José Rutilio Vieyra Córtez
Expediente 720/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Rutilio Vieyra Córtez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Acepta competencia. Téngase por recibido el oficio remitido por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada en su favor para conocer del juicio de amparo III-720/2018, promovido por José Rutilio Vieyra Cortés, quedando registrado en el índice de la referida autoridad federal bajo el número 810/2018; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JÓSE RUTILIO VIEYRA CORTES EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO: Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Consideraciones previas. Conviene asentar que la parte promovente en su escrito inicial de demanda señala como autoridad responsable a la siguiente: Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad. Por los actos reclamados consistentes en lo siguiente: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La emisión y notificación de acuerdo de remoción de depositario contenido en oficio 400-38-00-02-01-2018-05186 de fecha 30 de julio de 2018, notificado el día 03 de agosto de 2018, y de que intenta realizar la remoción de depositaria relativa al crédito fiscal subjudice relacionado a sabiendas que se encuentra garantizado el interés fiscal, por lo que se violan de manera directa la garantía seguridad jurídica, fundamentación, motivación y justicia imparcial, plena ejecución de sentencias, pronta y expedita, y también se contravienen los principios de exhaustividad, motivación, fundamentación y congruencia, contenidos en los numerales 8, 14, 16, 17 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente la parte del 17 que estipula que debe existir justicia imparcial y expedita; Los actos reclamados no se ajustan al artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues no hacen efectivo los recursos legales que existen a mi favor, pues él crédito fiscal se encuentra suficientemente garantizado el interés fiscal. Reclamo el numeral 153 del código fiscal de la federación en la parte que establece que "Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales",; pues carece de estas garantías de legalidad, exhaustividad, congruencia, motivación, contraviniendo los artículos 8, 14, 16, 17 y 31 fracción IV Constitucionales, aunado a que viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues se realiza la remoción de depositaria sin justificación alguna, no obstante que está garantizado con embargo en la vía administrativa el crédito fiscal que se exige aún cuando esta pendiente de determinarse la legalidad del mismo en amparo en revisión radicado en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo.". Asimismo, manifiesta lo siguiente: ".VI.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la resolución 110-11-01-04-00-2015-4067 se encuentra en litigio, ya que me impone excesivas contribuciones, actualizaciones por lo que se realizó el embargo en la vía administrativa el día 17 de agosto de 2016, por lo que exhibo como prueba dicho embargo." Así, de la interpretación de la demanda de amparo se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La emisión del acuerdo de remoción de depositario contenido en el oficio 400-38-00-02-01-2018-05186; La notificación de dicho acuerdo; y, El numeral 153 del Código Fiscal de la Federación. Aunado a ello, de la lectura de la demanda de cuenta, se obtiene que la parte quejosa indica que promovió el diverso juicio de amparo 1004/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, contra los actos que hizo consistir en diversas cuestiones emitidas dentro del expediente 1273/15-21-01-7, del índice de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Circunstancia que se debe atender por dos cuestiones. La primera, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad las manifestaciones vertidas en su demanda de garantías. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, las manifestaciones que la parte quejosa haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Y la segunda razón consiste en que, como puede observarse de las constancias remitidas por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo 1004/2017 de su índice, José Rutilio Vieyra Cortés reclamó a la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa diversas cuestiones emitidas dentro del expediente 1273/15-21-01-7; así, se advierte que mediante resolución 110-11-01-04-00-2015-4067 de siete de mayo de dos mil quince el Subadministrador Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Centro y de los Administradores de la misma área "1" y "2" del Servicio de Administración Tributaria le determinó a la parte quejosa un crédito fiscal en cantidad total de $8, 120, 103. 71 (ocho millones ciento veinte mil ciento tres pesos con setenta y un centavos), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multas. En consecuencia, la parte quejosa promovió recurso de revocación, llevándose a trámite por la Administradora Local Jurídica de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registrándolo con el número RR000109/15, que mediante oficio 600-43-00-02-00-2015-004047 confirmó dicha resolución de crédito contenida en el oficio 110-11-01-04-00-2015-4067; ante esta situación, se promovió el juicio 1273/15-21-01-7, substanciado por la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitiendo sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 600-43-00-02-00-2015-004047. Bajo ese contexto y, tomando en consideración que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, entre otras cosas, el acuerdo de remoción de depositario contenido en el oficio 400-38-00-02-01-2018-05186 de fecha treinta de julio del año en curso, el cual intenta la remoción de depositaria relativa al crédito fiscal que se le impuso en resolución 110-11-01-04-00-2015-4067, resulta evidente para este juzgador que dicho acuerdo guarda estrecha relación con el expediente 1273/15-21-01-7, el cual constituye el acto reclamado en el juicio de amparo 