José Rogelio Valenzuela Mercado

Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • José Rogelio Valenzuela Mercado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de treinta y uno de agosto pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.2. Devolución de documentos. Prevéngase a la parte promovente para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió en autos en forma física; apercibida que de no hacerlo se conservaran glosados al expediente en que se actúa y seguirán la suerte del mismo, en relación a su destrucción. 2.3. Trámite de entrega. Ahora, a efecto de materializar la entrega de la documental solicitada, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficio 4433226960, extensiones, 1161 y 1162 a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de treinta y uno de agosto pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.2. Devolución de documentos. Prevéngase a la parte promovente para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió en autos en forma física; apercibida que de no hacerlo se conservaran glosados al expediente en que se actúa y seguirán la suerte del mismo, en relación a su destrucción. 2.3. Trámite de entrega. Ahora, a efecto de materializar la entrega de la documental solicitada, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico oficio 4433226960, extensiones, 1161 y 1162 a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese únicamente para constancia legal, el oficio del representante del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlalpujahua, Michoacán, dado que no tiene carácter reconocido en este asunto, pues si bien fue señalado como autoridad responsable en la demanda, ésta fue desechada de plano el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, lo que se hizo de su conocimiento en cumplimiento al acuerdo de veintiocho de los corrientes.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LOS PROVEÍDOS DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO Y VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO. (AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Se agrega oficio para constancia legal. Visto el oficio del encargado del despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlalpujahua, Michoacán, agréguese a los autos sin que haya lugar a tenerlo rindiendo informe justificado, dado que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad oficiante mediante oficio que se entregue en el domicilio que proporciona para recibir notificaciones en esta ciudad, sito en la calle Eduardo Ruíz, número 464 de la Colonia Centro. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó notificar de manera personal a la parte quejosa dicho auto, sin que obre constancia de ello en el expediente electrónico. 2.1. Requerimiento de envío. Por tanto, se requiere al actuario de la adscripción relativo, a efecto de que realice la notificación ordenada en autos a la brevedad; asimismo, se abstenga de malas prácticas y omisiones que redunden en notificaciones omitidas o tardías, tendientes a retardar la impartición de justicia. En virtud de que acorde al artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben ser notificadas dentro del tercer día hábil siguiente en que se dicten y en el caso, desde el treinta y uno de agosto del año en curso, se ordenó la notificación personal del acuerdo citado. (AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO) En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por José Rogelio Valenzuela Mercado, por su propio derecho, contra actos de la Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 807/2021. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, reveló que el acto reclamado consiste en la orden verbal de la responsable Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, para que el quejoso se presente a su área laboral, no obstante que es parte de un sector de personas vulnerable ante el contagio del virus SARS-COV-2 causante de la enfermedad COVID-19, pues padece diabetes mellitus; ocasionando con ello que se vulnere su derecho a la salud y a la vida, mediante el resguardo domiciliario . Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, porque el contenido material de los escritos (petición) se refiere a cuestiones eminentemente laborales. El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. Debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal), dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil, laboral, incluso administrativa, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, resulta pertinente destacar que si bien la dependencia señalada como "autoridad responsable" por el quejoso puede emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, lo cierto es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe precisarse que el peticionario de amparo reclama la orden verbal de la responsable Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, de presentarse a su área laboral, no obstante que es parte de un sector de personas vulnerables ante el contagio del virus SARS-COV-2 causante de la enfermedad COVID-19, pues padece diabetes mellitus; ocasionando con ello que se omita su derecho a la salud y a la vida, mediante el resguardo domiciliario . Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito Décima época, materia común, laboral, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 84, marzo de 2021, tomo III, página 2596, registro digital: 2022822, de rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En términos de lo expuesto en el apartado precedente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Rogelio Valenzuela Mercado. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. 1.3. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizados para tal efecto a Fernando Martínez García, Oscar Reyes Valdez y Valente Álvarez Reyes, en términos restringidos del numeral 24 de la Laye de Amparo segundo párrafo, por así solicitarlo. Hágase saber a la parte quejosa, que le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano