José Roman Trejo Maldonado
Expediente 698/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Roman Trejo Maldonado
- Juez Familiar Oral Adscrito Al Juzgado Familiar Y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo
Actuaciones
- Principal
I-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 , se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico, al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. 1 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamadosLo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica al promovente.
- Principal
I-Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
I.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el auto de 02 de agosto del año en curso, que en lo conducente dice: "Cumplimiento de prevención Agréguese el escrito de cuenta, firmado por José Román Trejo Maldonado, mediante el cual, señala bajo protesta de decir verdad que se hizo sabedor del acto que por esta vía controvierte, el día de la audiencia de juicio que se llevó a cabo el veintiséis de junio de dos mil veintitrés; y, con ello cumple con oportunidad la prevención contenida en la determinación de diecinueve de julio último. Ahora, es importante decir que la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En razón de lo expuesto, debe preferirse una interpretación en sentido amplio del precepto 115 de la Ley de Amparo, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de obligar a un Juez de Distrito a admitir una demanda aun cuando pudieran no estar satisfechos los presupuestos procesales de la acción constitucional o cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, derivado de los nuevos datos aportados por el quejoso. Es así, porque sería contrario al derecho de tutela judicial efectiva, tramitar un procedimiento de amparo que desde el momento en que se satisface la prevención efectuada, pueda advertirse de manera clara e indudable su improcedencia, con el consecuente desgaste derivado de echar a andar la maquinaria judicial1 . Desechamiento El artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el órgano jurisdiccional de amparo examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se estima que la demanda de amparo que presentó el quejoso es improcedente. Para arribar a esa conclusión, es importante destacar que el acto reclamado fue señalado al tenor siguiente: "[.] IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad ordenadora se reclama: 1.- C. Juez Familiar Oral adscrito al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, se reclama la orden de realización del trabajo social y estudio socioeconómico al suscrito, en el domicilio ubicado en calle Almeja #245 entre Holbox y Naranjal de la Colonia Siaan Kaan de esta ciudad y en el domicilio ubicado en calle Cerrada de Atún, Manzana 1B, Lote 6 y 7, entre Jazmines y Barracuda, Colonia Tumben Cuxtal de esta ciudad de Chetumal, orden dictada en la audiencia celebrada el 26 de junio de 2023, dentro del juicio del incidente de pretensiones, iniciado en el expediente número 1313/2022 del índice del Juzgado Oral Familiar de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo. De las ejecutoras: b) Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, la ejecución de la orden del C. Juez Oral Familiar de esta ciudad. [.]" Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que con relación al acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Al respecto, es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Establecido lo anterior, resulta necesario destacar que el acto reclamado consiste en la orden de realización del trabajo social y estudio socioeconómico, en los domicilios ubicados en calle Almeja número 245 entre Holbox y Naranjal de la Colonia Siaan Kaan y en la calle Cerrada de Atún, Manzana 1B, Lote 6 y 7, entre Jazmines y Barracuda, Colonia Tumben Cuxtal; ambos, de esta ciudad de Chetumal, orden dictada en la audiencia celebrada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio del incidente de pretensiones, iniciado en el expediente número 1313/2022 del índice del Juzgado Oral Familiar de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Conforme a lo relatado en la demanda de amparo, el juicio natural de referencia fue promovido precisamente por el aquí quejoso José Román Trejo Maldonado, esto es, tiene el carácter de parte actora. De lo anterior, se llega al conocimiento que la determinación reclamada deriva de un procedimiento de naturaleza familiar y, por tanto, el trámite de dicha instancia se sujeta a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo. Al respecto, destaca lo contenido en el artículo 943 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, que dice: "Artículo 943.- Solo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables en ambos efectos, salvo en los casos que la acción que prevea que es en efecto devolutivo. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se harán valer en el momento en que se dicten; y los agravios ante la segunda instancia, en el caso de que el agraviado interponga el recurso de apelación contra la sentencia definitiva." [Énfasis añadido] Entonces, por excepción el acto controvertido al haber sido emitido en audiencia, puede ser combatido mediante el recurso de revocación, tal como lo señala el artículo 590, de la legislación invocada, que establece lo siguiente: "Artículo 590.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del citado artículo se desprende que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Con base en lo anterior, se estima necesario precisar, que el acto reclamado por el quejoso en términos del artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo2 , constituye un auto [esto es, no es una sentencia definitiva ni tampoco un auto o sentencia interlocutoria como expresamente refiere el artículo 943 de la legislación procesal mencionada], pues este no es no es una sentencia interlocutoria [pues no decide alguna cuestión interlocutoria, pues en él, lo que se ordena es una cuestión de evidente trámite]; y tampoco es una sentencia definitiva [pues no resuelve el fondo del negocio]. Esto es, constituye un auto porque decide una cuestión dentro del juicio natural, como lo es, la orden de realizar un trabajo social y estudio socioeconómico. 2 Artículo 72.- Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; III.- Sentencias definitivas; IV.