsables en cumplimiento o ejecución de éstas, lo que provocaría una interminable promoción de juicios de amparo sobre un mismo acto; de ahí que se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento cabe señalar lo sostenido en la Ley de Amparo anterior comentada sobre la fracción II del artículo 73 de ese ordenamiento, y cuyo contenido no es diverso a la fracción IX del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor (de ahí lo aplicable), en donde en lo conducente se lee:"[.] Sobre esta fracción, la Suprema Corte ha establecido que la finalidad que se persigue con la norma, no es la que se pudiera deducir de su términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los caso en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva de manda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen sus consecuencias lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. [.]" Lo transcrito pone en evidencia que la causa de improcedencia en estudio se actualiza en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable....En mérito de lo hasta aquí considerado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal.... DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ********************, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios a ********************, en virtud de que cuenta con la cedula profesional registrada el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a ******************** por no contar con dicho registro; y en esos mismos términos a ********************, ********************, ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley...."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por ********************, en su carácter de albacea a bienes de ********************, personalidad que acredita en términos de la copia certificada del auto declaratorio de herederos de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, contra actos de la Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 328/2023-III-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión declara que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa óptica, para estar en condiciones de motivar adecuadamente el sentido de la presente determinación, es necesario destacar, que del escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama....Asimismo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso precisó lo siguiente:".1.- La señora ********************, demando al señor ******************** así como a la ********************, el pago y el cumplimiento del convenio de fecha tres de junio del año 2003, celebrado y firmado por el señor ********************, juicio que se radico ante el Juzgado Cuarto de lo civil de primera Instancia, con Residencia en la Ciudad de Poza Rica, Estado de Veracruz, correspondiente bajo el rubro: ********************, contra ******************** y otro, Juicio Ordinario civil, expediente ********************.2.- Seguido en todas sus etapas procesales correspondientes, se dicto (sic) dentro del citado juicio, sentencia definitiva de fecha 27 de noviembre de 2008, condenando al señor ********************, así como a la Asociación ********************, al pago de las prestaciones reclamadas, entre otras al pago de las prestaciones contenidas en dicho convenio, sentencia que causo ejecutoria, en términos de ley, siendo entonces cosa juzgada. 3.- En Su oportunidad se presentó, la correspondiente planilla de liquidación de suerte principal e intereses causados hasta esa fecha, la cual fue resuelta y aprobada por sentencia interlocutoria correspondiente, causando oportunamente ejecutoria por ministerio de ley, siendo también cosa juzgada. 4.- Posterior a dichas situaciones jurídicas procesales, ******************** e **** ********************, interpusieron amparo directo, reclamando la violación a sus garantías de audiencia y legalidad, al no ser supuestamente llamados al juicio natural, concediéndoles la Autoridad Federal correspondiente, el amparo y protección de la Justicia Federal, para acudir a dicho juicio por actualizarse la situación de litisconsorcio pasivo necesario, según decisión de la autoridad Federal. 5.- La autoridad señalada como la ejecutora, considero dar cumplimiento a la sentencia amparadora y dado que el argumento central del fallo protector Federal, lo fue la actualización de la figura jurídica de litis consorcio pasivo necesario, considerando que constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia valida ya que involucra la protección de un derecho humano y como tal, la correlativa obligación de los operadores jurídicos como autoridades a protegerlo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 216 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, ordeno (sic) la reposición del procedimiento practicado en el juicio de origen, dejando subsistente el emplazamiento y contestación de demanda efectuada por los codemandados ******************** e ********************, no así la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio y lo actuado en la sección de ejecución de la misma, las cuales considero (sic) que quedan insubsistentes, ordenándose emplazar a juicio a los señores ******************** e ********************, en términos de lo dispuesto en el artículo 209 del Código Procesal civil..." Resolvió luego entonces: PRIMERO.- Se procede a dar cumplimiento a la sentencia amparadora en los siguientes términos: SEGUNDO.