José Santiago Arias López
Expediente 1048/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Representante Local de Reynosa del Instituto Nacional de Migración, Ciudad
- José Santiago Arias López
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos de este juicio de amparo, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por último, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos se advierte que hasta esta data, la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, no ha informado lo relativo a la inmediata libertad del quejoso José Santiago Arias López, ordenada por este Juzgado Federal con motivo de la suspensión de plano concedida el seis de junio de dos mil veintidós, ni remitido el oficio de salida correspondiente, o rendido el informe justificado solicitado a través del oficio 14876/2022 del diez de junio del presente año. En ese contexto, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de emitir sentencia en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la mencionada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste expresamente si dicho impetrante aún se encuentra detenido ante el Instituto Nacional de Migración, en caso afirmativo, cuál es su situación migratoria, asimismo, remita constancia íntegra y legible que acredite su dicho; apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, en términos de los artículos 260, fracción II, de la citada legislación, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, conforme al numeral 2° de esta última legislación; y con fundamento en el ordinal 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación por la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad. Sirve de apoyo a lo antes citado, la Jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 199454), cuyo rubro y texto marcan: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." De igual modo, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días contado a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, informe si tiene conocimiento que José Santiago Arias López, haya sido puesto en libertad por la autoridad migratoria local; en la inteligencia que de no manifestarse al respecto, se entenderá que cesaron los efectos del acto reclamado. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fija las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita el seis de junio del año en curso, se advierte que José Santiago Arias López, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y otras responsables, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la citada demanda de garantías. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, toda vez que por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se otorgó la suspensión de oficio del acto reclamado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las doce horas con quince minutos del quince de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. En esa medida, indíquese a la responsable, que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo, si informa lo peticionado por correo electrónico oficial, resultará innecesario que lo haga también vía fax. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcione a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rindan el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado en este asunto no existe tercero interesado. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe en relación a la suspensión de plano concedida al quejoso José Santiago Arias López, en el sentido de no ser ciertos los actos reclamados; hágase del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Claudio Cárdenas del Ángel, en nombre y representación de José Santiago Arias López, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1048/2022-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con residencia en esta localidad, y como actos reclamados la orden de deportación, expulsión, rechazo y devolución al país de origen, así como su ejecución, privación de la libertad, retención y detención, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, la quejosa se encuentra interna en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que la quejosa directa en su calidad de extranjera (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogado particular. Ahora bien, este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refiere: ". A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria" Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio del quejoso, la orden de deportación, expulsión, rechazo y devolución al país de origen, privación de la libertad, retención y detención; asimismo, instruya la inmediata libertad de José Santiago Arias López, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016412, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que el quejoso pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a la agraviada circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este Juzgado. Si la privación de libertad de la quejosa no obedeció a la comisión de flagrante delito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de la Materia, se decreta la suspensión de plano en favor de José Santiago Arias López, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Y en caso de existir flagrancia o urgencia respecto de su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899-926-5163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a las mismas. En ese tenor, mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170578, del título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, con el propósito de que verifique si en dicho lugar permanece José Santiago Arias López; asimismo, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedaran sin efectos las providencias decretadas. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que el quejoso no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que aquella entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Como lo solicita el peticionario, se le tiene señalando para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en este Juzgado, y que las notificaciones personales se le realicen en forma electrónica, asimismo, designa como autorizados en los términos que indica, a los citados en la demanda de amparo. Por lo que hace a la petición del promovente para accesar al expediente electrónico, presentar promociones electrónicas y recibir notificaciones personales electrónicas, con el nombre de usuario "********************", y como correo electrónico c_cda@icloud.com, se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que el solicitante tenga acceso al expediente electrónico derivado de este asunto, en los términos solicitados. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista al quejoso y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente al directo quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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