- Las determinaciones no contempladas en los casos anteriores se denominarán autos. Con todo lo anterior, se tiene que, si la determinación que se combate es un auto, dentro de los cuales la legislación aplicable no prevé expresamente la procedencia para su impugnabilidad el recurso de apelación en términos del artículo 943 del citado ordenamiento legal, procedía el recurso de revocación. En ese sentido, en atención a la naturaleza del auto reclamado, se evidencia la circunstancia de que antes de acudir a este juicio constitucional, el quejoso debió agotar el medio de defensa que al efecto le otorga la ley de la materia para combatir el acto de autoridad, pues como ya se dijo, del contenido de los numerales precisados con antelación, se advierte que todos los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación. Por ello, si el promovente reclama la orden de realización del trabajo social y estudio socioeconómico, en los domicilios ubicados en calle Almeja número 245 entre Holbox y Naranjal de la Colonia Siaan Kaan y en la calle Cerrada de Atún, Manzana 1B, Lote 6 y 7, entre Jazmines y Barracuda, Colonia Tumben Cuxtal; ambos, de esta ciudad de Chetumal, orden dictada en la audiencia celebrada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio del incidente de pretensiones, iniciado en el expediente número 1313/2022 del índice del Juzgado Oral Familiar de esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo; es inconcuso que ante dicha eventualidad, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, prevé un medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja el promovente, siendo en el caso el recurso de revocación previsto en el numeral 590 de la citada codificación; por lo cual, el quejoso se encuentra obligado a ocurrir ante la potestad común y promover el referido recurso para así agotar el medio ordinario de defensa, como parte que es del juicio natural; y al no hacerlo, es incuestionable que la demanda de amparo resulte improcedente. En esa tesitura, se configura la causa de improcedencia en comento, pues el promovente disponía del recurso de revocación como medio de defensa por el cual era factible revocar, modificar y nulificar la determinación dictada por el juez que señala como responsable, y debió agotarlo previamente a instar en esta vía constitucional; de ahí que, al no impugnarlo ordinariamente, se acredita de manera fehaciente la causal de improcedencia invocada en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio; esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso que agotaría el principio de definitividad que en el caso se ha analizado. Es de precisar que conforme al criterio judicial establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la tesis jurisprudencial, con el número 11/2018 (10ª), sostiene que la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley de la materia particular, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61, de la Ley de Amparo. La tesis jurisprudencial citada es del rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Asimismo, es aplicable la jurisprudencia bajo el siguiente rubro y texto: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Aunado a lo anterior, se destaca que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé diversas excepciones al principio de definitividad; sin embargo, ninguna de ellas se actualiza en el caso concreto, ya que no se está en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, el acto no afecta la libertad personal fuera de procedimiento y el promovente no es tercero extraño al procedimiento [pues de los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda se advierte que es parte dentro del juicio natural]. De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Es importante destacar que en el particular el quejoso sustentó la afectación del acto que por esta vía intenta controvertir, consistente en el auto que ordena la práctica de un estudio socioeconómico, el que se consideró es de imposible reparación por afectar el derecho sustantivo a la intimidad, al tenor de la tesis con el rubro y texto siguientes: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Sobre lo cual, debe decirse que, la ejecutoria de la que emanó dicha tesis, se deduce que los criterios contendientes lo fueron: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 268/2018 de su índice, de cuyos antecedentes se deduce que el juez de primera instancia ordenó la práctica de un estudio socioeconómico a uno de los contendientes; contra esa determinación, se interpuso recurso de revocación, que fue resuelto modificando parcialmente el auto recurrido, resolución esta que fue reclamada mediante el controvertido constitucional origen de la queja de trato. El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la queja 48/95, donde en el juicio de primer grado se desechó la prueba consistente en la práctica de estudios socioeconómicos a una de las partes, inconforme con esa determinación, se interpuso recurso de apelación en el que en la alzada se decidió admitir la probanza, determinación esta que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo de origen del recurso de queja en comento. De lo que se deduce que los actos que fueron cuestionados en los juicios de amparo indirectos de trato tenían la naturaleza de definitivos, pues antes de acudir a la instancia constitucional los contendientes agotaron los medios de defensa previstos en la ley de los actos refutados; lo cual, en el caso no se advierte. Por otra parte, es trascendente puntualizar que el punto en contradicción lo era: "Las posturas de los Tribunales Colegiados dan lugar al planteamiento y resolución por parte de esta Primera Sala a partir de la siguiente interrogante: la resolución que ordena la práctica de un estudio socioeconómico a la persona quejosa, ¿produce efectos de imposible reparación que hagan procedente el juicio de amparo indirecto?" Es decir, el punto a definir mediante la contradicción en análisis no involucraba determinar si la orden de practicar un estudio socioeconómico a una de las partes era una excepción o no al principio de definitividad, sino, si esa determinación trastocaba derechos sustantivos y hacía procedente el juicio de amparo en su contra [lo que en este asunto no sucede, pues ese tema no es motivo del presente pronunciamiento, porque la afectación de derechos sustantivos de la reclamación no está a discusión, incluso ni siquiera es materia de análisis en el presente]. En consecuencia, no existe fundamento para afirmar que el acto reclamado [consistente en la orden del juez de primera instancia de realizarle un estudio socioeconómico] por incidir en el derecho humano a la intimidad es una excepción al principio de definitividad, por ende, debe desecharse la demanda de amparo que nos ocupa por lo que hace a dichos actos reclamados en aplicación de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación que se invocó en esta determinación, la cual es de observancia obligatoria para este Juzgado Federal7 . Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causales de improcedencia invocadas, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia bajo el texto y rubro siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Es importante aclarar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos; por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis que dice: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Notifíquese personalmente al promovente."
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes
- José Roberto Briceño Lara888/2018
- José Roberto May Lopez501/2022
- José Roberto May López563/2022
- José Roberto Solís Oramas677/2019
- Jose Roberto Solis Oramas595/2022
- José Rolando Jaibal Juárez852/2019
- José Rosario Nieto Colin489/2021
- Jose Ruben Rodriguez Rincon Gallardo718/2023
- Jose Ruben Rodriguez Rincon Gallardo575/2019
- José Rubén Rodríguez Rincón Gallardo753/2023
- José Ruiz Vazquez605/2021
- José Ruperto Polanco Diaz572/2015