Jose Sanchez Manzano

Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
90/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Sanchez Manzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue La omisión de ordenar el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y reinstalación de la parte actora aquí quejoso José Sánchez Manzano, en su puesto de trabajo, lo anterior, en ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 71/2017 y la omisión de desahogar la referida diligencia de reinstalación y requerimiento de pago. Por resolución dictada el tres de mayo de dos mil veintiuno se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa José Sánchez Manzano, contra los actos de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos de manera inmediata dentro del juicio laboral 71/2017, dicte el auto en el que ordene el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y reinstalación de la parte actora, aquí quejoso José Sánchez Manzano en su puesto de trabajo; y ordene turnar los autos al Actuario de su adscripción para el desahogo de la misma En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio 3030/2021/av, recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la diligencia desahogada el doce de julio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 71/2017, de la que se desprende que el aquí quejoso José Sánchez Manzano se dio por pagado de la condena a la parte demandada en el laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Por lo anterior, el trece de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el veinte de agosto de dos mil veintiuno; y a la parte tercera interesada el diecinueve de agosto del año en curso. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, El contenido de dicho precepto legal, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, básicamente que dictara un auto en el que ordenara el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y reinstalación de la parte actora, aquí quejoso José Sánchez Manzano en su puesto de trabajo y ordenara turnar los autos al actuario de su adscripción para el desahogo de la misma, ello, en el expediente laboral 71/2017. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues, en diligencia de doce de julio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 71/2017, el aquí quejoso José Sánchez Manzano se dio por pagado de la condena a la parte demandada en el laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ordenándose el archivo definitivo del citado procedimiento laboral. Atento a lo anterior, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes el juicio de origen, se dio por concluido; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte tercera interesada Radio Móvil DIPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable el acuerdo de trece de agosto del año en curso, por los motivos expuestos en la misma y toda vez que la citada tercera interesada, a la fecha no han señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordena la notificación del referido acuerdo y las subsecuentes, por medio de lista, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual remite copia certificada de la diligencia desahogada el doce de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 71/2017, de la que se desprende que el aquí quejoso José Sánchez Manzano se dio por pagado de la condena a la parte demandada en el laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2762/2021 signado por Vicente Adrián Rojas Álvarez Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Comisión de Carrera Judicial del referido Consejo autorizó al licenciado José Carlos Ibáñez Méndez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir del doce de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto se adscriba un nuevo titular a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual remite copia certificada de la diligencia desahogada el doce de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 71/2017, de la que se desprende que el aquí quejoso José Sánchez Manzano se dio por pagado de la condena a la parte demandada en el laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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