José Rojas González
Expediente 1149/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 41 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Rojas González
- José Enrique Hernández Valerdi
- Magali Muñoz Pérez
- José Rojas González y Otros.
- José Enrique Hernández Valerdi y Otros.
- Municipio de Tlaxcala y/o Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del cinco de agosto de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de agosto de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veinte (fojas 76 a 90), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rojas González, Luis Enrique Hernández Valerdi y Magali Muñoz Pérez , para efecto de que el responsable, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos En tal virtud, al ser fundado un concepto de violación expuestos por los quejosos José Rojas González, José Enrique Hernández Valerdi y Magali Muñoz Pérez, con apoyo en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que, una vez cause ejecutoria este fallo, dentro de los tres días siguientes, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 161/2014, de su índice, únicamente en lo que es materia de la concesión. Emita otro, en el cual: a) Deje intocada la parte del auto que no fue motivo de controversia. b) Requiera al Ayuntamiento demandado para que, dentro del plazo que se estime prudente, dicte los acuerdos necesarios, realice las gestiones correspondientes y los trámites administrativos respectivos, para que se haga la creación de una partida presupuestal destinada específicamente para el pago de las prestaciones condenadas en el laudo laboral de quince de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente de origen, en los términos precisados en esta sentencia". Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado interpuso recurso de revisión (fojas 100 a 114), mismo que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 123/2020, y resuelto en ejecutoria de quince de abril de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a José Rojas González, Luis Enrique Hernández Valerdi y Magali Muñoz Pérez, por los actos atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado". Por auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria citada, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 134 a 156). Mediante oficios 877/2021 y 1689/202 de catorce de mayo y veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, signados por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, adjuntando para tal efecto las copias certificadas respectivas (fojas 160 a 163 y 231 a 257). Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala realizó lo siguiente: 1. Dictó un acuerdo el doce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 161 y 162), en el que: a) Requirió al Ayuntamiento de Tlaxcala, así como a los encargados de la administración del mismo para que el Presidente y Tesorero municipal, registraran el adeudo proveniente del laudo de quince de junio de dos mil dieciocho, obtenido por Luis Enrique Hernández Valerdi, José Rojas González y Magali Muñoz Pérez, dentro del expediente laboral 161/2014-A, del índice de la responsable. b) Ordenó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, convocara a los integrantes del citado Ayuntamiento a una sesión extraordinaria para el efecto de que los integrantes de cabildo ordenen el pago del laudo dictado dentro del expediente laboral 161/2014-A; asimismo, mencionó que la sesión extraordinaria debía celebrarse dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación. c) Ordenó a los integrantes del cabildo de Tlaxcala, Tlaxcala (Presidente Municipal, Síndico, Regidores y presidentes de comunidad) asistan a la sesión extraordinaria convocada por el Presidente Municipal y aprueben el pago del laudo dictado dentro del expediente 161/2014-A, con cargo al capítulo 1000, denominado "servicios personales" del su presupuesto de egresos. d) En caso de que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, no cuente con suficiencia presupuestaria para el pago del referido laudo, los integrantes del cabildo de Tlaxcala, Tlaxcala (Presidente Municipal, Síndico y Regidores y presientes de comunidad) debían instruir al Tesorero Municipal para que realice los ajustes o modificaciones al mencionado presupuesto, a efecto de que se haga el pago del laudo, conforme a las disposiciones aplicables del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. e) Apercibió a las autoridades que en caso de incumplimiento, se les impondría una medida de apremio prevista en el diverso 125 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 2. Remitió copia certificada de las constancias de notificación del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, practicadas a las partes y autoridades vinculadas con el cumplimiento del laudo, esto es, el Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala; así como a los Presidentes de Comunidad de San Esteban Tizatlán, Santa María Acuitlapilco, Santa María Ixtulco, San Hipólito Chimalpa, San Lucas Cuauhtelulpan, Tepehitec, Ocotlán, San Gabriel Cuauhtla, San Buenaventura Atempan, San Diego Metepec, San Sebastián Atlahapa (fojas 234 a 257). Manifestaciones Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, pues entre otras cosas refiere que la responsable: 1) no ha hecho efectivas las multas con las cuales apercibió a las autoridades del Ayuntamiento de Tlaxcala; 2) vinculó al Cabildo del Municipio de Tlaxcala, pero no les ha notificado a cada uno de sus integrantes, todos y cada uno de los requerimientos que ha formulado en la ejecución de