José Robles Uribe

Expediente 1845/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1845/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • José Robles Uribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Robles Uribe, contra el acto reclamado al Magistrado Supernumerario de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, consistente en la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 77/2019; y su ejecución a tribuida al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de Tepic, Nayarit. Lo anterior, atento a los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Ténganse por recibido el comunicado de cuenta signado por la quejosa ***, a través del cual, en atención al proveído de doce de septiembre del presente año (foja 160), manifiesta, entre otras cuestiones, que a la fecha cuenta con los recursos económicos necesarios, a efecto de llevar acabo la publicación de los edictos ordenados en autos, motivo por el cual solicita que éstos le sean expedidos nuevamente. En ese sentido, requiérase nuevamente a la parte quejosa a efecto de que en el término de VEINTE DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los edictos, acredite que los entregó para su publicación, así como haber realizado el pago y exhibir el recibo de su publicación; para lo cual se dejan a su disposición en la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, las copias de los edictos respectivos para su oportuna publicación, o en su caso, manifieste su imposibilidad económica para solventar ese gasto debidamente documentado. Apercibida que de ser omisa a lo anterior, con fundamento en el numeral 63, fracción II, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Se cita al respecto la Jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintisiete, Tomo I, Septiembre de dos mil quince, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se transcribe: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. ...". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copias simples de la demanda de garantías, como lo prevén los artículos 110 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 25/2019, promovido por José Daniel Velázquez Estrada, acorde a lo dispuesto en los numerales 125 y 128 del citado ordenamiento legal, contra actos del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de la materia, pídase informe previo únicamente a las autoridades responsables ejecutoras, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual, deberán concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto, envíeseles copia simple de la demanda. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo Vigente. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Lo anterior, en virtud de que este Órgano Jurisdiccional se pronunciará únicamente respecto de las consecuencias derivadas de la aplicación del ordenamiento legal impugnado, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 128 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por el criterio que la sustenta la Jurisprudencia integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y ocho, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil tres, que estatuye: **En ese tenor, respecto a las consecuencias del acto reclamado al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado, así como al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la ejecución del decreto que contiene la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente la fracción II del numeral 11, 13, párrafo segundo y 46, de la citada Ley, con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128 y 147 de la Ley de la Materia, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que se abstenga de realizar el descuento indicado por el aquí quejoso, en la pensión que actualmente se le otorga, únicamente respecto del concepto "53 Fondo de Pensiones"; hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento sobre lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva. Lo anterior, con fundamento en el precepto 150 de la Ley de la Materia, toda vez que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede o no tener el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado a la parte quejosa y en atención a que si ésta se llegara a ejecutar, se causarían daños de difícil reparación con sus respectivas consecuencias jurídicas al agraviado, por lo que resulta indudable que la suspensión debe concederse; aunado a que, el Juzgador debe dictar las medidas necesarias para conservar la materia del amparo tal y como lo dispone el ordenamiento legal citado con anterioridad. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia seiscientos ocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible la página quinientos cincuenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuyo texto y rubro es: ** Ello, en virtud de que se encuentran satisfechos los extremos del numeral 129, de la Ley de Amparo, ya que la suspensión provisional fue solicitada por la parte agraviada, al concederla, no se atenta contra el interés social, tampoco se contravienen disposiciones de orden público y si se llega a ejecutar el acto reclamado, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionen al promovente. En cuanto a que la suspensión provisional surte efectos de inmediato, obedece a que de no ser así, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que los entes responsables estarían en posibilidades de ejecutar el acto reclamado con los consiguientes perjuicios para el agraviado. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 43/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIII, correspondiente al mes de Abril del año dos mil uno, página doscientos sesenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "** Por otro lado, es preciso indicar que la legislación de amparo, establece en su numeral 138, que debe efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo; por tanto, en la especie este Juzgado Federal, considera que es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, toda vez que éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio. Apoya lo anterior, la Jurisprudencial VI. 3o.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y uno, Tomo XVI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de dos mil dos, que a la letra señala: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento.". En este orden de ideas, se atiende a las características y naturaleza del caso concreto, tomando en cuenta los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, ponderando el interés social, constitucionalmente tutelado, se aprecia que en la especie no se encuentra sobre el del particular. Ello pues, conforme a la teoría de la ponderación de principios, este Órgano de Amparo tiene una facultad discrecional para sopesar o ponderar la procedencia de la suspensión con base en el equilibrio de intereses, que, implícitamente a la vez, posibilita o impide, según las circunstancias del caso su operancia, por surtirse o no, las condiciones o requerimientos que se piden. En efecto, por interés social se entiende aquél que debe ser protegido legalmente, por ser de orden público, y que es necesario prevalezca o subsista, aun cuando se afecte un interés particular, no obstante, existen casos como el presente en que el interés del particular no afecta o menoscaba el interés social y el orden público, sino que por el contrario, la sociedad se encuentra interesada en que se respete la garantía de audiencia a los gobernados, a fin de que pueda privárseles a éstos de sus derechos, máxime que, ello constituye un derecho humano salvaguardado por el artículo 14 Constitucional. Esto es, la sociedad está interesada en que se cumplan eficazmente las disposiciones de orden público, para poder sostener el bienestar de la comunidad. Los anteriores razonamientos, se contienen dentro del texto de la Jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "** De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "**En ese contexto, al efectuar el análisis del acto reclamado, en correlación con la naturaleza de la violación que se alega, es dable conceder la suspensión del acto reclamado, pues en el caso concreto se satisfizo la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, máxime que, con la concesión de la suspensión no se lesionan el interés social y el orden público. Sin que en el caso sea factible exigir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe interés fiscal alguno que garantizar, ni tampoco tercero interesado reconocido como tal. Finalmente, en obvio de dilaciones innecesarias, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el artículo 21 de la Legislación de Amparo. **

  4. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el primer ocurso de cuenta signado por el Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparo, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la interlocutoria emitida el ocho de julio de dos mi diecinueve (fojas 1320 a 1334, Tomo II); por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso a de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 90 ambos de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que, la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente incidente de suspensión, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, toda vez que, el acto reclamado se hizo consistir en: La aplicación del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General Responsabilidades Administrativas; por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 90 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión y distribúyanse entre las mismas, copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el expediente original del incidente de suspensión dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por la representante legal de la empresa de mensajería rápida denominada ESTAFETA Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de seis de agosto del año en curso (foja 1504, Tomo II), en el cual informa el tratamiento dado a las guías que le fue requerido; en consecuencia, agréguense el libelo y anexos de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en atención a la designación de domicilio para oír y recibir notificaciones, dígase que deberá estarse a lo determinado en acuerdo de seis del mes y año actual (foja 1504, Tomo II), en el cual se acordó al respecto. **

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