Jose Roberto Garcia Hernandez
Expediente 699/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Roberto Garcia Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 193 a 195), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de noviembre al dicinueve de diciembre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV, del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, el anexo I, que se formó con la copia autentica de la carpeta judicial administrativa 122/82017/CHOLULA de su índice; así como ocho discos versátiles digitales, que contienen los registros de audio y video generados con motivo de diversas audiencias celebradas en la citada causa penal. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo de las constancias que se devuelven, toda vez que la autoridad a quien se envían se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 183 y 184), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que la hayan desahogado dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 102 a 131), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Roberto García Hernández, para que el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a José Roberto García Hernández, para que el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se requiera su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta judicial administrativa 122/2017/CHOLULA. 2. Señale día y hora para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, con motivo de la petición realizada por la defensora pública del quejoso mediante escrito presentado el diez de julio de la presente anualidad, la que deberá celebrar dentro del plazo máximo de cinco días; y, en la que deberá conceder el derecho a las partes para debatir sobre tal medida. 3. Con libertad de jurisdicción, resuelva si la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva está justificada o no por el ejercicio del derecho de defensa del acusado y, en su caso, si procede mantenerla, modificarla o sustituirla por alguna otra, en la inteligencia de que en caso de que estime procedente mantener dicha medida restrictiva de la libertad, el juez deberá fijar el plazo en que se mantendrá vigente. 4. Notifique la resolución al quejoso y remita las constancias conducentes que acrediten todo lo anterior." (Fojas 129 vuelta y 130). En acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 158 y 159), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 3475/2019 (fojas 171 y 172), el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, informó que por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el auto de diez de julio del mismo año, dictado en la carpeta judicial administrativa 122/2017/CHOLULA de su índice, y señaló las trece horas del veinticinco de octubre del presente año, para el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, solicitada por la defensa del aquí quejoso. En atención a lo anterior, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 175), se requirió al citado juez de control responsable para que, una vez celebrada la audiencia, informara su resultado a esta autoridad. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3529/2019 (foja 179), el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, informó que el veinticinco de octubre de la presente anualidad, celebró la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa respecto del peticionario de amparo, y remitió copia del registro de audio y video generado con motivo de dicha actuación, contenido en un disco versátil digital (DVD), que obra a foja ciento ochenta de autos. A la documental descrita, consistente en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal de origen, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, de las constancias referidas se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el auto de diez de julio del mismo año, dictado en la carpeta judicial administrativa 122/2017/CHOLULA de su índice (foja 171 vuelta), y lo reiteró en audiencia celebrada el veinticinco de octubre de la presente anualidad (14:14:56 a 14:15:16 DVD). 2. A las catorce horas con once minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, declaró abierta la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de José Roberto García Hernández, la cual, conforme a la reproducción del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, se desarrolló de la siguiente forma: -El juez de control individualizó a las partes (14:12:41 a 14:13:08 DVD). -El juez responsable preguntó al imputado José Roberto García Hernández, si le fueron explicados los derechos que le asisten y si los entendía; el aquí quejoso respondió que sí (14:13:08 a 14:13:22 DVD). -El juez de control reiteró dejar insubsistente el acuerdo reclamado de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta judicial administrativa 122/2017/CHOLULA de su índice (14:14:56 a 14:15:16 DVD). -En uso de la voz, la defensora pública del quejoso, realizó una breve relatoría de los antecedentes del asunto, y precisó que su defendido José Roberto García Hernández, se encuentra también bajo los efectos de una medida cautelar de prisión preventiva dentro de diverso proceso penal, por lo que solicitó al juez únicamente definir la vigencia de la prisión preventiva oficiosa decretada contra su defendido (14:16:01 a 14:18:59 DVD). -El fiscal expresó que la medida cautelar de prisión preventiva debe prolongarse debido a los actos de defensa que ha ejercido el imputado José Roberto García Hernández, tales como la promoción de un juicio de amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en ese proceso penal, así como la solicitud de aplazamiento de la audiencia intermedia en diversas ocasiones (14:19:07 a 14:20:38 DVD). -La defensora pública del quejoso insistió en que únicamente solicitaba al juez definir la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada contra su representado (14:20:49 a 14:23:27 DVD). -El fiscal reiteró que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debía prolongarse debido a los actos de defensa ejercidos por el imputado (14:23:30 a 14:24:12 DVD). -El juez pronunció su decisión; expresó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debía mantenerse a pesar de que transcurrieron más de dos años desde su imposición, en virtud de que el imputado José Roberto García Hernández, ha ejercido diversos actos de defensa, lo que provocó una extensión del procedimiento que se sigue en su contra; por lo que realizó una relatoría de las ocasiones en que se aplazó la celebración de la audiencia intermedia con motivo de las solicitudes que la defensa del imputado realizó, así como la suspensión del procedimiento decretada por la interposición de diverso juicio de garantías contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra; con base en lo anterior, el juez señaló que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se mantendrá vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:24:55 a 14:34:50 DVD). 3. En la propia audiencia, notificó al peticionario de amparo la resolución de revisión de medida cautelar pronunciada, por haber estado presente José Roberto García Hernández, durante su emisión. De lo narrado, se colige que el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, cumplió con los extremos de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, ya que dejó insubsistente el auto reclamado, señaló día y hora para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual se desarrolló en los términos apuntados, concedió oportunidad a las partes para debatir sobre ese tópico y, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, pronunció la resolución correspondiente, en la que determinó la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra. Por ello, se considera que se ha restituido al peticionario de amparo en el goce de la garantía que se estimó vulnerada. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO)SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos los oficios signados por el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de octubre pasado (foja 175), remite el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial administrativa 122/2017/CHOLULA de su índice, contenido en un disco versátil digital (DVD), que cuenta con sello del órgano jurisdiccional y firma del servidor público que lo expidió. En consecuencia, con el contenido del oficio agregado en acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso (foja 175), así como con los diverso comunicados y anexo de cuenta, dese vista al quejoso, a la tercera interesada y la autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos los oficios signados por el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de octubre pasado (foja 175), remite el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial administrativa 122/2017/CHOLULA de su índice, contenido en un disco versátil digital (DVD), que cuenta con sello del órgano jurisdiccional y firma del servidor público que lo expidió. En consecuencia, con el contenido del oficio agregado en acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso (foja 175), así como con los diverso comunicados y anexo de cuenta, dese vista al quejoso, a la tercera interesada y la autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."
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