José Ruiz Vázquez

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • José Ruiz Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    ADMISIÓN DE COMPETENCIA. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, mediante el cual envía el juicio de amparo ****** promovido por *******, en representación de *********, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; toda vez que por acuerdo de once de agosto del año en curso, se declaró incompetente por cuestión de territorio, para sustanciarlo; por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la ley reglamentaria este juzgado se avoca al conocimiento del asunto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 667/2021. Comuníquese lo anterior a dicho órgano de control constitucional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie, este juzgador considera que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado reclamada el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Por ello, el traslado de un reclusorio a otro local o federal y su ejecución, que se reclama en la especie, no puede ser sujetos al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que la parte quejosa debió agotar previamente el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Lo anterior se sustenta en los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los autos de los Q.P. 173/2019, Q.P. 178/2019, así como los diversos emitidos por el Séptimo tribunal de alzada de dicho circuito, al resolver las quejas Q.P. 10/2020 y Q.P. 11/2020, de sus respectivos índices. EXHORTO A PRIVILEGIAR LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. EXHORTO A SEÑALAR FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.

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