JOSÉ SANTIAGO CRUZ y Otros.
Expediente 1235/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JOSÉ SANTIAGO CRUZ y Otros.
- José Santiago Cruz
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio procedente del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda; de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia por razón de territorio de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *** contra actos del Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, Titular y Calificadores del Instituto de la Función Registral en Tlalnepantla, Estado de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1235/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: I. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama las cancelaciones de los asientos registrales con el folio electrónico *** correspondiente al inmueble ubicado en *******, a través del exhorto ***, del que conoció el Juez Tercero Civil de Tlalnepantla, Estado de México. Lo anterior a fin de dar cumplimiento al auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuadragésimo Quinto Civil de esta Ciudad, en el juicio vía de apremio ***. El acto se precisa en estos términos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." II. El suscrito carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del asunto por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Tal precepto prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se actualiza el primer supuesto de los citados; esto es, el que fija la competencia al Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior es así, pues el reclamado destacado, es la cancelación de los asientos registrales del folio real electrónico ... que corresponden al inmueble ubicado en ..., lo cual se reclama a las autoridades registrales de esa entidad, y a lo cual incluso, se atribuyen vicios propios, como se aprecia de los conceptos de violación. Así, es claro que el reclamo, aunque derive de un juicio llevado en esta ciudad, ha de ejecutarse en el Estado de México, para lo cual giró la comunicación procesal correspondiente, siendo esto lo que adquiere relevancia procesal para efectos de la competencia de amparo, pues será en esa entidad en que se concreten los efectos del mandamiento judicial. Por analogía, se cita la tesis 1a./J. 9/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." De modo que conforme a las reglas competenciales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se esté en presencia de que el acto reclamado debe materializarse en un distrito judicial distinto a éste. Entonces, para efectos del proceso constitucional biinstancial, rige el primer supuesto previsto por el artículo 37 Ley de Amparo, y por tal motivo, de conformidad con el numeral invocado y en términos del acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe conocer de la demanda, un JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, página 84, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra indica: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." Asimismo, por analogía la jurisprudencia número 91 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice de 1985, parte VIII, página 142, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." No es impedimento para resolver en estos términos que el quejoso aduzca la existencia del auto dictado por el juez de esta Ciudad, ya que de acuerdo a la narrativa de la demanda, la ejecución de dicho proveído ocurre en otra entidad federativa y de ello deriva la cancelación de los registros que constituye el acto reclamado destacado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de inmediato la demanda con sus anexos al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO; a quien se requiere se sirva comunicar a este juzgado, en su oportunidad, si acepta o no la competencia planteada y, en su caso, acuse de recibo. Sin que haya lugar a decretar la suspensión, dado que por la naturaleza y origen del reclamo, no se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Respecto de quienes autoriza en virtud del ordinal 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica, así como medio para oír y recibir notificaciones. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones la dirección que señala, en virtud de lo acordado en el párrafo que antecede. El correo electrónico que refiere únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito declara CARECER DE COMPETENCIA para conocer de la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, Titular y Calificadores del Instituto de la Función Registral en Tlalnepantla, Estado de México. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada del escrito inicial de demanda y de la papeleta de recepción respectiva; y sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, remítase de inmediato al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO; para que de considerarlo ajustado a derecho, tenga a bien avocarse a su conocimiento. NOTIFÍQUESE.
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