Jose Rios Martinez y Otros.

Expediente 566/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
566/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Jose Rios Martinez y Otros.
  • Sara Graciela Martinez Garcia y Otros.
  • Jennifer Aileen Vásquez Barrios y Otros.
  • Sara Graciela Martinez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I, por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ********************, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que en acuerdo de veinticinco de mayo del presente año, la registró con el número 506/2023 y declinó competencia por territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz (fojas 30-34 ). TERCERO. No se acepta competencia. En auto de dos de junio de este año, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en el expediente de amparo 297/2023, rechazó la competencia planteada y ordenó devolver los autos (fojas 37-43). CUARTO. Conocimiento previo. En acuerdo de nueve de junio del presente año, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, tuvo por recibido nuevamente el expediente de amparo y lo remitió por conocimiento previo a este órgano de control, al advertir la actualización del supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 47-50). QUINTO. Se acepta conocimiento previo. En auto de trece de junio del año en curso, este juzgado de Distrito radicó el asunto con el número ******************** y admitió la demanda a trámite (fojas 51-57), solicitó a las autoridades responsables informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, emplazó al tercero interesado y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que los actos reclamados de las autoridades responsables, son los siguientes: 1.- De la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Las notificaciones de los acuerdos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós; seis de enero, veinte de febrero y veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, sin seguir las formalidades previstas en el artículo 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (legislación aplicable en el asunto de origen) . El acuerdo de diecisiete de abril del presente año, en el que hicieron efectivos los apercibimientos decretados en los autos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero, veinte de febrero y veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, imponiendo multa a los quejosos y ordenando dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que integrara la correspondiente carpeta de investigación, por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional. 2.- Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3.- De la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; y 4.- Del Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Las consecuencias derivadas de los citados acuerdos, traducidas en el cobro de la multa impuesta y la orden de que se integre la correspondiente carpeta de investigación contra los quejosos por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación del Secretario y Coordinador de Cobro Coactivo, ambos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y el Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, negaron los actos reclamados (fojas 66-67 y 75). En abundamiento, el citado Director de lo Contencioso agregó que en términos de los artículos 6 y 7 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, al titular de la Secretaría no le compete emitir los actos administrativos reclamados; en tanto que el Coordinador de Cobro Coactivo no localizó registro de crédito derivado del acuerdo dictado el diecisiete de abril del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Aunado a ello, se aprecia que si bien en acuerdo de diecisiete de abril del presente año, se ordenó dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que integrara la correspondiente carpeta de investigación contra los quejosos por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional, lo cierto es que en las actuaciones no se aprecia se haya girado oficio para ese efecto. En esas condiciones, ante la negativa de las autoridades responsables, expuestas en sus informes justificados, correspondía a la parte quejosa aportar los medios de prueba que acreditaran la certeza de los actos reclamados consistentes en el cobro de la multa impuesta y la orden para integrar la correspondiente carpeta de investigación por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional, lo que no ocurrió en el caso; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procede sobreseer en el juicio respecto a dichas autoridades responsables. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Magistrado Titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, aceptó los actos reclamados (folios 77-80). Para corroborarlo, remitió copia certificada de diversas actuaciones del juicio de nulidad número 50/2020, a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. i. En el presente asunto, respecto al primer acto reclamado al tribunal responsable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal invocado, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". La porción normativa anteriormente transcrita establece dos causas de excepción al principio de definitividad: a) La primera consiste en que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional, lo cual implica que si la norma que determina la existencia y procedencia de un recurso, conforme al cual, es factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, admite más de una interpretación, entonces el justiciable, ante esa indefinición, puede optar entre agotarlo o concurrir directamente al juicio de amparo y, en ese supuesto, no le será reprochable su falta de interposición. b) La segunda, se actualiza cuando el fundamento resulta insuficiente para determinar la procedencia del recurso. De no actualizarse ninguno de los casos de excepción señalados, el quejoso estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa procedente contra los actos reclamados. En el caso