Jose Salud Paniagua Garcia

Expediente 297/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
297/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Jose Salud Paniagua Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional en mención, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 40/2022, que le fue remitido para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado comisionara a quien correspondiera, se constituyera en el domicilio de la tercero interesada -, y la emplazara al presente asunto. Dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente y acúsese recibo de estilo. En ese sentido, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si cuenta con algún otro domicilio en el cual pueda ser localizada la tercera interesada -, apercibido que de no hacerlo, o bien, de no manifestar la imposibilidad que tiene para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se fijan nuevamente las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL respectiva. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, presentada por la vía electrónica vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por -, quien se ostenta asesor jurídico de -, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-297/2022-P. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de tramitar el recurso de apelación interpuesto por la asesoría jurídica en la causa penal -, del índice del Juez Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al omitir presentarlo al Tribunal de alzada; la dilación en el trámite del recurso de apelación, así como la omisión de turnar los autos a la Sala que conocerá de tal medio de impugnación. En atención al acto reclamado, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de remitir los autos de la causa penal -, del índice del Juez Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, con motivo del recurso de apelación interpuesto. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto en mención no es de los considerados de ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta dentro de éste, como falta de respuesta a la prosecución del trámite; lo que no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, al impugnarse la dilación en el cumplimiento de los plazos para dar trámite al recurso de apelación interpuesto en la causa penal -, del índice del juzgado responsable, pues se omite su remisión al Tribunal de alzada. A lo anterior, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número 24/92, que de Octava Época, ha emitido el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Se considera de ese modo, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en la que estableció las siguientes consideraciones (las que tienen aplicación en el caso que nos ocupa por identidad jurídica): Que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame la omisión de acuerdo de una Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un procedimiento laboral, en el que dicho particular es parte, que consista en la falta de respuesta a una petición expresa sobre el procedimiento o la falta de prosecución del trámite, el amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación: la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria sostuvo que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Por lo anterior, determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de remisión y sustanciación del recurso de apelación al tribunal de alzada. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones quedaron asentadas en la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional común, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que no puede considerarse que exista dilación manifiesta en el actuar de las responsables si se toma en consideración que la Juez Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, no ha remitido el recurso de que se trata a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad, mismo que, según lo refiere el propio quejoso en su demanda, tuvo por interpuesto el veintidós de febrero pasado, y que le fuera notificado al impetrante el uno de marzo del presente año, y además señala que el plazo otorgado en el auto de referencia transcurrió al parecer para todas las partes del dos al cuatro de marzo del presente año; lo que concluye toda vez que no se le ha notificado la llegada de los autos a la Sala correspondiente, y habiendo presentado la demanda de amparo el quince de los actuales, y turnada en la misma fecha a este Juzgado Federal, es decir, apenas seis días hábiles después de que concluyera el término otorgado a las partes en el referido auto que tuvo por interpuesto el recurso en comento, por lo que, como se dijo, de ninguna forma se puede considerar que exista clara dilación en el actuar de la responsable, esto es así, dado que resulta claro que no ha transcurrido un lapso que pueda hacer concluir que existe una dilación excesiva o auténtica paralización del procedimiento, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 33/2019, consultable con el registro digital 201400, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En las anotadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en su interpretación inversa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, como lo solicita el promovente, en términos de los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 21, 22, 23 Y 24 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, SE LE TIENE OPONIÉNDOSE A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, DIGITAL, INTERNET O IMPRESO DE CARÁCTER PÚBLICO. Asimismo, como lo pide el quejoso, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a los usuarios "-", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio el promovente tenga acceso al expediente electrónico y le sean practicadas las notificaciones. Por otra parte, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que refiere el promovente, toda vez que, como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, no se localizaron sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ni adjuntaron documento alguno que los acredite para ejercer la licenciatura en derecho. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020; en ese sentido, se tienen únicamente como medios de contacto el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el impetrante. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese electrónicamente.

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