José Ruíz Jiménez

Expediente 329/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
329/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán.
  • José Ruíz Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    por este medio se notifica a la tercera interesada el proveído del doce de diciembre de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Se recibe testimonio. Agréguese el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; a través del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 329/2018, dos tomos de pruebas y testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se advierte en sus puntos resolutivos, lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Ruiz Jiménez, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo de la sentencia sujeta a revisión." Acúsese recibo de estilo. Háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno y agréguense únicamente los originales que obran dentro del cuaderno de antecedentes, en virtud de que no resulta necesario glosar la totalidad del cuadernillo dado que son copias integras del expediente original. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que el Tribunal de alzada confirmó la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Incidente de Suspensión. Por otra parte, en el incidente de suspensión se concedieron la provisional y la definitiva, en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de depuración, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Billete de depósito. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto del billete de depósito N ********************, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valiosos por las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió la parte quejosa; ello en virtud de que en diligencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dentro del incidente de suspensión fue recogido el referido certificado. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se ordena su devolución en un cuaderno, solicitando a la autoridad se sirva acusar recibo por medio de oficio del tomo que se le remite. En otro aspecto, toda vez que en proveído de catorce de agosto del año próximo pasado, se tuvo a la tercera interesada ofreciendo pruebas de su parte, con las cuales se formó un tomo por separado; consecuentemente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase saber a la parte tercera interesada que quedan a su disposición las referidas pruebas documentales, previo acuse de recibo y relación que de ello se deje en autos. No obstante lo anterior, se le apercibe que de no recogerlos dentro de un plazo de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal de Alzada informa. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual, hace del conocimiento que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, le remitió el recurso de revisión derivado del presente juicio en que se actúa, por conocimiento previo, e informa que asume el conocimiento del recurso de revisión y su admisión a trámite el cual dio origen al recurso de revisión número 77/2019, de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.UGA/JRM/aeol

  3. Principal

    SER NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 329/2018. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, turnado ese mismo día a éste juzgado, José Ruiz Jiménez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 1-6). En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En auto de doce de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, y la registró con el número 329/2018 (fojas 120-124). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, porque en el caso, se reclaman actos cuya ejecución tendrá verificativo dentro del territorio sobre el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado, consistente en: Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán. La privación de la posesión, respecto del inmueble urbano ubicado en la calle Corregidora Oriente número doscientos siete de la colonia centro de Zamora, Michoacán, dictada dentro del sumario civil expediente número 1363/2012, promovido por María Navidad Ruíz Barajas, en contra del señor Miguel Ruíz Jiménez. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados (fojas 132 y 135). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del juicio sumario civil 1363/2012, que remitió el juez responsable con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Causa de improcedencia. Se, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no justificar el quejoso su interés jurídico para instar el juicio de amparo. En efecto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de manera general, se debe demostrar lo siguiente: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y La transgresión de dicho derecho por los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, lo cual faculta a aquel para solicitar la protección constitucional en su contra. Lo anterior tiene sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Séptima Época, consultable en la página 1046, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por esta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, esta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." En ese orden de ideas, debe establecerse que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Entonces, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. Ahora bien, el quejoso acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño strictu sensu, aduciendo que presentó demanda de prescripción positiva de mala fe de dos de marzo de dos mil quince (de acuerdo con sello de presentación relativo) (foja 9), respecto del inmueble urbano ubicado en la calle Corregidora Oriente número doscientos siete de la colonia centro de Zamora, Michoacán, el cual es materia de la orden de desposesión en el litigio de origen, y para acreditar lo anterior, acompañó a su escrito de demanda copias certificadas del juicio ordinario civil 264/2015, que sobre prescripción positiva promovió José Ruiz Jiménez, frente a María Natividad Ruíz Barajas, que se sigue en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de