José Rodrigo Castro Martínez
Expediente 719/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Rodrigo Castro Martínez
- Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al archivo, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo; por haberse concedido la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo indirecto número 719/2019-VII, promovido por José Rodrigo Castro Martínez, por propio derecho y en representación del menor de iniciales R.S.C.H, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al menor de identidad reservada, de iniciales R.S.C.H., representado en este juicio de amparo por el asesor jurídico federal Salvador Cortés Carcaño, así como a José Rodrigo Castro Martínez, por su propio derecho, para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, realice lo siguiente: Dentro del término de setenta y dos horas, dicte un auto en el que provea favorablemente las peticiones de José Rodrigo Castro Martínez, efectuadas mediante sus escritos recibidos el veintidós de marzo y diecisiete de junio, ambos de dos mil diecinueve, en específico las contenidas en los puntos petitorios sexto y séptimo de dichos ocursos, con la sola indicación de que la mención de días de salario mínimo debe entenderse referida a unidades de medida y actualización. Asimismo, acuerde las medidas que considere necesarias, incluso medios de apremio, para lograr el efectivo desahogo de la junta familiar ordenada en la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil de queja 435/2018, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, misma que fue especificada en el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado por el juez responsable, incluyendo la diligencia relativa a la plática previa con el menor de identidad reservada, de iniciales R.S.C.H. Debiendo tener en cuenta el juez responsable que, en caso de que Illyana Danitza Huerta Abascal -madre del menor quejoso- nuevamente incumpla con los requerimientos que se le realicen en el auto que al efecto se emita, sin que medie causa legal justificada, en su momento, deberá hacer efectivos los medios de apremio con los que haya sido apercibida; sobre todo si se pondera que los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público." Inconforme de la relatada resolución dictada, el veinticinco de febrero de dos mil veinte, la parte tercera interesada Iliyana Danitza Huerta Abascal, interpuso recurso de revisión, mismo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 55/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual confirmó la sentencia dictada por este órgano federal, por lo que se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Asimismo, por oficio de siete de junio de dos mil veintiuno, signado por la Juez Primero de la Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, adjuntando para tal efecto las copias certificadas respectivas. Con lo anterior, se ordenó dar vista a las partes por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto de dicho cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1143/2015 del índice del Juzgado Primero de la Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se proveyó favorablemente las peticiones de José Rodrigo Castro Martínez, efectuadas mediante sus escritos recibidos el veintidós de marzo y diecisiete de junio, ambos de dos mil diecinueve, en específico las contenidas en los puntos petitorios sexto y séptimo de dichos ocursos, señalando para el desahogo de la audiencia familiar y plática previa del adolescente de identidad reservada e identificado con las iniciales R.S.C.H., las diez horas del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ordenando notificar personalmente a José Rodrigo Castro Martínez e Illyana Danitza Huerta Abascal, apercibiendo a la segunda de los nombrados que tendría que traer consigo al adolescente de identidad reservada e identificado con las iniciales R.S.C.H, y en caso de no comparecer sin que mediara causa justificada o compareciendo y no traer consigo al citado menor se haría acreedora a una medida de apremio consistente en una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización (UMA). En diligencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia ordenada por auto de veintiséis de febrero del año actual, toda vez que no se llevó a cabo el examen psicológico de la aquí tercera interesada Illyana Danitza Huerta Abascal, señalando como nueva fecha las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, se apercibió a la aquí tercera interesada que en el caso de no comparecer a dicha audiencia, sin que mediara causa legal justificada, o compareciendo sin llevar al menor de edad identificado con las iniciales R.S.C.H., se haría acreedora a una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización (UMA). Así, mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, una vez que se realizaron los estudios psicológicos a Iliyana Danitza Huerta Abascal, por parte de la psicóloga adscrita a la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Juez responsable determinó declarar abierta la audiencia familiar en la que en acatamiento al Protocolo de actuaciones del menor que se vincula en el presente juicio, procedió a realizar la entrevista con el menor con iniciales R.S.C.H., quien mencionó que desea mantener una convivencia con su padre (aquí quejoso), los días miércoles, jueves y viernes, y un fin de semana de cada mes; asimismo, podrá llamarle dos veces al día durante el régimen de convivencia, después de corroborar su estado físico como emocional del menor, se tomó en cuenta el esclarecimiento de una convivencia sana, tal y como se advierte de las documentales que remite la autoridad encargada del cumplimiento. Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por tanto, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida porque la autoridad responsable se ajustó a los efectos de la misma. