José Roberto Andrade Rivez Gutiérrez

Expediente 1048/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1048/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • José Roberto Andrade Rivez Gutiérrez
  • Rogaciano Alba Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta, que envía el Director Técnico en ausencia de la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", mediante el cual rinde su informe justificado, únicamente para que obren como corresponda, toda vez que fueron presentados en forma extemporánea a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, la cual culminó con la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con quince minutos del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio número 1048/2018. Estando en audiencia pública el licenciado Amado Chiñas Fuentes, juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Mendoza García, secretario que autoriza y da fe, procede a la celebración de la referida audiencia, sin la asistencia personal de las partes. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, Rogaciano Alba (segundo apellido ilegible), José Daniel Villalobos Sánchez, Alfredo Ríos Galeana, Ángel Eduardo Prado Rdz, José Luis Galván Alvarado, Luis Servando Gómez Patiño, Rafael Álvarez Ayala, Mateo Díaz López, Daniel Arizmendi López, Ángel Giovani Torres Torija, Roberto Fujiyama Lozano Apodaca, Noel Salgueiro Nevarez y Ciro González (segundo apellido ilegible), demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Director General, Comité Técnico, Director de Administración, Subdirector de Administración y Jefe de Oficina de Elaboración de Alimentos o Jefe de Oficina de Preparación de Alimentos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de conformidad con el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE COMÚN JOSÉ DANIEL VILLALOBOS SÁNCHEZ. Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con el licenciado Ricardo Mendoza García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Décimo Tercer Circuito, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 156/2019, interpuesto por el quejoso Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; acúsese recibo de estilo. En ese tenor, toda vez que dicho Tribunal declaró fundado el recurso de queja promovido por el quejoso y revocó el acuerdo dictado por este juzgado de Distrito el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en que se desechó su demanda; en consecuencia, al respecto se provee. Vista la demanda de amparo que promueven Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, Rogaciano Alba (segundo apellido ilegible), José Daniel Villalobos Sánchez, Alfredo Ríos Galeana, Ángel Eduardo Prado Rdz, José Luis Galván Alvarado, Luis Servando Gómez Patiño, Rafael Álvarez Ayala, Mateo Díaz López, Daniel Arizmendi López, Ángel Giovani Torres Torija, Roberto Fujiyama Lozano Apodaca, Noel Salgueiro Nevarez y Ciro González (segundo apellido ilegible), contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "Cps-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías, sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión, por no haberse solicitado; pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Por otra parte, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibida que de no hacerlo, se les impondrá cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), de multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. De conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez. Sin que haya lugar, a girar oficio a la Delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta localidad, toda vez que los quejosos aducen en su escrito de demanda "no es nuestro deseo designar algún tipo de defensor, asesor, apoderado o autorizador, por así convenir a nuestros intereses". Téngase a los agraviados señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS" de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por tanto, por conducto del Actuario adscrito, notifíquese este proveído al representante común de los quejosos, en el citado centro penitenciario, haciéndole entrega de copia autorizada del proveído de referencia, debiendo asentar dicha circunstancia en el acta respectiva. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS EN EL CEFERESO NÚMERO "13", EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.

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