José Robles Orozco

Expediente 473/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
473/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • José Robles Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    El doce de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiséis de febrero al nueve de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se abrió incidente de suspensión y por tanto no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictada por este Juzgado el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del catorce al veinte de febrero del año en curso; con exclusión de los días diecisiete y dieciocho del citado mes y año, por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el seis del presente mes y año, por el que se tuvo por no presentada la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de seis de febrero del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida por Lilia Lorena Salazar Ríos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    El quince de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 3063. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista la promoción de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, por conducto de la Magistrada Presidenta; con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como prueba de la referida autoridad la documental que acompaña a su informe. Ahora bien, toda vez que de la constancia que se recibe se advierte el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la responsable dictó el laudo correspondiente al expediente laboral ordinario 209/2017 promovido por el aquí quejoso en contra de la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas, el cual constituye el acto reclamado dentro del presente asunto, sin embargo, no anexa copia certificada de la notificación de dicho laudo. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal copia debidamente certificada y legible de la notificación del laudo dictado dentro del expediente laboral ordinario 209/2017, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o no expresar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    En nueve de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICÓ que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable tesorero municipal de Mazapil, Zacatecas, interpusiera recurso de revisión transcurrió del cuatro al diecisiete de enero de dos mil dieciocho, descontándose los días seis, siete, trece y catorce por corresponder a sábados y domingos, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil diecisiete dentro del juicio de amparo 331/2017. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la autoridad responsable tesorero municipal de Mazapil, Zacatecas, no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió a Minera Tayahua, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable tesorero municipal de Mazapil, Zacatecas, para que dentro del término de tres días, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora de derechos en los siguientes términos para lo cual se incluye el cuadro relativo: Número de servicio Periodo Foja Cantidad (concepto derecho de alumbrado público) 120 061 150 132 30 de enero a 01 de marzo de 2017 35 $455.43 120 850 300 114 30 de enero a 01 de marzo de 2017 36 $222.78 120 071 150 947 31 de enero a 28 de febrero de 2017 37 $32,809.32 a) El tesorero responsable reintegre las cantidades que haya pagado el amparista por concepto de derecho de alumbrado público en los avisos-recibo del servicio de energía eléctrica 120 061 150 132, 120 850 300 114 y 120 071 150 947 por los periodos establecidos en los recuadros señalados con anterioridad, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. No pasa inadvertido que en el aviso recibo con numero de servicio 120 071 150 947 se determinó que el pago total por todos los conceptos ahí determinados era de $0.00, no obstante que previamente se indicó que por servicio de alumbrado público el quejoso debía pagar la cantidad de $32,809.32; empero, lo anterior no constata que dicho pago no fue realizado, ya que pudo haberse hecho por otros medios y, en su caso, haberse aplicado como saldo a favor. De cualquier forma, como se explicó, las cantidades actualizadas que deberán entregarse a la quejosa por el pago de servicio de alumbrado público serán únicamente las que se demuestre que hubiere erogado por ese servicio, respecto de los avisos recibo y por los periodos en comento". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, en virtud de que el presidente municipal de Mazapil, Zacatecas, no ha informado los datos que le fueron solicitados mediante proveído de diecisiete de enero último, ni se cuenta con el acuse de recibo del oficio 1366/2018 girado para tal efecto, gírese oficio recordatorio a efecto de que remita la información de que se trata. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

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