José Rubén Rocha Fernández

Expediente 1224/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1224/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • José Rubén Rocha Fernández
  • Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, perteneciente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda que nos ocupa; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó una resolución que desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger el documento que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese; y por única ocasión personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda que nos ocupa; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó una resolución que desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger el documento que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese; y por única ocasión personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de cuenta, téngase por notificada a la parte quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintidós.Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por derecho propio, contra actos de la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec perteneciente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1224/2022-I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En la especie se reclama el incumplimiento al pago de la pensión decretada en el dictamen del **************, solicitado a través del escrito de aceptación de pensión del **************** En ese aspecto, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. El texto del precepto antes citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridades que por su naturaleza son de carácter administrativo, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1o., fracción II, y 229, fracción X, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: "Artículo 1. Para efectos del presente Código, se entenderá por: II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.;" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales, así como de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas. Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario la quejosa se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Ahora bien, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso tanto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como de la Ley de Amparo. Además, así lo determinó el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL". En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, máxime que tiene por efecto nulificar el acto emitido por la autoridad administrativa del Estado. Por tanto, con la sola existencia de medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva. En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de sustento a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza (al señalar que la autoridad debió acatar lo establecido en los artículos 60 y 80 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios). Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. En esa virtud, si el promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, registro digital 177279, Novena Época, Materia: Administrativa, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". De igual forma, encuentra apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO". En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con el numeral 113 de la legislación de amparo. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que precisa, en la inteligencia que de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal; por lo que se tiene para tal efecto la lista electrónica; sin embargo, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito para que se constituya en ese domicilio y notifique este proveído a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique esa diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de esa notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad sanitario establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Además de que el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional deberá realizar las notificaciones que se ordenen en este asunto en la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por única ocasión personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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