José Sánchez Manzano

Expediente 782/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
782/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • José Sánchez Manzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 37 a 39). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Vista la razón secretarial que antecede, de la cual se conoce que transcurrió el término de tres días sin que la parte quejosa efectuara alguna manifestación respecto a la vista dada mediante acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho (foja 1077 del tomo I) por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, se considera necesario destacar lo siguiente: Por sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por una parte, se sobreseyó y por otra parte, se concedió el amparo de la Justicia Federal (fojas 615 a 633 del tomo I). Inconformes con tal determinación el quejoso Felipe Padilla Espinosa y la autoridad responsable Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y interpusieron recurso de revisión (foja 679 del tomo I), mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio pronunciado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dentro del toca R.A.-83/2017, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento en el juicio, en términos del considerando quinto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida, en lo que fue materia del recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Padilla Espinosa, en contra de los actos reclamados y de las restantes autoridades responsables que se indican en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos precisados en la parte final de su último considerando." Por auto de seis de julio de dos mil diecisiete, este juzgado federal solicitó el debido cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 850 a 851 del tomo I). Mediante escrito recibido el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, el solicitante de amparo, promovió incidente de liquidación de prestaciones (fojas 901 a 910 del tomo I), mismo que se admitió a través del acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 911 del tomo I). Con fecha trece de abril de dos mil dieciocho, se resolvió el citado incidente de liquidación bajo los siguientes términos: ".PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso FELIPE PADILLA ESPINOSA, por la cantidad de $210,099.69 (doscientos diez mil noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y procedan a pagar al aquí quejoso la cantidad de $210,099.69 (doscientos diez mil noventa y nueve pesos con sesenta y nueve centavos, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma." (Fojas 1030 a 1042 del Tomo I). Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las responsables, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que en cumplimiento a lo ordenado en el incidente de liquidación de prestaciones, el Oficial Mayor de la Dirección de Administración, Subdirección de Servicios Personales de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual informo lo siguiente: "ÚNICO: La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante oficio SFA-DRH-1390/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, informó a esta Oficialía Mayor que el quejoso al rubro citado, recibió el día 30 de abril de 2018 el cheque respectivo de indemnización complementaria; para acreditar lo anterior le remito copia simple del oficio mencionado y copia certificada de la nómina respectiva, solicitando a su Señoría tenga a esta Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado dando cumplimiento a la ejecutoria de mérito." (Fojas 1073 a 1076 del Tomo II) En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos ml dieciocho (fojas 2 a 10) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, José Sánchez Manzano promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, así como a la Actuaria adscrita, de quienes reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Son los siguientes: De la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE como autoridad ordenadora, se hace consistir en la omisión de emitir la resolución interlocutoria relativa al incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso en contra de la moral RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., resolución que la ahora autoridad responsable se reservó para mejor proveer en audiencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, dentro del expediente número 71/2017, por lo que se encuentra violando lo establecido por los artículos 685 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que establecen que cuando en una audiencia se promueva incidente de falta de personalidad se sustanciara de inmediato oyendo a las partes y se resolverá continuándose el procedimiento. Sin embargo la autoridad responsable actuó de manera contraria a derecho y se reservó la resolución interlocutoria correspondiente, vulnerando los derechos del ahora quejoso desde ese momento. En consecuencia el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de emitir la resolución interlocutoria correspondiente así como en ordenar la notificación de dicha resolución a las partes, para la continuación del procedimiento. De la C. ACTUARIA adscrita a la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE como autoridad ejecutora, se hace consistir en la omisión de realizar las notificaciones correspondientes dentro de los términos establecidos en la Ley en materia." Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, en su informe justificado manifestó ser parcialmente cierto el acto omiso reclamado, al manifestar lo siguiente: "Es parcialmente cierto el acto reclamado a esta Junta Especial 33, toda vez que, de acuerdo a informes de la C. Secretaria de Acuerdos adscrita a esta Junta Especial 33 Lic. María de Lourdes Cuahquentzi Ramírez, responsable del trámite del expediente laboral al rubro citado, con fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución relativa al Incidente de Falta de Personalidad promovido por la parte actora en contra del compareciente por la demandada Radiomovil DIPSA S.A. de C.V., sin embargo, no se había notificado, esto obedeció a las excesivas cargas de trabajo que imperan en esta Junta Especial y a las razones expuestas en razonamiento de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, no obstante lo anterior, se notificó a la parte actora, por lo que al haber cesado los efectos del acto reclamado, solicito el sobreseimiento del presente juicio de amparo en términos del artículo 63 fracción V relacionado con el 64 de la Ley de Amparo." (Fojas 24 a 34) Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de emitir la resolución interlocutoria relativa al incidente de falta de personalidad, dentro del expediente número 71/2017; así como la notificación de la misma. Por su parte, de las constancias remitidas por la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el once de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución relativa al Incidente de Falta de Personalidad promovido por la parte actora en contra del compareciente por la demandada Radiomovil DIPSA S.A. de C.V.; asimismo, se advierte que el nueve de mayo de dos mil dieciocho, fue notificada dicha resolución al quejoso José Sánchez Manzano (foja 34). Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, que el once de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución relativa al incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora en contra del compareciente por la demandada; asimismo, se advierte que el nueve de mayo de dos mil dieciocho, fue notificada dicha resolución al quejoso José Sánchez Manzano (foja 34); por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, diez horas con catorce minutos del once de junio de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes justificados de la Presidenta, así como de la Actuaria, ambas de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de éstos en la audiencia constitucional, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a las partes para que se impongan del contenido del informe que se acuerda con antelación, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y en su lugar, se fijan las diez horas con catorce minutos del once de junio de dos mil dieciocho.

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