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo indirecto número 719/2019-VII, promovido por José Rodrigo Castro Martínez, por propio derecho y en representación del menor de iniciales R.S.C.H, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al menor de identidad reservada, de iniciales R.S.C.H., representado en este juicio de amparo por el asesor jurídico federal Salvador Cortés Carcaño, así como a José Rodrigo Castro Martínez, por su propio derecho, para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, realice lo siguiente: Dentro del término de setenta y dos horas, dicte un auto en el que provea favorablemente las peticiones de José Rodrigo Castro Martínez, efectuadas mediante sus escritos recibidos el veintidós de marzo y diecisiete de junio, ambos de dos mil diecinueve, en específico las contenidas en los puntos petitorios sexto y séptimo de dichos ocursos, con la sola indicación de que la mención de días de salario mínimo debe entenderse referida a unidades de medida y actualización. Asimismo, acuerde las medidas que considere necesarias, incluso medios de apremio, para lograr el efectivo desahogo de la junta familiar ordenada en la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil de queja 435/2018, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, misma que fue especificada en el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado por el juez responsable, incluyendo la diligencia relativa a la plática previa con el menor de identidad reservada, de iniciales R.S.C.H. Debiendo tener en cuenta el juez responsable que, en caso de que Illyana Danitza Huerta Abascal -madre del menor quejoso- nuevamente incumpla con los requerimientos que se le realicen en el auto que al efecto se emita, sin que medie causa legal justificada, en su momento, deberá hacer efectivos los medios de apremio con los que haya sido apercibida; sobre todo si se pondera que los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público." Inconforme de la relatada resolución dictada, el veinticinco de febrero de dos mil veinte, la parte tercera interesada Iliyana Danitza Huerta Abascal, interpuso recurso de revisión, mismo que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 55/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual confirmó la sentencia dictada por este órgano federal, por lo que se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Asimismo, por oficio de siete de junio de dos mil veintiuno, signado por la Juez Primero de la Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, adjuntando para tal efecto las copias certificadas respectivas. Con lo anterior, se ordenó dar vista a las partes por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto de dicho cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1143/2015 del índice del Juzgado Primero de la Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se proveyó favorablemente las peticiones de José Rodrigo Castro Martínez, efectuadas mediante sus escritos recibidos el veintidós de marzo y diecisiete de junio, ambos de dos mil diecinueve, en específico las contenidas en los puntos petitorios sexto y séptimo de dichos ocursos, señalando para el desahogo de la audiencia familiar y plática previa del adolescente de identidad reservada e identificado con las iniciales R.S.C.H., las diez horas del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ordenando notificar personalmente a José Rodrigo Castro Martínez e Illyana Danitza Huerta Abascal, apercibiendo a la segunda de los nombrados que tendría que traer consigo al adolescente de identidad reservada e identificado con las iniciales R.S.C.H, y en caso de no comparecer sin que mediara causa justificada o compareciendo y no traer consigo al citado menor se haría acreedora a una medida de apremio consistente en una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización (UMA). En diligencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia ordenada por auto de veintiséis de febrero del año actual, toda vez que no se llevó a cabo el examen psicológico de la aquí tercera interesada Illyana Danitza Huerta Abascal, señalando como nueva fecha las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, se apercibió a la aquí tercera interesada que en el caso de no comparecer a dicha audiencia, sin que mediara causa legal justificada, o compareciendo sin llevar al menor de edad identificado con las iniciales R.S.C.H., se haría acreedora a una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización (UMA). Así, mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, una vez que se realizaron los estudios psicológicos a Iliyana Danitza Huerta Abascal, por parte de la psicóloga adscrita a la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Juez responsable determinó declarar abierta la audiencia familiar en la que en acatamiento al Protocolo de actuaciones del menor que se vincula en el presente juicio, procedió a realizar la entrevista con el menor con iniciales R.S.C.H., quien mencionó que desea mantener una convivencia con su padre (aquí quejoso), los días miércoles, jueves y viernes, y un fin de semana de cada mes; asimismo, podrá llamarle dos veces al día durante el régimen de convivencia, después de corroborar su estado físico como emocional del menor, se tomó en cuenta el esclarecimiento de una convivencia sana, tal y como se advierte de las documentales que remite la autoridad encargada del cumplimiento. Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por tanto, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida porque la autoridad responsable se ajustó a los efectos de la misma. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Agréguese el oficio con anexo, signado por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual informa el resultado de la diligencia programada para el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, debiendo correrle traslado con copia del oficio de cuenta y anexo, por el término de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; personalmente a las partes y vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Sergio Alberto Avendaño Martínez, Secretario que autoriza y da fe.
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