José Rutilo Vyera Cortes
Expediente 232/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Rutilo Vyera Cortes
Actuaciones
- Principal
. CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cinco de marzo pasado, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por - consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha cinco de marzo pasado, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente ante esta autoridad a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda y que obran agregados en autos (fojas 10 a la 66), apercibida que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido con el expediente.";. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Acúsese recibo del oficio número 1530, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo indirecto número I-1171/2017-C, y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el día siete de marzo de dos mil diecinueve, que confirmó la resolución emitida por este Juzgado en la que se sobreseyó en el presente asunto, de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por-, en contra de las autoridades y por los actos que precisos quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se apercibe a la recurrente y a sus autorizados en los términos a que se refiere el último considerando". En relación a lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Devuélvase a las autoridades responsables las constancias que anexaron a su informe justificado; solicitándoles el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que las recibieron a su entera satisfacción. Ahora, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio y el duplicado del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, más no así el original el cual es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo y fue concedida la suspensión solicitada. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
1. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán 1, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número IV-232/2019-2. 2. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Se reclama la indebida, ilegal y mal citatorio de fecha 01 de febrero de 2019 y notificación de fecha 05 de febrero de 2019 con documento de número de control 400-38-00-02-01-2019-00696 de fecha 29 de enero de 2019 y que se refiere al oficio que da a conocer nuevo avalúo, con número de documento determinante 110-11-01-04-00-2015-4067. Se reclama la indebida, mala e ilegal citatorio y notificación ambos de fecha 19 de febrero de 2019 con documento número de control 400-38-00-02-01-2019-01153 de fecha 13 de febrero de 2019 y que se refiere al oficio que comunica el periodo de remate, con número de documento determinante 110-11-01-04-00-2015-4067. Se reclama el remate de bienes fijado para el periodo comprendido del 04 al 11 de marzo del año 2019 atendiendo a que se me tiene por notificado a través de una actuación que adolece de estar mal señalado mi domicilio fiscal y haberse hecho en contravención de lo señalado en el artículo 137 del código fiscal de la federación." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Como se anticipó, en el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consiste en -según argumenta-, ilegales citatorios y notificaciones de uno, trece, así como diecinueve de febrero pasados, con números de control 400-38-00-02-01-2019-00696 de veintinueve de enero anterior, a través del cual se le notifica el nuevo avalúo, número determinante 110-11-01-04-00-2015-4067, y diverso número de control 400-38-00-02-01-2019-01153 de trece del mes y año en cita, relativo al oficio mediante el cual se le informa el periodo de remate, éste último con número determinante 110-11-01-04-00-2015-4067, así como el remate fijado para el período comprendido del cuatro al once de marzo del presente año. Ahora, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, procede respecto de actos emitidos en el procedimiento de remate, también lo es que, ese precepto legal determina que, sólo será procedente contra la última resolución, que es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, el promovente pretende combatir las determinaciones emitidas los días veintinueve de enero pasado, uno, cinco, trece y diecinueve de febrero pasados, en el procedimiento administrativo de remate, lo cual no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir la última determinación que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la Fracción IV, del artículo 107, de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería, se reitera, hasta que se emita la última resolución en dicho procedimiento, lo que le daría al impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalándose las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con las citadas determinaciones, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de dicho procedimiento administrativo de remate y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Tiene aplicación sobre el particular por analogía la jurisprudencia consultable en la página 1006, del Tomo II, abril de 2016, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Lo anterior, no obstante que la parte quejosa hace valer mediante este medio extraordinario de defensa, la afectación que le provocaron las notificaciones practicadas mediante citatorios, respecto del nuevo avalúo practicado en los bienes que le fueron embargados, así como el periodo fijado para llevar a cabo el remate de éstos; empero, no se está en los supuestos de los casos de excepción que dispone el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, porque al ser parte en el procedimiento administrativo de donde derivan estos, está en aptitud de atacarlos en tiempo y juicio; lo que indica que no se está en los caso de excepción que dispone el precepto citado; en consecuencia, será contra la última resolución emitida cuando esté en aptitud de atacarlos, tal como lo dispone la jurisprudencia citada en líneas que anteceden. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, contra los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán 1, con sede en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas anteriores. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hace manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, una vez que cause estado el presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por autorizados para tal efecto a las personas que refiere en su escrito de mérito, y con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia, a Francisco Sánchez Chanona, quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, a no así a Sandra Cecilia Zúñiga Cornejo, quien se ubica en el caso contrario, como se asentó en la certificación de cuenta, lo que se acredita con las impresiones correspondientes.
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