Jose Roberto Cervantes Brito
Expediente 1235/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Israel Daniel Diaz Cuautle (Defensor)
- Jose Roberto Cervantes Brito
- ISRAEL DANIEL DIAZ CUAUTLE (DEFENSOR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, remite copia certificada de la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en los autos de la causa penal ******************** (materia del acto reclamado), así como de la constancia de notificación al recurrente del amparo; en tal sentido, no resulta necesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualiza una causa de sobreseimiento e improcedencia notoria e indudable, como enseguida se evidenciará. En el caso que nos ocupa se tiene que el quejoso ********************a través de su defensor particular, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis y, turnado el veinticinco siguiente a éste órgano federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que hizo consistir en la omisión de dictar la resolución correspondiente en la causa penal ********************, del índice de la autoridad responsable. Mediante proveído de veintiséis de agosto del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a la autoridad responsable su informe justificado. En ese sentido, al rendir su informe justificado la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, convino en la existencia del acto reclamado, precisando que el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso ********************, al considerarlo responsable del delito de violación, previsto y sancionado por los artículos 267 del Código de Defensa Social para el Estado, sin embargo, fue notificada el nueve de septiembre pasado, como se advierte de las documentales que con ésta fecha se acuerdan, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XXII (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Esto es así, ya que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis) la omisión sí existía (pues no se había notificado al recurrente del amparo o a su defensor particular), se tiene que, al haberse dictado la resolución correspondiente en la causa penal ******************** (materia del acto reclamado) y notificado al aquí quejoso el nueve de septiembre pasado, entonces, cesaron los efectos de dicho acto. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía individual transgredida, de impartición de justicia, contenida en el artículo 17 Constitucional. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio. Por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Comuníquese lo anterior a las partes; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla fue omisa en dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de veintiséis de agosto pasado en el que se estableció que al momento de rendir su informe justificado remitiera copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en consecuencia se significa a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla que tal como se le hizo saber en el acuerdo admisorio de demanda si durante el plazo que le fue otorgado para rendir su informe justificado, no remite copia certificada completa y legible de las constancias de donde deriva el acto reclamado, esto es, de la sentencia dictada en el proceso ******************** de su índice********************así como de la constancia con la que acredite que notificó al sentenciado (aquí quejoso)********************se hará acreedora a la multa con la que se le conminó en auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis remite copia certificada, entre otras constancias de la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil quince en la que consta que el promovente Israel Daniel Díaz Cuautle es defensor particular del quejoso José Roberto Cervantes Brito; por lo que, en términos de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo se tiene por acreditada la personalidad con la que compareció dicho promovente, para los efectos legales correspondientes.
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