- "Se ordena la reposición del procedimiento practicado en el presente juicio, dejando subsistente el emplazamiento y contestación de demanda efectuada por los codemandados ******************** e ********************, no así la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, el día veintisiete de noviembre de dos mil ocho y lo actuado en la sección de ejecución de la misma, las cuales quedan insubsistentes, ordenándose emplazar a juicio a los señores ******************** e ********************, en términos de lo dispuesto en el articulo 209 del Codigo Procesal civil..." 6.- En su oportunidad, los señores, ******************** e ********************, contestaron la demanda incoada por la actora del juicio natural, oponiendo defensas y excepciones, entre ellas la de pago que habían recibido supuestamente de los demandados, en forma alternativa la totalidad del convenio referido, sin justificar dicha excepción, en los autos del juicio natural.(.)"Luego, si como se evidencia de lo anteriormente expuesto, se desprende que el promovente reclama el procedimiento dentro del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la sentencia dictada en el mismo, así como el cumplimiento de dicha ejecutoria, acto que le reclama al Juez Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, en su calidad de ejecutor, es inconcuso que, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas."De conformidad con lo dispuesto por el artículo transcrito, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.Así, la mencionada fracción regula dos supuestos:a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo.b) Aquellas que se realicen en ejecución de las mismas.Por cuanto hace al primer supuesto, es evidente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición desmedida de juicios de amparo dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza. En cambio, respecto de la segunda hipótesis, se ha considerado que la finalidad que se persigue, no es la que se pudiera deducir de sus términos gramaticales, sino además abarca todos los efectos y consecuencias legales que tuvieron su génesis en una actuación emanada de un juicio constitucional, tomando en consideración el alcance que vinculó a la autoridad y el acto que se reclama en un nuevo juicio de amparo.En ese tenor, las determinaciones y resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal....Además, en el término "resoluciones", en el sentido de la norma que prevé la causal de improcedencia invocada, se incluyen el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, por no dejar de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional....Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con un mandato y, por ende, la autoridad responsable no tiene libertad de decisión, sino que se debe a una determinación conforme a los requeridos efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. De manera que al actuar la autoridad responsable en ese sentido, emitiendo un proveído en cumplimiento a lo determinado en una sentencia de un juicio de amparo, modificado por la Superioridad, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión que emitida en un juicio de constitucional anterior, y admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica.....En ese tenor, es evidente que el acto reclamado consistente en el procedimiento dentro del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la sentencia dictada en el mismo y, en consecuencia, el cumplimiento de dicha ejecutoria, realizado por el Juez Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, en su calidad de ejecutor; torna el presente juicio de amparo improcedente, porque de admitir la demanda origen del mismo, se estaría en el supuesto de permitir la procedencia de juicios de amparo en contra de determinaciones de otros juicios de garantías, o de resoluciones emitidas por las autoridades responsables en cumplimiento o ejecución de éstas, lo que provocaría una interminable promoción de juicios de amparo sobre un mismo acto; de ahí que se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento cabe señalar lo sostenido en la Ley de Amparo anterior comentada sobre la fracción II del artículo 73 de ese ordenamiento, y cuyo contenido no es diverso a la fracción IX del numeral 61 de la Ley de Amparo en vigor (de ahí lo aplicable), en donde en lo conducente se lee:"[.] Sobre esta fracción, la Suprema Corte ha establecido que la finalidad que se persigue con la norma, no es la que se pudiera deducir de su términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los caso en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva de manda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen sus consecuencias lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. [.]" Lo transcrito pone en evidencia que la causa de improcedencia en estudio se actualiza en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable....En mérito de lo hasta aquí considerado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal.... DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ********************, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios a ********************, en virtud de que cuenta con la cedula profesional registrada el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a ******************** por no contar con dicho registro; y en esos mismos términos a ********************, ********************, ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley...."

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