José Salvador Álvarez López
Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Salvador Álvarez López
Actuaciones
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintisiete de enero del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 73/2022-VI. Del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado en el presente juicio es la: La determinación de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante la cual determinó que era improcedente el incidente de revisión de medidas cautelares en la causa penal 497/2019; para presentar pruebas donde justificaría su inasistencia a las audiencias anteriores, ya que refiere que su abogado particular no le notificó dichas audiencias, hasta en tanto le pagara el total de sus honorarios; toda vez que el quejoso goza de libertad condicional bajo caución, dado que se otorgó una garantía económica fijada al quejoso para cubrir la reparación del daño y a fin de gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución. En ese sentido, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El precepto transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, pues la determinación emitida el diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante la cual determinó que era improcedente el incidente de revisión de medidas cautelares en la causa penal 497/2019; evidencia que se trata de un acto proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conviene invocar los artículos 160 y 467, fracción V, del Código de Nacional de Procedimiento Penales, dispone: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables.". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)." De los dispositivos legales transcritos se advierte la existencia de un medio de impugnación (apelación), el cual satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación combatida (requisito 4), está establecido en la citada codificación adjetiva penal (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al procedimiento penal (requisito 3), a fin de que el Juez responsable se pronuncie. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez ordinario (en el caso, del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. En consecuencia, si la determinación de trece de octubre del presente año, en la cual se declaró improcedente el incidente de revisión de medidas cautelares (acto reclamado en el presente juicio constitucional), puede impugnarse a través del recurso de apelación en estudio y éste no se hizo valer, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Máxime que, de los antecedentes del acto reclamado, se observa que el quejoso promovió dicho incidente debido a que pretendía presentar pruebas donde justificaría su inasistencia a las audiencias anteriores, ya que refiere que su abogado particular no le notificó dichas audiencias, hasta en tanto le pagara el total de sus honorarios; toda vez que el quejoso goza de libertad condicional bajo caución, dado que se otorgó una garantía económica fijada al quejoso para cubrir la reparación del daño y a fin de gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución. Tiene aplicación al caso, la tesis II.3o.P.59 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2694 del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." También debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, que establezcan providencias precautorias o que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso de apelación, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra las resoluciones en las cuales se fijen medidas cautelares o, en el caso exhibición de una garantía, procede el citado recurso. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, julio de 2000, página 156, cuyo rubro dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo debió interponer el recurso referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y, entonces, acudir al juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis aislada consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII, febrero de 1994, página 307 cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Como consecuencia de lo anterior; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del acto reclamado. Háganse las notificaciones personalmente toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México. Téngase por autorizada a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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