José Ruiz Vázquez
Expediente 1048/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/01/2022
Partes del expediente
- José Ruiz Vázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término de cinco días establecido por el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en favor de ****, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en virtud de que en este cuaderno no hay documentos importantes, archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1048/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Establecido lo anterior y una vez analizada la demanda, se advierte que la acción de amparo es improcedente, en virtud de lo siguiente: El artículo 6 de la Ley de Amparo. El artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona a quien perjudique el acto reclamado; o bien, por conducto de su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley (artículo 15 de la Ley de amparo) Por su parte, el artículo 15 de la ley reglamentaria en comento, prevé casos de excepción a lo previsto en el citado artículo 6°, pues establece que el amparo podrá ser promovido por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo. De lo anterior se advierte que existen diversos supuestos en los cuales cualquier persona puede promover amparo en favor del quejoso; sin embargo, es de señalarse que su admisión está sujeta a la condición de que se trate de actos que no admitan demora y que causen daños de imposible reparación a la parte impetrante de derechos. Esto es, se refiere a que los actos reclamados deben ser de tramitación urgente sobre los cuales no cabe tardanza, como son los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Luego entonces, de conformidad con el citado artículo 15 de la Ley de la materia, el juicio de amparo promovido por cualquier persona, sólo procede en contra de actos del 22 constitucional y cuando el promovente, se encuentre imposibilitado para hacerlo por propio derecho. En ese sentido, en primer lugar se tiene presente que la promovente de la demanda, María del Carmen Vázquez Mora, no lo hace en esta instancia constitucional como Defensora Pública Federal, Asesora Jurídica o representante legal de *****, sino en su carácter de familiar, de lo que se colige, que no es parte en el presente sumario. En esa tesitura, conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, conjuntamente con el referido Acuerdo General 12/20201 , se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL o e.firma) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, en relación con el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. La misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si el promovente de derechos fundamentales pretendía instar la protección constitucional de manera electrónica, debió cumplir con el requisito antes citado, esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta con tal requisito, debe considerarse que el quejoso no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, también se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. En relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113, 6°, 15 y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que, de estimar que esta es la vía conducente para combatir el acto de que se trata inste la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 7,057 expedientes
- José Roberto Torres Rosales670/2020
- José Roberto Torres Rosales214/2021
- José Romero Álvarez (su suceción)368/2019
- José Rosario Reyna Sandoval139/2022
- José Ruíz Vázquez634/2021
- José Ruiz Vázquez667/2021
- José Ruíz Vázquez201/2019
- José Ruy García Andrade965/2016
- José Sánchez Villalobos60/2018
- José Santiago o José Santiago Genaro Sandoval Melchor201/2016
- José Santiago o José Santiago Genaro Sandoval Melchor721/2016
- José Sergio Álvarez Zamora1136/2022