José Rigoberto Tirado Guzmán
Expediente 307/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2018
Partes del expediente
- José Rigoberto Tirado Guzmán
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, dígase a la ocursante que no ha lugar acordar de conformidad su petición, virtud que no tiene acreditada personalidad dentro del presente juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra de la determinación de siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante la cual se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, se declara que la misma ha causado estado; realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del mismo. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el presente juicio es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el treinta de marzo de dos mil veintidós. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, Estado de México, el treinta de marzo de dos mil veinte..
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA ..., EL ACUERDO DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 307; PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"...Vista la demanda de amparo promovida por José Rigoberto Tirado Guzmán, de propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número 307/2017-B. Ahora, del estudio íntegro de la demanda que se atiende se aprecia que el quejoso reclama esencialmente la falta de notificación y citación al procedimiento de remate que lleva a cabo el Juez Décimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio civil 117/2011, así como la orden para sacar en remate mediante subasta pública el inmueble del cual se ostenta como acreedor registral. Actos respecto de los cuales se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la legislación en comento, textualmente dicen: "Artículo 61.- El amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Ahora, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la cual opera incluso tratándose de los procedimientos de remate, supuesto en el que sólo puede reclamarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, la causa de improcedencia invocada, tiene como finalidad evitar abusos sobre la figura del juicio de amparo, lo que se obtendría de admitirse éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, debiendo limitarse a la impugnación de la última resolución que se dicte en la fase ejecutiva, pues en caso contrario, existiría la posibilidad de que en contra de cada acto pronunciado dentro de dicha etapa, existiera un juicio biinstancial, de lo que se obtendrían tantos juicios de amparo como violaciones procesales en la misma. A más, como se adelantó la parte quejosa señala como actos reclamados la falta de notificación y citación al procedimiento de remate que lleva a cabo el Juez Décimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio civil 117/2011, así como el proveído en el cual se ordenó sacar a remate el inmueble materia de la litis en dicho juicio, por lo que, este órgano jurisdiccional considera que dichos actos no constituyen la última actuación en el procedimiento de remate, es decir, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y de la entrega del bien rematado. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, abril de 2016, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Rigoberto Tirado Guzmán, de propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en el escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
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