José Ruiz Vazquez

Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • José Ruiz Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguense los comunicados provenientes del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Director y Comité Técnico, ambos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, todos en la Ciudad de México, por medio de los cuales, el primero, acusa recibo de las constancias que refiere e informa que se avocó al conocimiento de la demanda; de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes. En cuanto a los informes de la suspensión de plano concedida, que realizan los dos oficiantes restantes, se ordenan remitir al homólogo federal, para lo que tenga a bien proveer. Por otra parte, dígase que ya le fueron remitidas las constancias que menciona, como se advierte del acuse respectivo. Al no existir promoción pendiente por acordar y que se trata de un asunto totalmente concluido, archívese el presente cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el presente cuaderno de es susceptible de destrucción. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito que contiene la demanda de amparo que promueve ..., contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como del Director, Comité Técnico y Subdirector de Seguridad, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 319/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. 1. Del estudio integral de la demanda se advierte que la parte peticionaria de amparo señala como reclamo: "LA ORDEN DE TRASLADO QUE PRETENDEN LLEVAR A CABO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL LUGAR DONDE ACTUALMENTE ME ENCUENTRO RECLUIDO SIENDO EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRASLADARME A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, O A UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA. ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE DICHOS ACTOS. TODA VEZ QUE TENGO EL TEMOR DE QUE AL SER TRASLADADO SE PONGA EN RIESGO MIL VIDA PUESTO QUE ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA, Y DESCONOZCO A LAS PERSONAS CON LAS QUE BAYA A TENER CONTACTO AL MOMENTO DEL TRASLADO PUDIERAN SER PORTADORAS DEL VIRUS COVID-19, TODA VEZ QUE SOY VULNERABLE A PODER CONTRAER EL VIRUS." De lo anterior deviene que en el reclamo en esta instancia se advierten cuestiones de carácter penal, pues se trata de actos a realizar por una penitenciaria en esta ciudad, por lo que, el suscrito declina la competencia legal para conocer del asunto, pues ésta corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Es así, porque se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.]" La interpretación sistemática de la fracción citada del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite concluir que su teleología no se orienta por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino a la naturaleza penal de la actuación; es decir, que para determinar la competencia de un juez federal especializado en materia penal, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, con independencia de las características inherentes a la autoridad a quien se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 179990, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En el particular, la autoridad jurisdiccional que debe conocer del asunto respecto del acto reclamado por la parte quejosa, es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, puesto que se reclaman actos respecto de la orden de traslado del quejoso que se encuentran al interior de la penitenciaria de la Ciudad de México, por lo que su naturaleza es incuestionablemente penal; por ello no es dable que conozca y resuelva un juez federal especializado en materia civil. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 179990, que establece: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto." Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 51 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado declina la competencia legal para conocer de la presente demanda. En consecuencia, remítase vía interconexión el escrito inicial de demanda y de la papeleta de recepción respectiva al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que provea lo que en derecho corresponda, solicitando respetuosamente el acuse de recibo respectivo. En el entendido que, dadas las medidas de contingencia decretadas, será enviada al órgano jurisdiccional que se encuentra de guardia. SUSPENSIÓN DE PLANO. Si bien es cierto son genéricas e imprecisas las condiciones en que se emitió la orden de traslado reclamada, pues el impetrante no refiere expresamente si hubo o no participación de autoridad judicial en su emisión, señalando someramente que tuvo conocimiento de ese acto por medio de información verbal aduciendo desconocimiento de la existencia de un procedimiento jurisdiccional, dicho escenario hace incierto en este momento, que el acto reclamado se haya emitido como una actuación "dentro de procedimiento"; máxime que al efecto, alega una cuestión relativa a su derecho a la salud frente a las condiciones sanitarias internacionales. Por tanto, atendiendo a que la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue formalmente vigente, al no haber una declaratoria expresa de su interrupción conforme al artículo 228 de la Ley de Amparo, partiendo del principio pro persona y conforme al postulado de buena fe procesal, con fundamento en el artículo 48 y 126 de la Ley de Amparo, se SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO del acto reclamado para el siguiente efecto: Que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se ejecute la orden de traslado reclamada contra el quejoso José Ruiz Vázquez, interno del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. Se hace la aclaración que esta determinación estará sujeta en su efectividad a que los reclamos no involucren a autoridades del orden judicial, en observancia a la tesis jurisprudencial 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, la subsistencia de la medida queda a la justa valoración que realice el juzgado federal competente, para que sea dicho órgano quien en ejercicio de las facultades que le corresponden determine si prevalece o no. Condiciones que se fijan con apoyo en la tesis II.2o.P.100 P (10a.), con registro digital: 2022702.Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época, en Materias(s): Común, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2930, cuyo rubro, hechos, criterio y justificación son los siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO EMITIDA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. AL CONCEDERLA, EL JUEZ DE AMPARO PUEDE ESTABLECER SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN JURÍDICOS Y FÁCTICOS PARA QUE DEJE DE SURTIR EFECTOS. Hechos: Los quejosos reclamaron, vía amparo indirecto, una orden de traslado administrativa del centro penitenciario en que se encontraban detenidos a uno diverso, así como su ejecución; el Juez de Distrito concedió de oficio la suspensión de plano, para el efecto de que no fueran trasladados, salvo que se actualizaran diversas excepciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las Leyes Nacional de Ejecución Penal y de Amparo; resolución contra la cual, interpusieron el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que un Juez de Distrito, al conceder de oficio la suspensión de plano en contra de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro emitida por una autoridad administrativa, puede establecer supuestos de excepción jurídicos y fácticos para que deje de surtir efectos, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las Leyes Nacional de Ejecución Penal y de Amparo. Justificación: El artículo 161 de la Ley de Amparo establece que el efecto de la suspensión contra la orden de traslado, consiste en que no se lleve a cabo; no obstante, es apegado a derecho que el Juez de Distrito establezca supuestos de excepción -jurídicos y fácticos- por los que la medida cautelar deje de surtir efectos, por ejemplo: A) Si la orden de traslado reclamada deriva de un procedimiento judicial o resulta de una orden emitida por un Juez, conforme al artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues aquélla debe concederse cuando emana de autoridades administrativas, por tratarse de un acto que afecta de manera indirecta la libertad personal, fuera de procedimiento. B) Si se llevó a cabo por la autoridad penitenciaria, al considerarse que se estaba en los supuestos del artículo 52 de la ley nacional citada, ya que ese dispositivo regula el régimen de excepción al principio de judicialización de los traslados y faculta a la autoridad penitenciaria a emitir traslados de detenidos, con la condicionante de que en breve se haga la comunicación respectiva a la autoridad judicial, a efecto de que ésta otorgue su anuencia. C) Si los quejosos son considerados como aquellos que ameritan observación de medidas especiales, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución General, lo cual es una justificación para que, dentro de los parámetros que la norma describe, la autoridad administrativa ordene y ejecute un traslado, entonces, la medida suspensional no puede constituir un impedimento para que las autoridades actúen, de manera excepcional, al régimen de judicialización de las penas que consagra ese precepto constitucional, en los términos que autoriza la normativa aplicable en la materia. D) Si fue dictada con motivo y en cumplimiento de una sentencia que haya causado ejecutoria, ya que de conformidad con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, la procedibilidad de la medida cautelar debe atender a que no se siga perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público y a que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. E) Si tiene el carácter de provisional, con la finalidad de practicar alguna diligencia de índole ministerial o judicial o de la definición de una competencia, lo que guarda relación con la exigencia de no transgredir el interés social, pues a la colectividad le interesa que las autoridades judiciales o ministeriales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia, porque ello da certeza a la propia sociedad y al sistema jurídico. Por tanto, con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es el ordenamiento jurídico que específicamente prevé el procedimiento aplicable para los traslados de las personas privadas de la libertad en centros de reinserción social, así como en el artículo 138 mencionado, que establece la ponderación correspondiente entre el perjuicio que podría acarrear al interés social y la posible contravención al orden público, es procedente determinar las acotaciones a la suspensión de oficio y de plano otorgada respecto de actos de esa naturaleza." En esta tesitura, en el término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación de este auto, las autoridades responsables deberán informar al Juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por ser el que está en guardia y a quien se remite la presente demanda, todo lo relativo sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibidos que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente para esta ciudad, prevista en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, de conformidad con el precepto 262, fracción III, de la legislación invocada. Se habilita a la Actuaria de la adscripción para que emplee todos los medios lícitos a su alcance para hacer llegar la presente decisión y requerimiento a la autoridad; exhortándosele para que actúe con inmediatez y diligencia a fin de lograr el objetivo de protección mencionado. Se tiene para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos del citado acuerdo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, considera que no le corresponde el conocimiento del presente proceso, promovido por ..., contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como del Director, Comité Técnico y Subdirector de Seguridad, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. SEGUNDO. Se ordena remitir de inmediato al Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, este asunto, para lo que tenga a bien determinar. Fórmese expedientillo del presente asunto. NOTIFÍQUESE.

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