concreto, los peticionarios del amparo señalan como acto reclamado de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, las notificaciones de los acuerdos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós; seis de enero, veinte de febrero y veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, argumentando en esencia: i) Las notificaciones se realizaron de manera genérica al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, cuando debió ser de manera individual y personal siguiendo las formalidades previstas en el artículo 173, fracción II, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (legislación que no es aplicable como ya se explicó). ii) La ilegalidad de tales notificaciones los coloca en una situación de terceros extraños por equiparación, por haberse contravenido las formalidades esenciales del procedimiento. iii) No se convalidan las notificaciones por el hecho de que se hubieran realizado al Presidente Municipal y Síndica Hacendaria, porque el primero es un representante político del Municipio y la segunda es la representante jurídica del ente oficial. Con base en lo anterior es factible concluir que contra las notificaciones que se aducen ilegales de los acuerdos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero, veinte de febrero y veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, la parte quejosa debe agotar, previo a la promoción del amparo, el incidente de nulidad de actuaciones que prevén los artículos 144 y 145 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que señalan: "Artículo 144.- Las notificaciones que no se realicen en la forma que establecen las disposiciones relativas, serán nulas. Artículo 145.- Las partes afectadas por una notificación irregular, deberán pedir su nulidad en la actuación subsiguiente en la que intervengan de lo contrario quedará aquella convalidada. Toda notificación irregular u omitida se entenderá legalmente hecha a partir del día en que el interesado se ostente conocedor de su contenido". En efecto, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte con total claridad que el legislador local previó que la nulidad de actuaciones por defecto en las notificaciones puede reclamarse mediante el incidente relativo en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, queda revalidada de pleno derecho. En este sentido, como la legislación señalada dispone clara y textualmente que el incidente de nulidad de notificaciones procede contra las hechas en forma distinta a la prevenida en la ley, sí debió agotarse su promoción, previo al juicio constitucional, en tanto que constituye el medio de defensa ordinario idóneo que tiene por efecto revocar, modificar o anular las notificaciones irregulares de los acuerdos relacionados. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que dicha restricción opera sólo contra notificaciones previas a dicha resolución, no contra las posteriores, máxime que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una notificación defectuosa, así pueda decidirse y declararse en el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de notificaciones, contra las pronunciadas después de dictada la sentencia. De ese modo, la omisión en la promoción del medio de defensa aludido, es imputable a los quejosos al no haberlo hecho valer en la actuación subsecuente, lo que implica la insatisfacción del principio de definitividad que rige el juicio constitucional, dado que éste es un juicio extraordinario al cual sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, pues en esto estriba precisamente dicho principio. En caso contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del tribunal de origen. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 178685, del tenor: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo". Como se observa, el propio Alto Tribunal de la Nación ha definido que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra los autos pronunciados después de dictada la sentencia; lo cual corrobora plenamente que no se requiere de interpretación adicional, por lo que no se surte la respectiva excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017808, del tenor: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla". Además tiene aplicación la tesis XXIV.1o.4 C del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, registro digital 180849, que señala: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES NECESARIO AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). La interpretación sistemática de los artículos 621 y 630 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo". De tal manera que el incidente de nulidad de actuaciones es el medio de defensa ordinario idóneo y eficaz para modificar, nulificar o revocar las notificaciones debatidas y se resuelve en breve término [el trámite lo contempla el artículo 198 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca], y por ello debió agotarse antes de acudir al amparo, sin que pueda afirmarse que esta exigencia pugne con el artículo 17 constitucional ni con el numeral 25, numeral I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (recurso efectivo). Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005717, del tenor: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Aunado a ello, los aquí quejosos intervinieron como demandados en el juicio de nulidad de donde emanan los actos reclamados, por lo que no pueden ser considerados como terceros extraños al mismo; máxime que la acción constitucional se ejerce por derecho propio, de ahí que se encuentren obligados a agotar el principio de definitividad. Fortalece lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/259 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registro digital 175974, del tenor: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". En abundamiento, se destaca que atendiendo a las directrices que ha delineado el Máximo Tribunal del País, debe agotarse el incidente de nulidad contra las notificaciones que se estiman defectuosas, y para el supuesto de que dicho incidente resulte fundado, deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad. Es aplicable, por su sentido, la jurisprudencia P./J. 20/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181523, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada". Tampoco se actualiza una excepción al principio de definitividad por el hecho de que los peticionarios del amparo aduzcan que la ilegalidad de las notificaciones violan en su agravio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues ello no lo releva de la obligación de agotar el incidente de nulidad antes señalado, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de los quejosos, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podrían optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En las relatadas consideraciones, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ii. En el presente asunto, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, del ordenamiento legal citado, que estatuyen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Para demostrarlo, es conveniente señalar que de conformidad con la primera y segunda disposiciones transcritas, el amparo es improcedente contra actos tácitamente consentidos, es decir, aquéllos que no sean reclamados oportunamente. Conforme al tercer precepto, el plazo general para promover el amparo es computable a partir del día siguiente: i) En que surta efectos la notificación del acto, conforme a la ley que lo rige; ii) En que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; o, iii) En que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado. Como se adelantó, en este asunto la parte quejosa señala como actos reclamados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: Las notificaciones de los acuerdos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós; seis de enero, veinte de febrero y veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, sin seguir las formalidades previstas en el artículo 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (legislación aplicable en el asunto de origen). El acuerdo de diecisiete de abril del presente año, en el que hicieron efectivos los apercibimientos decretados en los autos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero, veinte de febrero y veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de nulidad número 50/2020, imponiendo multa a los quejosos y ordenando dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que integrara la correspondiente carpeta de investigación, por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional. De tales actos reclamados la parte quejosa fue notificada en fechas diversas a la que manifestó en su demanda de amparo ["bajo protesta de decir verdad", adujo que tuvo conocimiento de los actos reclamados el tres de mayo de dos mil veintitrés]. En ese tenor, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se advierten de las constancias, mismas que ya fueron valoradas con anterioridad, cuyo examen revela lo siguiente. a) En auto de once de noviembre de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el expediente número 50/2020, requirió a los aquí quejosos, en su carácter de integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días hábiles cumplieran con la sentencia dictada en el juicio de origen, haciendo pago al actor Silvano Cruz Salinas, aquí tercero interesado, de las cantidades a que fueron condenados; en su caso, presentaran propuesta de pago para cerrar el ejercicio fiscal 2022 y para el presupuesto de egresos 2023, apercibidos que de no hacerlo se les impondría multa de forma individual de ciento cincuenta unidades de medida y actualización. Dicho acuerdo les fue notificado por correo certificado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 142, fracción I y 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (fojas 82-96, 104-110). b) En acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se impuso multa a los peticionarios del amparo de ciento cincuenta unidades de medida y actualización. Asimismo, se les requirió nuevamente para que dentro del plazo de tres días hábiles cumplieran con la sentencia dictada en el juicio de origen, haciendo pago al actor Silvano Cruz Salinas, aquí tercero interesado, de las cantidades a que fueron condenados, apercibidos que de no hacerlo se les impondría multa de forma individual de doscientas unidades de medida y actualización. Dicho acuerdo les fue notificado por correo certificado el treinta y uno de enero del presente año, en términos de los artículos 142, fracción I y 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (fojas 111-112, 115-128, 134-137). c) En proveído de veinte de febrero de este año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de enero del año en curso y se impuso multa a los peticionarios del amparo de doscientas unidades de medida y actualización, y se ordenó dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que integrara la correspondiente carpeta de investigación contra los quejosos por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional. De igual forma, se les requirió nuevamente para que dentro del plazo de tres días hábiles cumplieran con la sentencia dictada en el juicio de origen, haciendo pago al actor Silvano Cruz Salinas, aquí tercero interesado, de las cantidades a que fueron condenados, apercibidos que de no hacerlo se les impondría multa de forma individual de doscientas cincuenta unidades de medida y actualización. Dicho acuerdo les fue notificado por correo certificado el siete de marzo del año en curso, en términos de los artículos 142, fracción I y 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (fojas 138-139, 141-153, 157-164). d) En auto de veintidós de marzo de esta anualidad, ante las inconsistencias advertidas en cuanto a las denominaciones de las autoridades, se dejaron sin efecto las notificaciones de los acuerdos de once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero y veinte de febrero de dos mil veintitrés, instruyendo a la Actuaria notificara de nueva