José Ricardo Romero Potenciano
Expediente 773/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Ricardo Romero Potenciano
Actuaciones
- Principal
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de tres de junio de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Ricardo Romero Potenciano y Ana María Romero López, transcurrió para el promovente del once al diecisiete del mes en curso, sin que lo interpusieran. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, y en virtud que se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del referido acuerdo, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del aludido acuerdo, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de junio de dos mil quince. Vista la razón de cuatro de este mes y año, de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que hace constar que no le fue posible notificar el auto de tres de junio de esta anualidad a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, 29 y 31, de la Ley de Amparo en vigor, notifíquese a la parte quejosa dicho proveído y los subsecuentes aún los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. Notifíquese... --------------I n s e r c i ó n -------------- "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de junio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por José Ricardo Romero Potenciano y Ana María Romero López, contra actos de la Junta Especial número Tres de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclaman el acuerdo dictado en la etapa de demanda y excepciones celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, en el cual no se les reconoció la personalidad para comparecer a juicio a los apoderados nombrados por los aquí quejosos; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 773/2015; al efecto se provee: Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". Dicha norma legal precisa, que por actos en juicio de imposible reparación, debe entenderse a los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, la parte medular del acto reclamado, derivado del expediente laboral 477/2015 y 478/2015 y sus acumulados, lo hacen consistir en el acuerdo dictado en la etapa de demanda y excepciones celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, en el cual no se les reconoció la personalidad para comparecer a juicio a los apoderados nombrados por los aquí quejosos, por no acreditar ser licenciados en derecho y en consecuencia se tuvieron por admitidos los hechos de la demanda sobre los que no se suscitara controversia . Ese acto no se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 107, fracción V, de la ley rectora del juicio de amparo, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en tanto que dicho acto autoritario no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de los quejosos en forma presente, en virtud de que a través del mismo, la junta responsable no reconoció la personalidad para comparecer a juicio de los apoderados nombrados por los aquí quejosos, lo que constituye propiamente una cuestión de índole adjetiva, que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, caso en el cual podrán alegarse como violaciones procesales en el juicio de amparo directo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Es importante destacar que por el desechamiento de la demanda no se impide el acceso a la justicia a la parte quejosa, pues, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Téngase a los quejosos señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indican en su demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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