Zamora, Michoacán; así como copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal; copias cotejadas ante notario público ciento quince, con ejercicio y residencia en Jacona, Michoacán, del registro federal de contribuyentes y certificado de libertad de gravamen a diez años del inmueble antes señalado. Sin embargo, con dichas documentales, no demuestra el interés jurídico que dice tener en relación al inmueble controvertido. Ello es así, ya que las copias certificadas del juicio ordinario civil 264/2015, que sobre prescripción positiva promovió José Ruiz Jiménez, frente a María Natividad Ruíz Barajas, que sigue en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de Zamora, Michoacán; no reúne los requisitos que prevé la ley de la materia, para que puedan surtir efectos contra terceros. Pues hasta el cinco de abril de dos mil dieciocho, no se había resuelto el juicio de prescripción, dado que se ordenó reponer el procedimiento a fin de llamar al mismo a todos los litisconsortes; por lo que no existe una declaratoria a favor del quejoso (su derecho de propiedad, no le ha sido reconocido en sentencia firme); por tanto, tal posesión no puede ser protegida a través del juicio de amparo. Dado que el juicio de amparo, no es la vía idónea para analizar si tiene derecho a la prescripción de mala fe que arguye el quejoso. Luego, del registro federal de contribuyentes, y cédula de identificación fiscal y certificado de libertad de gravamen a diez años del inmueble materia del presente juicio de amparo; solo acredita que cumplió con la obligación formal de inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes y que está sujeta, eventualmente, al cumplimiento de obligaciones fiscales y que el inmueble carece de algún gravamen en diez años atrás a la emisión del certificado. Por ello, con dichos documentos tampoco acredita el interés jurídico para combatir el derecho de propiedad que dice tener en el presente juicio de amparo, porque ello implicaría tenerlo acreditado a través de indicios, inferencias o indirectamente, cuando éste debe demostrarse fehaciente y específicamente. Incluso, aunque dichos documentos contuvieran alguna referencia de que el poseedor es el quejoso, ello sería insuficiente para acreditar el interés jurídico que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, puesto que resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el juicio de amparo torna improcedente, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional. Consecuentemente, si en el presente juicio de amparo el quejoso manifestó tener el carácter de poseedor del inmueble controvertido en el procedimiento de origen, del que aduce que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oída ni vencido en un juicio previo; empero, no demostró fehacientemente tal derecho y por ende, tampoco demostró la causa u origen de esa posesión, es evidente que aún en el supuesto que se hubiera acreditado que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, así como la expectativa de que en un futuro se declare la prescripción adquisitiva en su favor, como ya se dijo, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común, puesto que no se ha decretado en su favor un derecho adquirido por la autoridad competente. De ahí que, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica, o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En apoyo de lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno, Novena Época, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los actos de ejecución reclamados al Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, toda vez que no se reclaman por vicios propios. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo. No se analizará la diversa causal de improcedencia hecha valer por la parte tercero interesada, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Cabe destacar que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicados al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por último, no se hace pronunciamiento alguno respecto de los alegatos formulados por las partes; toda vez que las manifestaciones que realiza son simples opiniones o conclusiones lógicas de dicha parte sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos, siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Ruíz Jiménez, por los actos y autoridades que precisados quedaron en los considerandos segundo y cuarto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Ubaldo García Armas, hasta el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la secretaria Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 329/2018. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, turnado ese mismo día a éste juzgado, José Ruiz Jiménez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 1-6). En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En auto de doce de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, y la registró con el número 329/2018 (fojas 120-124). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, porque en el caso, se reclaman actos cuya ejecución tendrá verificativo dentro del territorio sobre el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado, consistente en: Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán. La privación de la posesión, respecto del inmueble urbano ubicado en la calle Corregidora Oriente número doscientos siete de la colonia centro de Zamora, Michoacán, dictada dentro del sumario civil expediente número 1363/2012, promovido por María Navidad Ruíz Barajas, en contra del señor Miguel Ruíz Jiménez. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados (fojas 132 y 135). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del juicio sumario civil 1363/2012, que remitió el juez responsable con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Causa de improcedencia. Se, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no justificar el quejoso su interés jurídico para instar el juicio de amparo. En efecto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de manera general, se debe demostrar lo siguiente: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y La transgresión de dicho derecho por los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, lo cual faculta a aquel para solicitar la protección constitucional en su contra. Lo anterior tiene sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Séptima Época, consultable en la página 1046, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por esta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, esta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." En ese orden de ideas, debe establecerse que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Entonces, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. Ahora bien, el quejoso acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño strictu sensu, aduciendo que presentó demanda de prescripción positiva de mala fe de dos de marzo de dos mil quince (de acuerdo con sello de presentación relativo) (foja 9), respecto del inmueble urbano ubicado en la calle Corregidora Oriente número doscientos siete de la colonia centro de Zamora, Michoacán, el cual es materia de la orden de desposesión en el litigio de origen, y para acreditar lo anterior, acompañó a su escrito de demanda copias certificadas del juicio ordinario civil 264/2015, que sobre prescripción positiva promovió José Ruiz Jiménez, frente a María Natividad Ruíz Barajas, que se sigue en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de Zamora, Michoacán; así como copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal; copias cotejadas ante notario público ciento quince, con ejercicio y residencia en Jacona, Michoacán, del registro federal de contribuyentes y certificado de libertad de gravamen a diez años del inmueble antes señalado. Sin embargo, con dichas documentales, no demuestra el interés jurídico que dice tener en relación al inmueble controvertido. Ello es así, ya que las copias certificadas del juicio ordinario civil 264/2015, que sobre prescripción positiva promovió José Ruiz Jiménez, frente a María Natividad Ruíz Barajas, que sigue en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de Zamora, Michoacán; no reúne los requisitos que prevé la ley de la materia, para que puedan surtir efectos contra terceros. Pues hasta el cinco de abril de dos mil dieciocho, no se había resuelto el juicio de prescripción, dado que se ordenó reponer el procedimiento a fin de llamar al mismo a todos los litisconsortes; por lo que no existe una declaratoria a favor del quejoso (su derecho de propiedad, no le ha sido reconocido en sentencia firme); por tanto, tal posesión no puede ser protegida a través del juicio de amparo. Dado que el juicio de amparo, no es la vía idónea para analizar si tiene derecho a la prescripción de mala fe que arguye el quejoso. Luego, del registro federal de contribuyentes, y cédula de identificación fiscal y certificado de libertad de gravamen a diez años del inmueble materia del presente juicio de amparo; solo acredita que cumplió con la obligación formal de inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes y que está sujeta, eventualmente, al cumplimiento de obligaciones fiscales y que el inmueble carece de algún gravamen en diez años atrás a la emisión del certificado. Por ello, con dichos documentos tampoco acredita el interés jurídico para combatir el derecho de propiedad que dice tener en el presente juicio de amparo, porque ello implicaría tenerlo acreditado a través de indicios, inferencias o indirectamente, cuando éste debe demostrarse fehaciente y específicamente. Incluso, aunque dichos documentos contuvieran alguna referencia de que el poseedor es el quejoso, ello sería insuficiente para acreditar el interés jurídico que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, puesto que resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el juicio de amparo torna improcedente, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional. Consecuentemente, si en el presente juicio de amparo el quejoso manifestó tener el carácter de poseedor del inmueble controvertido en el procedimiento de origen, del que aduce que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oída ni vencido en un juicio previo; empero, no demostró fehacientemente tal derecho y por ende, tampoco demostró la causa u origen de esa posesión, es evidente que aún en el supuesto que se hubiera acreditado que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, así como la expectativa de que en un futuro se declare la prescripción adquisitiva en su favor, como ya se dijo, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común, puesto que no se ha decretado en su favor un derecho adquirido por la autoridad competente. De ahí que, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica, o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En apoyo de lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno, Novena Época, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los actos de ejecución reclamados al Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, toda vez que no se reclaman por vicios propios. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo. No se analizará la diversa causal de improcedencia hecha valer por la parte tercero interesada, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Cabe destacar que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicados al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por último, no se hace pronunciamiento alguno respecto de los alegatos formulados por las partes; toda vez que las manifestaciones que realiza son simples opiniones o conclusiones lógicas de dicha parte sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos, siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Ruíz Jiménez, por los actos y autoridades que precisados quedaron en los considerandos segundo y cuarto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Ubaldo García Armas, hasta el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la secretaria Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe.

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