cuenta tales proveídos a los aquí quejosos y los apercibiera que de incumplir se harían efectivos los apercibimientos contenidos en los mismos. En cumplimiento a ello, la Actuaria notificó por correo certificado los acuerdos de once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero y veinte de febrero de dos mil veintitrés, el cuatro de abril del año en curso, en términos de los artículos 142, fracción I y 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (fojas 165-179, 184-186). e) En acuerdo de diecisiete de abril del presente año, se hicieron efectivos los apercibimientos decretados en los acuerdos de once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero y veinte de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se impuso multa a los peticionarios del amparo y se ordenó dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que integrara la correspondiente carpeta de investigación contra los quejosos por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional. De igual forma, se les requirió nuevamente para que dentro del plazo de tres días hábiles cumplieran con la sentencia dictada en el juicio de origen, haciendo pago al actor Silvano Cruz Salinas, aquí tercero interesado, de las cantidades a que fueron condenados, apercibidos que de no hacerlo se les impondría multa de forma individual de trescientas unidades de medida y actualización. Dicho acuerdo les fue notificado por correo certificado el veintisiete de abril del año en curso, en términos de los artículos 142, fracción I y 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (fojas 187-188, 192-204, 206-209). Con base en lo expuesto, resulta que la demanda de amparo es extemporánea, como se expone en el siguiente cuadro: ACTO RECLAMADO FECHA DE LA NOTIFICACIÓN (surten efectos el día hábil siguiente) PLAZO DE 15 DÍAS PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO DÍAS INHÁBILES FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO -OCC- Acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós. Veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de diciembre de 2022. 24/05/2023 Acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés. Treinta y uno de enero del presente año. Del dos al veintitrés de febrero del año en curso. 4, 5, 6, 11, 12, 18 y 19 de febrero de 2023. 24/05/2023 Acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Siete de marzo del año en curso. Del nueve al treinta y uno de marzo de este año. 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25 y 26 de marzo de 2023. 24/05/2023 Acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Cuatro de abril del año en curso. Del once de abril al dos de mayo del presente año. 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de abril, y 1 de mayo de 2023. 24/05/2023 Acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Veintisiete de abril del año en curso. Del dos al veintitrés de mayo del año en curso. 5, 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de mayo de 2023. 24/05/2023 Por consiguiente, los actos reclamados deben considerarse como tácitamente consentidos, ya que la parte quejosa no los reclamó oportunamente; máxime que no se trata de alguno de los casos de excepción previstos en las fracciones I a IV del numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. Es aplicable, por su sentido, la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, registro digital 2004823, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". No pasa desapercibido que los quejosos acompañaron a su demanda de amparo el oficio PM/190/05/2023, de dos de mayo del año en curso (foja 28), signado por el Presidente Municipal de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, dirigido a la Sindica Hacendaria del mismo municipio, mediante el cual le adjunta el proveído de diecisiete de abril del año en curso, dictado en el juicio de nulidad número 50/2020, en el que hicieron efectivos los apercibimientos decretados en los autos dictados el once de noviembre de dos mil veintidós, seis de enero y veinte de febrero del año en curso, imponiendo multa a los quejosos y ordenando dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que integrara la correspondiente carpeta de investigación, por desacato a las órdenes de la autoridad jurisdiccional. Empero, tal oficio no es el punto de partida para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, sino que en los términos ya indicados, las fechas que deben considerarse para ese efecto, son aquellas en que se practicaron las notificaciones por medio de correo certificado, de conformidad con los artículos 142, fracción I y 143, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. En las relatadas consideraciones, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos reclamados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; a la parte quejosa en forma electrónica y de manera personal al tercero interesado.

  3. Principal

    PREVIO AVISO... E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos reclamados de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; a la parte quejosa en forma electrónica y de manera personal al tercero interesado.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la magistrada Titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia y Especializada en Controversias entre los municipios y sus agencias, del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante el cual remite la constancia que acredita el emplazamiento del tercero interesado ********************; lo anterior para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, tomando en consideración las constancias anexas al oficio de cuenta, en específico la comparecencia de diez de agosto actual, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del tercero interesado ********************, el ubicado en avenida ********************, número ********************, colonia del ********************, ********************, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

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