José Robles Uribe

Expediente 893/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
893/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • José Robles Uribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 97 a 99), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de siete de septiembre de la presente anualidad (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio del año en curso (fojas 46 a la 70), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso José Robles Uribe, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los dispositivos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la parte accionante de garantías con fundamento en las disposiciones anteriores en el pago realizado el diez de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente; cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, tampoco se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez que de esta no se reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto..." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $8,141.69 (ocho mil ciento cuarenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), restándole la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de la comisión bancaria; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/4868/2018 de cuatro de septiembre del año actual (fojas 97 a 99), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que entregó un cheque generado a favor de la parte quejosa por la cantidad de $8,172.80 (ocho mil ciento setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $8,141.69 (ocho mil ciento cuarenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), menos $3.00 (tres pesos), que corresponden al cobro de la comisión bancaria, da como resultado un total de $8,138.69 (ocho mil ciento treinta y ocho pesos 69/100 Moneda Nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diez de abril del año en curso y el tres de septiembre del año actual, fue entregado el cheque generado a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo del presente año a julio de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año actual entre el índice para el mes de julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho, aun no se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, pues dicho movimiento bursátil se llevó a cabo el tres de septiembre de la presente anualidad (foja 98), por lo que es evidente que al momento en que se realizó la transferencia de fondos referida todavía no se publicaba el citado índice para el mes de agosto, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de julio del año en cita. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $8,172.80 (ocho mil ciento setenta y dos pesos 79/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $34.11 (treinta y cuatro pesos 11/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON EL LIBELO DE CUENTA Y ANEXO QUE ACOMPAÑA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por *** Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al proveído de veintisiete de julio de la presente anualidad (fojas 79 y 80), en el que se le requirió a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, informa que se solicitó una nueva dotación de recurso a la Dirección General de Tesorería de dicha secretaría, para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas en diversos juicios de amparo, lo cual se corrobora con el anexo que adjunta, por lo que solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y constancia de mérito, para los efectos legales correspondientes Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede únicamente una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que la responsable de mérito, esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos, pues este juzgado considera que el término de quince días que solicita la ocursante resulta excesivo. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de veintisiete de julio del año en curso (fojas 79 y 80).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 46 a 70); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. En el entendido de que dicho cumplimiento deberá efectuarse debidamente actualizado conforme al ordinal 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de legislación de la materia, y del artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de la citada dependencia, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

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