José Ruiz Vázquez

Expediente 713/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
713/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • José Ruiz Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado. Archívese como asunto concluido. El expediente principal transcurridos cinco años, se destruirá en su totalidad. Este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo se observa que el quejoso reclamó: La orden de traslado del lugar donde actualmente me encuentro recluido siendo el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, para trasladarme a diverso Centro de Reclusión en la Ciudad de México, o a un Centro Federal de Readaptación Social en el Interior de la República Mexicana, así como la ejecución de dichos actos. Sin que sea procedente conceder de plano la suspensión de oficio respecto de las manifestaciones del quejoso, en cuanto a los daños que se le causarían de llevarse a cabo el traslado, pues la forma en que argumenta implica que esos actos no se están ejecutando y dependen de la ejecución del traslado reclamado, por lo que constituyen actos de realización futura e incierta, que no son concretos y actuales contra los que proceda la suspensión oficiosa, y tampoco se acredita la inminencia en su ejecución. Se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El traslado involuntario debe autorizarse previamente a su ejecución en audiencia pública por el juez de control o ejecución y esa resolución judicial puede impugnarse mediante el recurso de apelación. Por otra parte, los traslados excepcionales surgen cuando no existe autorización previa del juez; en ese caso, la autoridad penitenciara emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado en los casos expresamente previstos por la ley, con el requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes para que califique la legalidad de esa determinación. Contra tal resolución judicial, procede el recurso de apelación. El traslado ya no puede entenderse como un acto en el que no haya intervención judicial y no se regula como una cuestión aislada, sino que hay unicidad entre la actividad administrativa y la jurisdiccional por imperativo normativo, lo que hace inaplicable esa excepción, salvo que lo impugnado sea precisamente la falta de judicialización. En consecuencia, se desecha de plano la demanda.

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