Jose Roberto Mejia Pino

Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
854/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Jose Roberto Mejia Pino
  • Jose Roberto Mejia Pino y Otros.
  • Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE DECLARA LA SENENCIA CONSTITUICONAL QUE SOBRESEYO HA CAUSADO EJECUTORIA...

  2. Principal

    catorce de julio de dos mil veintidós AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Reynosa, Tamaulipas, siendo las once horas con veinticinco minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 854/2022-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda promovida por Juan Manuel de la Cruz, en favor de José Roberto Mejía Pino; y con el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable. Asimismo, en este mismo acto se da cuenta con la intervención ministerial 369/2022, formulada por la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, la cual quedó registrada con el folio 10059, de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración el informe de trato al resolver el presente juicio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y la Secretaria hace constar que no hay pruebas que relacionar. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la constancia secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar; por lo que se cierra el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar con la intervención ministerial 369/2022 formulada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin más alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo; sin pruebas o alegatos pendientes de acordar se concluye la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la siguiente sentencia: VISTO, para resolver el juicio de amparo 854/2022-I, promovido por José Roberto Mejía Pino; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 22 y 33 Constitucionales, que aparecen en la foja tres de estos autos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintidós, otorgó al quejoso la suspensión de plano, quien en diligencia realizada a las diecisiete horas con trece minutos del mismo día la ratificó, por lo que en auto de diecisiete del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesada; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, los actos reclamados consisten en: La orden y ejecución de deportación y/o expulsión y/o rechazo y/o devolución a su país de origen. La privación de la libertad y/o retención y/ detención en contra del quejoso. Incomunicación. TERCERO. La autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración (en su denominación correcta), al rendir su informe relativo a la suspensión de plano (foja 50) negó categóricamente la existencia de los actos que le reclama la parte quejosa, sin que éstos hayan aportado prueba alguna que desvirtúe la negativa de la citada autoridad. Por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 1089, consultable en la página 755, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que al efecto establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." De igual forma, sirve de apoyo la tesis II.2o.P.25 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia Común, página 1933, registro 2014261, que dice: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." CUARTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 854/2022-I, promovido por José Roberto Mejía Pino, respecto de los actos indicados en el considerando segundo, reclamados a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos legales ahí expuestos. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe. ADRO Razón. La presente foja corresponde a la parte final de la resolución constitucional el catorce de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio de amparo indirecto 854/2022 y se giraron los oficios 13820, al tenor de las minutas que anteceden. Conste. SECCIÓN: AMPARO Reynosa, Tamaulipas, catorce de julio de dos mil veintidós "2022, Año de Ricardo Flores Magón" JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 13820/2022 REPRESENTANTE LOCAL EN REYNOSA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. En vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso, con el presente remito a Usted, copia autorizada de la resolución dictada en esta propia fecha, dentro del juicio de amparo 854/2022-I, promovido por José Roberto Mejía Pino, contra actos suyos. Atentamente. DIANA KAREN LÓPEZ CASTILLO. SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN REYNOSA Palacio de Justicia Federal Dr. José Luis González #391, Fraccionamiento Electricistas C. P. 88690, Reynosa, Tamaulipas. Teléfono 01899 9 264411. AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Reynosa, Tamaulipas, siendo las once horas con veinticinco minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 854/2022-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda promovida por Juan Manuel de la Cruz, en favor de José Roberto Mejía Pino; y con el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable. Asimismo, en este mismo acto se da cuenta con la intervención ministerial 369/2022, formulada por la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, la cual quedó registrada con el folio 10059, de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración el informe de trato al resolver el presente juicio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y la Secretaria hace constar que no hay pruebas que relacionar. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la constancia secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar; por lo que se cierra el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar con la intervención ministerial 369/2022 formulada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin más alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo; sin pruebas o alegatos pendientes de acordar se concluye la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la siguiente sentencia: VISTO, para resolver el juicio de amparo 854/2022-I, promovido por José Roberto Mejía Pino; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 22 y 33 Constitucionales, que aparecen en la foja tres de estos autos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintidós, otorgó al quejoso la suspensión de plano, quien en diligencia realizada a las diecisiete horas con trece minutos del mismo día la ratificó, por lo que en auto de diecisiete del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesada; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, los actos reclamados consisten en: La orden y ejecución de deportación y/o expulsión y/o rechazo y/o devolución a su país de origen. La privación de la libertad y/o retención y/ detención en contra del quejoso. Incomunicación. TERCERO. La autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración (en su denominación correcta), al rendir su informe relativo a la suspensión de plano (foja 50) negó categóricamente la existencia de los actos que le reclama la parte quejosa, sin que éstos hayan aportado prueba alguna que desvirtúe la negativa de la citada autoridad. Por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 1089, consultable en la página 755, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que al efecto establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." De igual forma, sirve de apoyo la tesis II.2o.P.25 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia Común, página 1933, registro 2014261, que dice: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." CUARTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 854/2022-I, promovido por José Roberto Mejía Pino, respecto de los actos indicados en el considerando segundo, reclamados a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos legales ahí expuestos. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase a la autoridad responsable Representante Local, Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta), rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; con lo que se da vista al promovente para que manifieste lo que a su derecho convenga. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la referida responsable, el que señala en su informe de cuenta, y como delegados a las personas que indica en el mismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese. ...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, se dio vista al promovente para que manifestara si era su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo que promovió en favor del quejoso Gerver Giovani Mejía Cordoba, y transcurrió dicho termino sin que haya hecho manifestación al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente en lo que respecta a la interpuesta en favor del quejoso Gerver Giovani Mejía Cordoba. En virtud de lo antes expuesto, se dejan sin efectos la providencias decretadas en favor de Gerver Giovani Mejía Cordoba. ... Notifíquese. ...

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