José Salazar Tinajero
Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Salazar Tinajero
- Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que José Salazar Tinajero, interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó de plano la demanda que promovió, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción y una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito de demanda promovido por José Salazar Tinajero, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 729/2020-3, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama los autos de diecisiete de septiembre y dos de octubre de la presente anualidad, emitidos en el juicio laboral 659/5/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, en el cual se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora, y en el desahogo de la prueba confesional se le declara confeso al aquí quejoso, respectivamente. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. En tales condiciones, los autos de diecisiete de septiembre y dos de octubre de este año, emitidos en el juicio laboral 659/5/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en el cual se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora, y posteriormente en el desahogo de la prueba confesional se le declara confeso al aquí quejoso, respectivamente, no encuadra dentro de la regla antes apuntada, porque no son actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, se estima así dado que las actuaciones reclamadas no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, ya que sólo plantea la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede ocurrir que la parte afectada obtenga un laudo favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la actuación reclamada. Esto es, los efectos perjudiciales de las determinaciones de diecisiete de septiembre y dos de octubre de dos mil veinte, se actualizan hasta el dictado del laudo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si a causa de los mismos, se vulneraron las defensas de la parte afectada y, con ese motivo, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de esa determinación, lo que hace evidente que ese tipo de actuaciones no tienen una ejecución de imposible reparación, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, susceptibles de ser reparados en el laudo en caso de serle favorable, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar dicha violación por los medios que corresponda. Apoya lo mencionado, por las ideas que la conforman, la Jurisprudencia XI.2o. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 61, tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 219532, cuyo rubro y texto dice: "PRUEBAS. EL AUTO QUE ADMITE A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.- La indebida admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no debe reclamarse por medio del amparo biinstancial, ya que la afectación al interés jurídico estaría supeditada a la valoración que de esas pruebas se hiciera en el laudo o sentencia emitida por el juzgador, pues sería hasta ese momento, en que se negaría o se concedería valor a las mismas." En tales condiciones, es evidente que este asunto resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por José Salazar Tinajero. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la dirección electrónica que menciona, así como el ubicado en calle Herón Ramírez número 318, local 1, planta alta, entre callejón Colima y calle Veracruz, de la colonia Rodríguez (plaza HR 300) en esta ciudad, como autorizado para tales efectos a Santa Esmeralda Negrete Cayetano, y en términos el artículo 12 de la Ley de Amparo, al resto de los profesionistas mencionados en el escrito de demanda. De igual forma, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano de control constitucional, para que con fundamento en el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dé acceso al usuario Albertovicencio, con correo electrónico ciovicencio@gmail.com, registrado en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para la consulta del expediente electrónico correspondiente a este asunto. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones., Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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