José Rogelio Balcazar Alvarado
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Rogelio Balcazar Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que mediante oficio 1401/2023 de catorce de julio del año en curso, dirigido al Área de Registro Integral, solicitó proceder a emitir la opinión técnica, el plano tipo B y la cédula correspondiente. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con fecha de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la que por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa JOSÉ ROGELIO BALCAZAR ALVARADO, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente número 664/2016 de su índice. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a las autoridades responsables, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: " I. Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no han emitido la respuesta respectiva, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera fundada y motivada, realicen la contestación a la solicitud presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; y, correlativamente, notifique de ello al peticionario de amparo. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a las autoridades a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta. II) En caso de que el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no hayan expedido el certificado de derechos parcelarios respecto a la solicitud formulada por José Rogelio Balcazar Alvarado, derivado de la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán, esto es, la elaboración del documento respectivo, lo realice de manera inmediata siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución y en los términos establecidos en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional." APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-524/2023, promovido por ********************, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los actos contra las autoridades que precisa en el libelo constitucional. En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 13, 14 y 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite la demanda bajo el expediente número I-524/2023, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos omisivos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que las omisiones reclamadas a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, reclama: La omisión de la inscripción de la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, que ordena la expedición a favor del quejoso sobre la parcela 121 con una superficie de 2-03-69.862 hectáreas sobre la parcela número 536 Z-2 P1/2, con superficie de 1-77-66.589 hectáreas que pertenece a Teresa de Jesús Barajas Paniagua y sobre la parcela 357 Z-2 P1/2 con superficie de 0-28-42.021 hectáreas de la cual es titular Elías Rodríguez Barajas en el poblado "Estación Queréndaro", municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Del Delegado Estatal o Encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán y del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México: La omisión de la inscripción de la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, realizada a través de la solicitud de data veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, esto es, la falta de respuesta a la petición de inscripción; y, En consecuencia la falta de expedición de los certificados parcelarios a favor del quejoso sobre la parcela 121 con una superficie de 2-03-69.862 hectáreas sobre la parcela número 536 Z-2 P1/2, con superficie de 1-77-66.589 hectáreas que pertenece a Teresa de Jesús Barajas Paniagua y sobre la parcela 357 Z-2 P1/2 con superficie de 0-28-42.021 hectáreas de la cual es titular Elías Rodríguez Barajas en el poblado "Estación Queréndaro", municipio de Zinapécuaro, Michoacán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso a). Al rendir su informe justificado, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado, bajo el argumento de que mediante oficio TUA36/1286/2016 de catorce de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, la inscripción de la sentencia emitida dentro del juicio agrario 664/2016; como se desprende de las constancias que en copia certificada remitió como sustento de su informe, correspondientes al juicio de origen. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior se evidencia que, como lo señaló la magistrada responsable, el acto reclamado resulta inexistente, toda vez que al momento de la presentación de la demanda (dos de mayo de dos mil veintitrés) no existía la omisión de que se duele el quejoso; ya que contrario a lo expresado en el escrito inicial de demanda, desde el catorce de junio de dos mil dieciséis, giró el oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, la inscripción de la sentencia emitida dentro del juicio agrario 664/2016, esto es, antes de la presentación del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 5105/90, del tenor siguiente: Tesis: 4a. XV/92 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207841 Cuarta Sala Tomo IX, Junio de 1992 Página 99 Tesis Aislada (Común) "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le imputa, sin que el quejoso logre desvirtuar la negativa, el acto debe considerarse inexistente y decretarse el sobreseimiento; y no es razón fundada para estimar lo contrario, el que de acuerdo con ciertas disposiciones de la ley, corresponda a la propia autoridad realizar el acto, pues la demostración de la existencia del acto reclamado no deriva del precepto legal que faculta a la autoridad señalada como responsable para que lo ejecute, toda vez que la circunstancia de que sea cierto o no ese acto, es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas adecuadas, y no una cuestión jurídica relacionada con la competencia o atribuciones de la autoridad". De igual forma es de invocarse la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: Tesis: I.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 226432 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Página 660 Jurisprudencia (Administrativa, Común) "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Por lo tanto, tomando en consideración que el acto omisivo identificado con el inciso a), aquí reclamado al momento de la presentación de la demanda no existía, por así corroborarse con las pruebas exhibidas por la magistrada responsable al rendir su informe justificado; procede sobreseer en el juicio por lo que ve a dicho acto, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, robustece a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se lee: Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". CUARTO. Existencia del acto reclamado identificado con los incisos b) y c). Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable (1) Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado lo aceptó. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el (2) Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe de esa institución, negó la existencia de los actos impugnados, sin embargo, se presume cierta la omisión reclamada, por las siguientes razones. Se precisa que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Al respecto, la autoridad referida, al rendir el informe de ley, negó la existencia de los actos reclamados con los incisos b) y c), al manifestar que los actos que se le atribuyen no se encuentran dentro de las atribuciones previstas en el artículo 14 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, ya que corresponde a la Delegación Estatal del citado registro, inscribir y expedir el certificado parcelario ordenado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, de conformidad con el artículo 22, fracciones II y IX del reglamento interior invocado; además, de que los titulares de las representaciones en términos del artículo 24, fracción I de dicho reglamento, son los que representan legalmente al Registro Agrario Nacional dentro de su jurisdicción. