José Salvador Martínez Salgado
Expediente 273/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Salvador Martínez Salgado
- Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, Director de Policía de Investigación de la Región Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que la parte quejosa no impugnó en el término legal, el acuerdo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. VALORACIÓN DE EXPEDIENTES. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión solicitada, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. 4.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Zitácuaro, Michoacán, mismas que anexó como justificación de su informe, requiriéndole el acuse respectivo. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. 1. Sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación que antecede, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído diecinueve de agosto del presente año, para recoger los edictos para efectos de su publicación, le transcurrió del veinticuatro al treinta de agosto del año en curso, toda vez que fue notificada por lista el veintidós del mismo mes y año. 1.1. Asimismo, de estado que guardan los autos se advierte que las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron ser cierto el acto que se les reclama. 1.2. No obstante la existencia de los actos reclamados, este Juzgador Federal, estima que en el particular sobreviene la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;.". En efecto, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para recoger y publicar los edictos para emplazar al tercero interesado J. L. R. B. (víctima), dentro del plazo de cinco días, el cual le fue debidamente notificado el veintidós de agosto de la presente anualidad; sin embargo, fue omisa en comparecer ante este Órgano Jurisdiccional a recoger los edictos correspondientes. En ese contexto, se está ante un incumplimiento del quejoso en atender el mandato de autoridad en el sentido de recoger, publicar y exhibir los edictos ordenados para emplazar a los terceros interesados de que se trata en el presente juicio de amparo, por lo que se incumple con un presupuesto procesal que provoca que esta juzgadora no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelada por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. 1.3. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la legislación invocada, se decreta el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Sirve de analogía a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala, cuyo texto dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las diez horas con veinte minutos del veintitrés de septiembre de dos ml veintidós; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Quejoso no desahoga vista. Vista la certificación de cuenta, se advierte que, la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si existe alguna circunstancia que le impida cumplir con la publicación de edictos, como sería la falta de recursos económicos para cubrir su costo. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno; esto es, se entiende que no tiene impedimento para cumplir con el requerimiento respectivo y que cuenta con los recursos económicos para cubrir el costo de la publicación de los edictos. A disposición de la parte quejosa los edictos. En ese orden de ideas, se requiere a la parte quejosa para que dentro del TÉRMINO DE CINCO DÍAS, contado a partir de su legal notificación, comparezca a recoger los edictos para efectos de su publicación; quedando a su disposición en la secretaría de este juzgado. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de los edictos, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ". Apercíbase a la parte quejosa, que de no acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por Tribunales Colegiado de Circuito, publicada en la página 1771, libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 , Décima Época, Materia Común, Tesis VII 2° (IV Región) 1k (10ª), del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19 -reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 9/2021- se ordena remitir el edicto correspondiente a la administración del edificio vía correo electrónico, a fin de que lo coloque en un espacio de fácil acceso a los justiciables por todo el tiempo del emplazamiento. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán; a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído veintisiete de julio del presente año, de cuyo contenido se advierte que el agente del ministerio público le informó no contar con otro domicilio de la víctima J. L. R. B. diverso al ya agotado en autos; asimismo, que éste tampoco cuenta hasta el momento con un asesor victimal. Se ordena emplazamiento por edictos. Ahora bien, toda vez que se agotaron los medios de investigación a fin de localizar el domicilio del tercero interesado J. L. R. B. (víctima); en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena el emplazamiento a juicio del citado tercero interesado, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, a costa de la parte quejosa, en el entendido que el tercero interesado deberá comparecer a juicio en el plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al de la última publicación, por sí, o por apoderado o gestor que pueda representarlo; bajo apercibimiento que, de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Vista a la parte quejosa. Por tanto, previo a requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado federal a recoger los edictos para efectos de su publicación, y con el objeto de que no se violen las reglas del procedimiento y se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, requiérasele para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si existe alguna circunstancia que le impida cumplir con la publicación de los edictos a efecto de que se lleve a cabo el emplazamiento del tercero interesado antes indicado, como sería la falta de recursos económicos para cubrir su costo. Aplica a lo anterior, la tesis sustentada por Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1771, libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, Tesis VII 2° (IV Región) 1k, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Así como el criterio jurisprudencial P./J. 22/2015, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, consultable en la página 24, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que, en caso de no realizar manifestación alguna, se entenderá que no tiene impedimento para cumplir con el requerimiento respectivo y que cuenta con los recursos económicos para cubrir el costo de la publicación de los edictos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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