José Rubén Solis Cortés

Expediente 958/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
958/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • José Rubén Solis Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autógrafa del oficio número SE/DA/DAP/DP/1333/2019, que contiene la respuesta dada a la petición formulada por el aquí quejoso y en el que aparece un sello de recibido como constancia de notificación. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autógrafa del oficio número SE/DA/DAP/DP/1333/2019, que contiene la respuesta dada a la petición formulada por el aquí quejoso y en el que aparece un sello de recibido como constancia de notificación. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rubén Solís Cortés; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE EJECUTORIA. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 192 y 262, fracción V de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "1) La autoridad responsable, Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, emita respuesta en relación al escrito presentado el tres de junio de dos mil diecinueve, por el quejoso José Rubén Solís Cortés; la cual deberá formularse de manera congruente a lo solicitado por el aquí quejoso; y, 2) Le notifique de manera personal y en breve término, la respuesta que al efecto emita." SUPERIOR JERÁRQUICO Finalmente, no obstante lo asentado en párrafos precedentes, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación al Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cuanto superior jerárquico del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, y hágasele saber que conforme a la Ley de Amparo es corresponsable a falta de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve... ... C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto omisivo. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: ...CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe del Departamento de Normatividad, la Directora de Administración de Personal y el Jefe del Departamento de Pagos, todos adscritos a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir los informes justificados correspondientes, aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido. Asimismo, el Delegado Administrativo adscrito a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que le fue atribuido; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, atendiendo a que de las constancias que remitió como sustento, se desprende que al momento de presentación de la demanda no había pronunciamiento respecto a la petición realizada por la parte quejosa, sino hasta el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, la omisión atribuida a dicha autoridad responsable es cierta. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. QUINTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: ...En las relatadas circunstancias, al actualizarse la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, debe sobreseerse en el presente juicio respecto las autoridades responsables señaladas como Jefe del Departamento de Normatividad, Directora de Administración de Personal y Delegado Administrativo todos adscritos a la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente expresó como conceptos de violación, la omisión de dar contestación y notificación de su escrito presentado ante el Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, el tres de junio de dos mil diecinueve, los que no se transcriben en atención a la tesis jurisprudencia con registro número emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "Tesis: VI.2o. J/129 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 196477 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Abril de 1998 Página 599 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca". SÉPTIMO. ESTUDIO DEL FONDO. Es fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, como se verá a continuación. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa establece: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Según se indicó en el considerando cuarto del presente fallo, la autoridad responsable Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad aceptó el acto que se le atribuye, además de que existe constancia de que el promovente del amparo presentó el escrito ante la autoridad en cita, el cual fue recibido por ésta el tres de junio del año en curso, según se advierte del propio acuse de recibo, sin que hasta la fecha el quejoso tenga la respuesta correspondiente, de lo cual se desprende que la autoridad en comento tuvo conocimiento del escrito presentado por el promovente desde aquella fecha. Ahora, en la especie, está acreditado que el quejoso ejerció el derecho de petición que consagra el artículo 8° Constitucional y previa satisfacción de los requisitos que el mismo establece, elevó su petición de manera pacífica y respetuosa a la autoridad en cita, haciendo mención que hasta la fecha no hay constancia alguna de que se le haya dado respuesta, y menos aún, que se le haya notificado la respuesta recaída a sus peticiones. Se considera de esta manera porque a pesar de que al rendir su informe señaló que en su momento exhibiría le respuesta a la petición del aquí quejoso debidamente notificada, lo cierto es que la autoridad mencionada no allegó constancia alguna con la cual demostrara su proceder, de manera que, para efectos de este juicio, debe entenderse que la autoridad responsable no ha dado contestación al escrito petitorio, lo que lleva a concluir la transgresión al derecho humano que consagra el artículo 8º constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 162603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Constitucional Tesis: XXI.1o.P.A. J/27 Página: 2167 DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Amparo en revisión 225/2005. **********. 2 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Sánchez Birrueta, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo directo 229/2005. José Domingo Zamora Arrioja. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 23/2006. Saúl Castro Hernández. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 361/2006. Sixto Narciso Gatica Ramírez. 28 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Inconformidad 2/2010. Amanda Flores Aguilar. 11 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana Barrera Barranco. Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora". "Tesis: 2a./J. 98/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 181149 Segunda Sala Tomo XX, Julio de 2004 Página 248 Jurisprudencia (Común) DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Contradicción de tesis 9/2004-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). 25 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". En ese orden de ideas, si el derecho de petición se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición y se notifique de ello al interesado. Por tanto, en atención a la garantía a que se refiere el citado numeral 8º. Constitucional, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Rubén Solís Cortés, para los siguientes efectos: La autoridad responsable, Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, emita respuesta en relación al escrito presentado el tres de junio de dos mil diecinueve, por el quejoso José Rubén Solís Cortés; la cual deberá formularse de manera congruente a lo solicitado por el aquí quejoso; y, Le notifique de manera personal y en breve término, la respuesta que al efecto emita. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Volumen IV, página 225. Amparo en revisión 2027/57. Roberto Fonseca. 23 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XXIV, página 27. Amparo en revisión 1289/59. Raúl Núñez Vargas. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Volumen XXIX, página 38. Amparo en revisión 5229/59. Jesús Zaragoza Ruiz. 4 de noviembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Volumen CXXV, página 30. Amparo en revisión 5479/67. Erasmo Hernández Sánchez. 22 de noviembre de 1967. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen CXXXII, página 69. Amparo en revisión 6924/67. Pedro Martínez Martínez. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración. Amparo en revisión 1289/59. Raúl Nuñez Vargas. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo". En la inteligencia de que la respuesta que se emita, le será notificada al quejoso en el presente asunto, sin perjuicio de que el promovente pueda acudir personalmente a la oficina que ocupa el Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que se le proporcione la información que solicita. Cabe señalar, que la concesión del amparo no obliga a la autoridad a que dé respuesta en determinado sentido, sino que la autoridad sólo se encuentra obligada a responder en forma congruente y completa a lo solicitado por el ahora amparista. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 Y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Rubén Solís Cortés, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Rubén Solís Cortés, contra la omisión que reclamó de la autoridad precisada en el considerando séptimo, para los efectos indicados en la última parte del mismo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

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