laudo; y, 3) aún no tiene resultados de los requerimientos que ha efectuado a las autoridades vinculadas con el cumplimiento del laudo. En principio, debe recordarse que los efectos del fallo protector fueron únicamente para que la responsable: a) Dejara sin efectos el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 161/2014, de su índice, únicamente en lo que es materia de la concesión. b) En su lugar, emitiera otro en el cual requiriera al Ayuntamiento demandado para que, dentro del plazo que estimara prudente, 1) dictara los acuerdos necesarios; y, 2) realice las gestiones correspondientes y los trámites administrativos respectivos, para que se haga la creación de una partida presupuestal destinada específicamente para el pago de las prestaciones condenadas en el laudo laboral de quince de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente de origen, en los términos precisados en esta sentencia. Lo anterior, pues este Juzgado de Distrito consideró que la parte quejosa ya había solicitado al Tribunal laboral requiera al Ayuntamiento demandado procediera a la creación de una partida presupuestal destinada para el pago del laudo dictado a su favor, cumpliendo así con la carga procesal que le correspondía; por lo cual, era deber de la responsable proveer favorablemente la petición realizada. Precisado lo anterior, resulta evidente que la ejecutoria de amparo no abarcó actos posteriores al dictado del acuerdo ordenado, tales como imposición de medidas de apremio ante su incumplimiento, o requerir a la responsable hasta logar la materialización de lo ahí requerido, pues la concesión del amparo derivó de una respuesta negativa a una solicitud formulada por la actora en el juicio de origen -creación de partidas presupuestales-, es decir, las actuaciones posteriores no son materia de estudió de cumplimiento. En consecuencia, el incumplimiento de lo requerido a las autoridades del Municipio de Tlaxcala, debe ser manifestado por la actora y analizado por la responsable dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral, pero no dentro del presente sumario constitucional. Aunado a lo anterior, respecto a la existencia o inexistencia de notificaciones de los requerimientos formulados en ejecución de laudo al Cabildo del Municipio de Tlaxcala, debe decirse que tampoco es materia de análisis en este juicio, ya que son actuaciones no vinculadas directamente con el fallo protector; esto es, solamente se verificó que se hubieran realizados las notificaciones del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, dado que la emisión de dicho auto fue a lo que se obligó a la responsable. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Luis Enrique Hernández Valerdi, José Rojas González y Magali Muñoz Pérez, por conducto de su apoderada legal Araceli San Martín Aguilar; el contenido de la resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, cinco de agosto de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veinte (fojas 76 a 90), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rojas González, Luis Enrique Hernández Valerdi y Magali Muñoz Pérez , para efecto de que el responsable, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos En tal virtud, al ser fundado un concepto de violación expuestos por los quejosos José Rojas González, José Enrique Hernández Valerdi y Magali Muñoz Pérez, con apoyo en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que, una vez cause ejecutoria este fallo, dentro de los tres días siguientes, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 161/2014, de su índice, únicamente en lo que es materia de la concesión. Emita otro, en el cual: a) Deje intocada la parte del auto que no fue motivo de controversia. b) Requiera al Ayuntamiento demandado para que, dentro del plazo que se estime prudente, dicte los acuerdos necesarios, realice las gestiones correspondientes y los trámites administrativos respectivos, para que se haga la creación de una partida presupuestal destinada específicamente para el pago de las prestaciones condenadas en el laudo laboral de quince de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente de origen, en los términos precisados en esta sentencia". Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado interpuso recurso de revisión (fojas 100 a 114), mismo que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 123/2020, y resuelto en ejecutoria de quince de abril de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a José Rojas González, Luis Enrique Hernández Valerdi y Magali Muñoz Pérez, por los actos atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado". Por auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria citada, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 134 a 156). Mediante oficios 877/2021 y 1689/202 de catorce de mayo y veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, signados por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, adjuntando para tal efecto las copias certificadas respectivas (fojas 160 a 163 y 231 a 257). Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala realizó lo siguiente: 1. Dictó un acuerdo el doce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 161 y 162), en el que: a) Requirió al Ayuntamiento de Tlaxcala, así como a los encargados de la administración del mismo para que el Presidente y Tesorero municipal, registraran el adeudo proveniente del laudo de quince de junio de dos mil dieciocho, obtenido por Luis Enrique Hernández Valerdi, José Rojas González y Magali Muñoz Pérez, dentro del expediente laboral 161/2014-A, del índice de la responsable. b) Ordenó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, convocara a los integrantes del citado Ayuntamiento a una sesión extraordinaria para el efecto de que los integrantes de cabildo ordenen el pago del laudo dictado dentro del expediente laboral 161/2014-A; asimismo, mencionó que la sesión extraordinaria debía celebrarse dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación. c) Ordenó a los integrantes del cabildo de Tlaxcala, Tlaxcala (Presidente Municipal, Síndico, Regidores y presidentes de comunidad) asistan a la sesión extraordinaria convocada por el Presidente Municipal y aprueben el pago del laudo dictado dentro del expediente 161/2014-A, con cargo al capítulo 1000, denominado "servicios personales" del su presupuesto de egresos. d) En caso de que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, no cuente con suficiencia presupuestaria para el pago del referido laudo, los integrantes del cabildo de Tlaxcala, Tlaxcala (Presidente Municipal, Síndico y Regidores y presientes de comunidad) debían instruir al Tesorero Municipal para que realice los ajustes o modificaciones al mencionado presupuesto, a efecto de que se haga el pago del laudo, conforme a las disposiciones aplicables del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. e) Apercibió a las autoridades que en caso de incumplimiento, se les impondría una medida de apremio prevista en el diverso 125 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 2. Remitió copia certificada de las constancias de notificación del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, practicadas a las partes y autoridades vinculadas con el cumplimiento del laudo, esto es, el Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala; así como a los Presidentes de Comunidad de San Esteban Tizatlán, Santa María Acuitlapilco, Santa María Ixtulco, San Hipólito Chimalpa, San Lucas Cuauhtelulpan, Tepehitec, Ocotlán, San Gabriel Cuauhtla, San Buenaventura Atempan, San Diego Metepec, San Sebastián Atlahapa (fojas 234 a 257). Manifestaciones Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, pues entre otras cosas refiere que la responsable: 1) no ha hecho efectivas las multas con las cuales apercibió a las autoridades del Ayuntamiento de Tlaxcala; 2) vinculó al Cabildo del Municipio de Tlaxcala, pero no les ha notificado a cada uno de sus integrantes, todos y cada uno de los requerimientos que ha formulado en la ejecución de laudo; y, 3) aún no tiene resultados de los requerimientos que ha efectuado a las autoridades vinculadas con el cumplimiento del laudo. En principio, debe recordarse que los efectos del fallo protector fueron únicamente para que la responsable: a) Dejara sin efectos el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 161/2014, de su índice, únicamente en lo que es materia de la concesión. b) En su lugar, emitiera otro en el cual requiriera al Ayuntamiento demandado para que, dentro del plazo que estimara prudente, 1) dictara los acuerdos necesarios; y, 2) realice las gestiones correspondientes y los trámites administrativos respectivos, para que se haga la creación de una partida presupuestal destinada específicamente para el pago de las prestaciones condenadas en el laudo laboral de quince de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente de origen, en los términos precisados en esta sentencia. Lo anterior, pues este Juzgado de Distrito consideró que la parte quejosa ya había solicitado al Tribunal laboral requiera al Ayuntamiento demandado procediera a la creación de una partida presupuestal destinada para el pago del laudo dictado a su favor, cumpliendo así con la carga procesal que le correspondía; por lo cual, era deber de la responsable proveer favorablemente la petición realizada. Precisado lo anterior, resulta evidente que la ejecutoria de amparo no abarcó actos posteriores al dictado del acuerdo ordenado, tales como imposición de medidas de apremio ante su incumplimiento, o requerir a la responsable hasta logar la materialización de lo ahí requerido, pues la concesión del amparo derivó de una respuesta negativa a una solicitud formulada por la actora en el juicio de origen -creación de partidas presupuestales-, es decir, las actuaciones posteriores no son materia de estudió de cumplimiento. En consecuencia, el incumplimiento de lo requerido a las autoridades del Municipio de Tlaxcala, debe ser manifestado por la actora y analizado por la responsable dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral, pero no dentro del presente sumario constitucional. Aunado a lo anterior, respecto a la existencia o inexistencia de notificaciones de los requerimientos formulados en ejecución de laudo al Cabildo del Municipio de Tlaxcala, debe decirse que tampoco es materia de análisis en este juicio, ya que son actuaciones no vinculadas directamente con el fallo protector; esto es, solamente se verificó que se hubieran realizados las notificaciones del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, dado que la emisión de dicho auto fue a lo que se obligó a la responsable. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Manifestaciones respecto del cumplimiento. Agréguese a los autos los escritos signados por Araceli San Martin Aguilar, apoderada legal de José Enrique Hernández Valerdi, José Rojas González y Magali Muñoz Pérez, por medio del cual en contestación a la vista que se le dio mediante auto de quince de julio de dos mil veintidós, realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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