1004/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado; esto, toda vez que el expediente del índice de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe entenderse como un análisis de todo lo realizado por las autoridades que han llevado a cabo gestiones en torno al crédito fiscal determinado al peticionario del amparo, en esa tesitura, el acuerdo de remoción como depositario contenido en el oficio 400-38-00-02-01-2018-05186 deviene del mismo expediente, puesto que todo va encaminado al mismo fin. Así, si el juzgado federal se avocó a analizar cuestiones relativas al expediente 1273/15-21-01-7, el cual tiene su origen en el crédito fiscal 110-11-01-04-00-2015-4067, por lo que es claro que en su resolución se avocó a analizar todos los actos que devienen de él, por lo que no debe pasar por alto el acto aquí reclamado, pues éste forma parte del todo que el Juzgado Séptimo de Distrito previamente se enfocó a revisar. Lo que es un hecho notorio para este juzgador, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que se trata de información auténtica y fidedigna. Orienta lo anterior la tesis aislada (V Región) 3o.2 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". Remisión del expediente por razón de turno. Por lo anterior se estima que se actualiza una de las hipótesis de los criterios generales de relación pues las cuestiones que se reclaman en este asunto tienen su origen del mismo procedimiento administrativo en el que se determinó un crédito fiscal contra el quejoso, en el que se han impugnado diversas cuestiones a través del diverso juicio de amparo 1004/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Derivado de lo expuesto y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, debe turnarse al juzgado que tuvo previo conocimiento de ello, esto es, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En efecto, el acuerdo referido, en sus artículos 45 y 46, señala lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [..] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.] IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; [.] XIII. [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo". De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, las fracciones II y IV del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Entonces, si el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció previamente del juicio de amparo en que se reclamaron ciertas cuestiones relativas al expediente 1273/15-21-01-7, que tiene su origen en el crédito fiscal 110-11-01-04-00-2015-4067, de donde deriva el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa y se trata del último antecedente de dicho asunto, resulta inconcuso que dicho Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es quien debe conocer del presente juicio. En tal virtud, remítase este juicio de amparo con sus anexos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, por tratarse de asuntos relacionados entre sí, donde el acto reclamado proviene de un mismo procedimiento administrativo, respecto del cual ya había conocido aquel órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Consideraciones previas. Conviene asentar que la parte promovente en su escrito inicial de demanda señala como autoridad responsable a la siguiente: Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad. Por los actos reclamados consistentes en lo siguiente: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La emisión y notificación de acuerdo de remoción de depositario contenido en oficio 400-38-00-02-01-2018-05186 de fecha 30 de julio de 2018, notificado el día 03 de agosto de 2018, y de que intenta realizar la remoción de depositaria relativa al crédito fiscal subjudice relacionado a sabiendas que se encuentra garantizado el interés fiscal, por lo que se violan de manera directa la garantía seguridad jurídica, fundamentación, motivación y justicia imparcial, plena ejecución de sentencias, pronta y expedita, y también se contravienen los principios de exhaustividad, motivación, fundamentación y congruencia, contenidos en los numerales 8, 14, 16, 17 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente la parte del 17 que estipula que debe existir justicia imparcial y expedita; Los actos reclamados no se ajustan al artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues no hacen efectivo los recursos legales que existen a mi favor, pues él crédito fiscal se encuentra suficientemente garantizado el interés fiscal. Reclamo el numeral 153 del código fiscal de la federación en la parte que establece que "Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales",; pues carece de estas garantías de legalidad, exhaustividad, congruencia, motivación, contraviniendo los artículos 8, 14, 16, 17 y 31 fracción IV Constitucionales, aunado a que viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues se realiza la remoción de depositaria sin justificación alguna, no obstante que está garantizado con embargo en la vía administrativa el crédito fiscal que se exige aún cuando esta pendiente de determinarse la legalidad del mismo en amparo en revisión radicado en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo.". Asimismo, manifiesta lo siguiente: ".VI.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la resolución 110-11-01-04-00-2015-4067 se encuentra en litigio, ya que me impone excesivas contribuciones, actualizaciones por lo que se realizó el embargo en la vía administrativa el día 17 de agosto de 2016, por lo que exhibo como prueba dicho embargo." Así, de la interpretación de la demanda de amparo se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La emisión del acuerdo de remoción de depositario contenido en el oficio 400-38-00-02-01-2018-05186; La notificación de dicho acuerdo; y, El numeral 153 del Código Fiscal de la Federación. Aunado a ello, de la lectura de la demanda de cuenta, se obtiene que la parte quejosa indica que promovió el diverso juicio de amparo 1004/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, contra los actos que hizo consistir en diversas cuestiones emitidas dentro del expediente 1273/15-21-01-7, del índice de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Circunstancia que se debe atender por dos cuestiones. La primera, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad las manifestaciones vertidas en su demanda de garantías. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, las manifestaciones que la parte quejosa haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Y la segunda razón consiste en que, como puede observarse de las constancias remitidas por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo 1004/2017 de su índice, José Rutilio Vieyra Cortés reclamó a la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa diversas cuestiones emitidas dentro del expediente 1273/15-21-01-7; así, se advierte que mediante resolución 110-11-01-04-00-2015-4067 de siete de mayo de dos mil quince el Subadministrador Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Centro y de los Administradores de la misma área "1" y "2" del Servicio de Administración Tributaria le determinó a la parte quejosa un crédito fiscal en cantidad total de $8, 120, 103. 71 (ocho millones ciento veinte mil ciento tres pesos con setenta y un centavos), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, actualización, recargos y multas. En consecuencia, la parte quejosa promovió recurso de revocación, llevándose a trámite por la Administradora Local Jurídica de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registrándolo con el número RR000109/15, que mediante oficio 600-43-00-02-00-2015-004047 confirmó dicha resolución de crédito contenida en el oficio 110-11-01-04-00-2015-4067; ante esta situación, se promovió el juicio 1273/15-21-01-7, substanciado por la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitiendo sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 600-43-00-02-00-2015-004047. Bajo ese contexto y, tomando en consideración que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, entre otras cosas, el acuerdo de remoción de depositario contenido en el oficio 400-38-00-02-01-2018-05186 de fecha treinta de julio del año en curso, el cual intenta la remoción de depositaria relativa al crédito fiscal que se le impuso en resolución 110-11-01-04-00-2015-4067, resulta evidente para este juzgador que dicho acuerdo guarda estrecha relación con el expediente 1273/15-21-01-7, el cual constituye el acto reclamado en el juicio de amparo 1004/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado; esto, toda vez que el expediente del índice de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe entenderse como un análisis de todo lo realizado por las autoridades que han llevado a cabo gestiones en torno al crédito fiscal determinado al peticionario del amparo, en esa tesitura, el acuerdo de remoción como depositario contenido en el oficio 400-38-00-02-01-2018-05186 deviene del mismo expediente, puesto que todo va encaminado al mismo fin. Así, si el juzgado federal se avocó a analizar cuestiones relativas al expediente 1273/15-21-01-7, el cual tiene su origen en el crédito fiscal 110-11-01-04-00-2015-4067, por lo que es claro que en su resolución se avocó a analizar todos los actos que devienen de él, por lo que no debe pasar por alto el acto aquí reclamado, pues éste forma parte del todo que el Juzgado Séptimo de Distrito previamente se enfocó a revisar. Lo que es un hecho notorio para este juzgador, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que se trata de información auténtica y fidedigna. Orienta lo anterior la tesis aislada (V Región) 3o.2 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". Remisión del expediente por razón de turno. Por lo anterior se estima que se actualiza una de las hipótesis de los criterios generales de relación pues las cuestiones que se reclaman en este asunto tienen su origen del mismo procedimiento administrativo en el que se determinó un crédito fiscal contra el quejoso, en el que se han impugnado diversas cuestiones a través del diverso juicio de amparo 1004/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Derivado de lo expuesto y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, debe turnarse al juzgado que tuvo previo conocimiento de ello, esto es, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En efecto, el acuerdo referido, en sus artículos 45 y 46, señala lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [..] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.] IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; [.] XIII. [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo". De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, las fracciones II y IV del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Entonces, si el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció previamente del juicio de amparo en que se reclamaron ciertas cuestiones relativas al expediente 1273/15-21-01-7, que tiene su origen en el crédito fiscal 110-11-01-04-00-2015-4067, de donde deriva el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa y se trata del último antecedente de dicho asunto, resulta inconcuso que dicho Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es quien debe conocer del presente juicio. En tal virtud, remítase este juicio de amparo con sus anexos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, por tratarse de asuntos relacionados entre sí, donde el acto reclamado proviene de un mismo procedimiento administrativo, respecto del cual ya había conocido aquel órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el oficio signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual envía copia certificada del diverso juicio de amparo 66/2018, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con las aludidas documentales, se ordena formar un tomo de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, agregándole únicamente la carátula para su debida identificación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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