José Rogelio González Padilla
Expediente 56/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Rogelio González Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CAUSA ESTADO La secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del catorce al veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno que ponga de manifiesto la inconformidad de las partes con dicha resolución. Asimismo, que tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Finalmente, que no existen tomos de prueba por devolver a ninguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria Lic. María Elena Gómez Magaña. En la misma fecha, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado de los autos, en específico con la resolución dictada el nueve de febrero de dos mil diecisiete a través del cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la resolución a través de la cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe. DEY____ SISE_______
- Principal
En nueve de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un oficio con número de registro 1884; y un anexo certificado, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la circunstancia que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Magistrado Presidente y Ponente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; con el contenido del mismo, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en atención al requerimiento que le fue señalado en el auto admisorio, en relación al artículo 64 de la Ley de Amparo; remite copia certificada de la resolución dentro del toca del recurso de revisión 03/2017, -acto reclamado que la parte quejosa combate en esta vía-; la cual se tiene como prueba de su parte, en términos del precepto 119 de la ley que rige el juicio constitucional. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión de la autoridad responsable en pronunciarse sobre el recurso de revisión presentado mediante escrito de ocho de diciembre pasado, derivado de la causa penal 165/2013; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues ya se dictó el laudo correspondiente al juicio natural; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. No es obstáculo para el sentido de la presente resolución, el contenido de la tesis de jurisprudencia 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página seiscientos cinco del tomo XXIX de enero de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA."; pues la hipótesis a que hace mención, versa respecto a violaciones del artículo 8° constitucional relativas al derecho de petición; siendo que, en el juicio que nos ocupa, el quejoso argumentó violación a la garantía contenida en el numeral 17, que impacta en el retardo de la impartición de justicia, originada por la omisión de la responsable en dictar la resolución correspondiente al recurso de revisión 03/2017, interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la Capital, el diez de febrero de dos mil catorce. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Dey__ Sise__
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 56/2017-7, ante la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura al escrito inicial de demanda, y las demás constancias que obran en autos. Asimismo, da cuenta con el informe previo que rinde la autoridad responsable Magistrado Presidente y Ponente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, con número de registro 1004. A lo anterior la Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar y agréguese al sumario el informe previo por la autoridad responsable citada, a fin de que sea tomado al momento de resolver en definitiva sobre la procedencia de la medida cautelar; con el cual en este acto se da vista a las partes en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. En el periodo de pruebas. La secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. A lo que la Juez determina. Al no existir medios de convicción por desahogar, se da por concluido el presente periodo. En periodo de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, por lo que se declara cerrado dicho periodo. A lo anterior la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes en formular alegatos, por no haber ejercido el derecho que tenían para hacerlo, y se da por concluida la presente etapa, y al encontrarse debidamente integrado el incidente en que se actúa y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en el invocado numeral, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 56/2017-7, promovido por José Rogelio González Padilla, contra actos del Magistrado Presidente y Ponente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, y turnado a este Juzgado, José Rogelio González Padilla, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrado Presidente y Ponente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre el recurso de revisión y/o nulidad presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en contra de la sentencia condenatoria dictada el diez de febrero de dos mil catorce por el Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de esta capital, dentro del proceso penal 165/2013. SEGUNDO. En dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 56/2017-7, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos a diversa autoridad que reside dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado que la parte quejosa le atribuye a la autoridad responsable, toda vez que expresamente así lo manifestó al rendir su informe de ley; no obstante la certeza del mismo, en función a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de pronunciarse sobre el medio de impugnación interpuesto por el sentenciado, se pone de manifiesto que se trata de una conducta pasiva de la autoridad, que se traduce en un acto omisivo que se caracteriza porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión definitiva solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa y al efecto lleve se pronuncie sobre el recurso de revisión que interpuso el aquí quejoso, pues de concederse se darían efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio que nos ocupa. Por tanto, si en la especie el acto reclamado lo es la omisión de pronunciarse sobre el medio de defensa que aduce el quejoso elevó ante la responsable, tal conducta no genera consecuencias positivas que deban ser suspendidas en este momento, sino que de llegar a calificarse la inconstitucionalidad del acto reclamado, habrá de obligarse a la autoridad en el sentido positivo, de ahí que respecto del acto precisado líneas precedentes que por esta vía combate se deba negar la suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.T.3 K (10ª.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo se; RESUELVE: Único. Se niega la suspensión definitiva que solicita José Rogelio González Padilla, respecto del acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Dey__ Sise__
- Principal
CUENTA. En dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con la demanda de amparo promovida por José Rogelio González Padilla, por propio derecho, contra actos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; un anexo y tres copias de traslado, con número de registro 772. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a José Rogelio González Padilla, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 56/2017-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte ********************, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, por cuerda separada y duplicado, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, misma que deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencione la responsable, toda vez que esa facultad está reservada para la parte ******************** y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Nueva Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte ********************, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte ******************** respecto a que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte ******************** estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte ********************, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos restringidos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica; ello en atención a la reforma de dicho dispositivo en decreto publicado el diecisiete de junio del año en curso, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; de ahí que al no contar las personas designadas para tal efecto, con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho, únicamente se les tenga por autorizados en los términos ya indicados. Por otro lado, toda vez que el justiciable precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Ahora, respecto de la petición que externa la parte ******************** en el sentido que las notificaciones también se le realicen a través del correo electrónico que señala, no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que el artículo 3 de la Ley de Amparo, únicamente prevé que las notificaciones oficiales se podrán hacer de manera electrónica, previa satisfacción de los requisitos previstos en el artículo 14 en relación con el diverso 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, esto es, contar con firma electrónica que le permita ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; de ahí que no es factible que las notificaciones que deriven del presente juicio se le envíen al correo electrónico personal que indica. En la inteligencia que la determinación aquí adoptada se hará por única ocasión a la parte ******************** de manera personal en el centro de reclusión que se encuentra recluido, y las notificaciones subsecuentes que deban hacérsele y que no impliquen un requerimiento que traiga un apercibimiento, se le harán por lista, toda vez que designó autorizados para recibir notificaciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; en el entendido que puede designar en cualquier momento diverso domicilio procesal diverso al señalado en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase anunciando como prueba de la parte ******************** la documental que anexa a su escrito inicial de demanda, la cual de ser procedente, será valorada en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte ********************. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Razón. En la misma fecha se registró el expediente en el libro de gobierno bajo el progresivo 56/2017-7, y se cumple con lo ordenado. Conste. SISE___ DEY____
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