José Roberto May López
Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Roberto May López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
III- Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho lapso se hubiese interpuesto recurso de revisión alguno contra la sentencia de diez de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por José Roberto May López, por conducto de su apoderado legal Enrique Ángel Tapia Villa, notificado por lista el once de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Notifíquese.
- Principal
III- R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Roberto May López, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el octavo considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese por lista a la parte quejosa y agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.
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III- Agréguese el oficio firmado por la autoridad responsable integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado el ocho de septiembre del año en curso, exhibe la siguiente documental: Copia certificadas de las constancias que integran el expediente DIT-121/2022 de su estadística. En consecuencia, téngase por recibidas dichas documentales y en relación a su contenido se tomarán en cuenta al momento de emitir la sentencia constitucional correspondiente; por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con su contenido a las partes para los efectos legales conducentes. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.". Notifíquese por lista.
- Principal
III- Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, no remitió la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado. En tal virtud, a fin de estar en condiciones de resolver adecuadamente esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo y 117, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computados, remita copias certificadas, legibles y completas, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, toda vez que, únicamente anexó copia certificada del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral DIT-121/2022 de su índice; sin embargo, en términos del ordinal 117 de la Ley de Amparo, es obligación de la responsable remitir copias certificadas de la totalidad de las constancias o actuaciones que se encuentren vinculadas a los actos reclamados y que sean necesarias para apoyar su informe. Se apercibe a la citada autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su desahogo las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.
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