José Rigoberto Tirado Guzmán

Expediente 129/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
129/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • José Rigoberto Tirado Guzmán
  • Magistrados Propietarios de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos sin mayor determinación, el escrito firmado por Mónica de Fátima Gómez Llanos Juárez; lo anterior, toda vez que no es parte en el presente controvertido constitucional.

  2. Principal

    Juicio de amparo 129/2018-F En veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta al juez con la certificación de esta misma fecha y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que el promovente no interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta de enero de la presente anualidad -fojas 34 a 36-, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el dos de marzo de dos mil veintitrés. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial en Toluca, Estado de México, el dos de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.Así, lo acordó y firma el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.FCG/CIBN/sob

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, al promovente del presente controvertido constitucional, por los motivos que en la misma expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, y 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquesele el aludido acuerdo, así como los subsecuentes autos, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado.Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firma el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/S´CIBN/sob

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Rigoberto Tirado Guzmán, de propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia Mexicali, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 129/2018-F. Análisis de la demanda Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda que se atiende se aprecia que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del toca civil 1495/2017, de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia Mexicali, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de doce de junio del año próximo pasado, en el juicio sumario civil 117/2011 del índice del Juzgado Décimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se aprobó el remate en segunda almoneda celebrado el veinte de abril de dos mil diecisiete. Acto respecto del cual se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la legislación en comento, textualmente dicen: "Artículo 61.- El amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Ahora, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la cual opera incluso tratándose de los procedimientos de remate, supuesto en el que sólo puede reclamarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, la causa de improcedencia invocada, tiene como finalidad evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, pues en caso contrario existiría la posibilidad de que en contra de cada acto pronunciado dentro de esta fase, existiera un juicio biinstancial, de lo que se obtendrían tantos juicios de amparo como violaciones procesales en la misma. En esa óptica, como se adelantó la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1495/2017, de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia Mexicali, quien confirmó en grado de apelación el auto de doce de junio del año próximo pasado, en el que se aprobó el remate en segunda almoneda celebrado el veinte de abril de dos mil diecisiete, en el juicio sumario civil 117/2011 del trámite del Juzgado Décimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana; por lo que, este órgano jurisdiccional considera que dicho acto no constituye en sí la última actuación en el procedimiento de remate, es decir, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, abril de 2016, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Rigoberto Tirado Guzmán, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia Mexicali, y de otras autoridades. Domicilio y autorizado Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los mencionados en el escrito de cuenta, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el mismo. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente...se notifica al promovente, el auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, emitido en autos del expediente que al rubro se anota, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley, a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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