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues el Registro Agrario Nacional, al cual está adscrito, sí le corresponde la expedición de los certificados parcelarios ya que los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Agraria, en relación con el 14, fracción IV, 22, fracción IX, 82 y 84 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, lo facultan para coordinarse con las Delegaciones de los Estados para tal efecto. En ese sentido, al tener la facultad originaria, está obligado a la inscripción de los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Por lo que, si la parte quejosa le reclamó la falta de expedición del certificado como consecuencia de la inscripción de la sentencia de derechos parcelarios, y la referida autoridad responsable es la encargada de tal operación, porque la ley le impone tal facultad originaria; en consecuencia, se presumen ciertos los actos a ella reclamados. QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Por lo que ve al acto reclamado identificado con el inciso b) del considerando segundo, relativo a la omisión de la inscripción de la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, realizada a través de la solicitud de data veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, esto es, la falta de respuesta a la petición de inscripción, el concepto de violación que vierte la parte quejosa en contra de dicha omisión es esencialmente fundado por los motivos que se exponen a continuación. De inicio es necesario tener en cuenta lo que establece el numeral 8° del Pacto Federal, en el cual se advierte que, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la constriñe acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Esa prerrogativa del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa, 2. Dirigirse a una autoridad; y, 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término, b. Ser congruente con la petición, c. Estar fundada y motivada; y, d. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Apoya lo anterior, la tesis número XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, en el tomo Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Ahora bien, cabe precisar que cuando se reclama una violación al derecho de petición, existe una carga procesal compartida: por un lado, la parte justiciable deberá demostrar que formuló y presentó ante la autoridad responsable su solicitud o petición en forma respetuosa y pacífica, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y, por otro lado, la responsable deberá acreditar que dio respuesta a la petición que le fue formulada en los términos referidos y que la notificó al solicitante. En el caso, el quejoso satisfizo su carga procesal con la documental que exhibió el acuse de recepción del pliego petitorio, con la cual acredita que elevó su solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en la que a su vez señaló un domicilio para recibir la respuesta. Correlativamente, tal como lo manifiesta en su demanda, en el sumario no se advierte que la autoridad ante la cual se presentó, haya dado contestación a la solicitud de mérito, no obstante haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pues como se precisó, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional, la responsable está obligada a acreditar que dio respuesta por escrito a la petición que le fue formulada y que ésta le fue notificada al solicitante en el domicilio proporcionado, sin que se haya acreditado durante la tramitación de este juicio esa respuesta se efectúo con anterioridad a la presentación de la demanda. Así las cosas, en resarcimiento del derecho fundamental vulnerado, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitada por lo que ve al acto identificado con el inciso b). Por lo que ve al acto reclamado señalado con el inciso c) del considerando segundo de la presente ejecutoria, los conceptos de violación que vierte la parte quejosa en contra de dicha omisión son esencialmente fundados. En primer lugar, conviene precisar el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, como sigue: "14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Los artículos transcritos, en lo que interesa, reconocen el principio de legalidad, el cual en materia administrativa implica que las autoridades únicamente están facultadas para actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, con la obligación de fundar y motivar sus actos. Ahora, a fin de determinar si las autoridades responsables vulneraron los principios consagrados en la norma aludida, al no haber expedido el certificado de los títulos de propiedad sobre derecho parcelarios, es necesario precisar que el artículo 49, fracción I, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establece que los documentos que acreditan actos jurídicos derivados de resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales, deben registrarse en los folios agrarios. Ahora, en concordancia con el artículo 61 de dicho reglamento, se obtiene que cuando la calificación sea positiva, se procederá a realizar el asiento en la sección del folio agrario de que se trate. Mientras que los artículos 81 y 86 del citado reglamento, refieren que el adquirente de un derecho parcelario podrá solicitar su certificado correspondiente para adquirir sobre la parcela involucrada los mismos derechos que cualquier ejidatario respecto de ésta. En ese sentido, se obtiene que una vez registrada la sentencia respectiva, se debe realizar la inscripción en el folio de ejidos y comunidades, y expedir los documentos correspondientes de manera inmediata, al no prever el Reglamento citado un plazo para dicha expedición. En el caso concreto, se tiene que las autoridades responsables han omitido tanto la anotación en el folio agrario referido como la expedición del certificado de derechos parcelarios solicitado por ******************** derivado de la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Colima; omisión que al día de hoy subsiste. Ello aunado a que al menos desde el seis de julio de dos mil dieciséis se realizó la inscripción de la sentencia correspondiente, esto es, a la fecha de la audiencia constitucional han transcurrido aproximadamente más de seis años con once meses. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, vulneraron los principios de legalidad, dado que no siguieron el procedimiento explicado anteriormente y el promovente no conoce las razones y fundamentos de tal omisión. Ello porque las responsables debieron atender lo establecido en los artículos 49, fracción I, 81 y 86 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que establece que una vez realizada la inscripción de la sentencia en el folio correspondiente, deberá expedir la certificación de derechos parcelarios, lo que se reitera, deberá hacerse de manera inmediata. Aunado a que ha transcurrido un término considerable para que las autoridades responsables realicen las gestiones correspondientes a efecto de realizar la anotación del folio y la expedición del certificado parcelario. Por lo anterior se reitera que se vulneró el principio de legalidad, al no seguirse el procedimiento referido previamente para la expedición del certificado parcelario solicitado. Motivo por el cual se impone conceder el amparo solicitado. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no han emitido la respuesta respectiva, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera fundada y motivada, realicen la contestación a la solicitud presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; y, correlativamente, notifique de ello al peticionario de amparo. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a las autoridades a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación.". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) "PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración.". Lo anterior, sin perjuicio de que el peticionario de amparo, pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se les notifique la respuesta a su solicitud. En caso de que el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no hayan expedido el certificado de derechos parcelarios respecto a la solicitud formulada por ********************, derivado de la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán, esto es, la elaboración del documento respectivo, lo realice de manera inmediata siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución y en los términos establecidos en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto precisado inciso a) del considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos precisados en los incisos b) y c) del considerando segundo de la presente ejecutoria, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en representación de diversas autoridades, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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