José Ruiz Vázquez

Expediente 820/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
820/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • José Ruiz Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Síntesis creada desde determinaciones judiciales. En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Dada la naturaleza de la resolución que puso fin al juicio, el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra interno.

  2. Principal

    Fórmese el expediente 820/2021. Sin que se tenga como acto destacado "la incomunicación" que se enuncia en el capítulo IV de la demanda, dado que la promovente lo menciona de manera aislada, sin que exista ninguna otra referencia a dicho acto en la demanda ni mucho menos sobre la forma en la que se está ejecutando. Una vez sentado lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De conformidad con el artículo citado, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la ley de la materia. Hipótesis que se actualiza, dado que la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica de quien la promueve, sino de una diversa persona (Blanca Estrella Jacobo Anguiano). Por lo que dicha circunstancia se equipara a la falta de voluntad para promover la demanda. Aunado a la actualización de la causal de improcedencia antes señalada, tampoco tendría un fin práctico que se pretendiera subsanar la falta de firma electrónica, pues aunque ello ocurriera, el acto reclamado consistente en la orden de traslado es improcedente en los términos de la Ley de Amparo. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, ésta última en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento. Se le tiene por autorizada únicamente en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, en virtud de que no proporciona datos con los que pueda verificarse que está facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Téngase como domicilio procesal el lugar en el que se encuentra interno el quejoso. Téngase a los quejosos proporcionando correo electrónico y número telefónico, los cuales se utilizarán como una herramienta o una forma expedita de contacto que permita agilizar las comunicaciones no procesales. Sin que se tenga tales medios para oír y recibir notificaciones, debido a que la Ley de Amparo no los prevé como medio de notificación. Hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar en el que se encuentra interno.

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