José Ronaldo Portillo Nolasco
Expediente 855/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Ronaldo Portillo Nolasco y Otros.
- José Ronaldo Portillo Nolasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que pudieron ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe.Jesús
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio firmado por el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración; ahora bien, de las constancias que anexó a su oficio de cuenta se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa de trato, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecutan en su contra la (s) responsable (s); la deportación o expulsión del país; y, como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a su oficio de cuenta, copia certificada de la constancia que integra el procedimiento migratorio de origen, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el treinta de mayo del presente año, emitió una determinación de salida sujeta a control a favor del quejoso José Ronaldo Portillo Nolasco. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba el quejoso hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad; por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Al respecto, también debe mencionarse que con lo informado por la responsable se deja de manifiesto que ahora la situación migratoria de la parte quejosa depende del cumplimiento o no de las obligaciones que se le impusieron en el procedimiento migratorio que se le instaura, de ahí que ello ha generado un nuevo entorno respecto del que imperaba al presentarse la demanda de amparo, por lo que de suscitarse actos diversos relacionados con la nueva situación que guarda frente a ese procedimiento, los mismos ya no pueden ser analizables en este expediente, habida cuenta que ocurrirían con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, el quejoso José Ronaldo Portillo Nolasco expresó que se encontraban bien de salud y que no habían sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, haga del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida al aquí quejoso José Ronaldo Portillo Nolasco, el mismo fue puesto en libertad; en la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se harán efectivas las medidas de apremio contenidas en el proveído en que se concedió la suspensión de plano, inclusive, se analizará la existencia de una posible violación a la suspensión, que puede culminar con la denuncia que refiere el artículo 209 de la Ley de Amparo, ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario quien autoriza y da fe.WAFASECCIÓN: AMPARO Reynosa, Tamaulipas, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. "2022, Año de Ricardo Flores Magón." JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 3256/2022-II Representante Local del Instituto Nacional de Migración. ======== Reynosa, Tamaulipas. En los autos del juicio de amparo 855/2022-II, promovido por José Ronaldo Portillo Nolasco, el día de hoy se dictó un acuerdo que a la letra dice: "Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, haga del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida al aquí quejoso José Ronaldo Portillo Nolasco, el mismo fue puesto en libertad; en la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se harán efectivas las medidas de apremio contenidas en el proveído en que se concedió la suspensión de plano, inclusive, se analizará la existencia de una posible violación a la suspensión, que puede culminar con la denuncia que refiere el artículo 209 de la Ley de Amparo, ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario quien autoriza y da fe." A t e n t a m e n t e: Secretario José Luis González Arredondo. WAFA
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que no obra información por parte de la responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, relacionada con la libertad de la parte quejosa, acto que constituye uno de los reclamados en este asunto. En mérito de lo anterior, requiérase al Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, haga del conocimiento de este juzgado, si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a la parte aquí quejosa, ésta fue puesta en libertad, o bien, informe si se encuentra pendiente de que cumpla algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fue exentada en el auto de suspensión de plano; por lo que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho, toda vez que resulta necesario para continuar con el procedimiento del presente juicio y resolverlo. ... Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. ...
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