José Ricardo Murrieta León
Expediente 565/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Ricardo Murrieta León
Actuaciones
- Principal
Mesa IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del secretario encargado del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 784/2016 y de origen 405/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, toda vez que como se encomendó notificó personalmente al quejoso José Ricardo Murrieta León, el proveído dictado el treinta de marzo del año en curso; en tales condiciones, regístrese la baja de la citada comunicación oficial en el libro respectivo. Ahora, vistos los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que la notificación del proveído de treinta de marzo del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Ricardo Murrieta León, se hizo correctamente al promovente el siete de abril del presente año, notificación que surtió efectos el ocho siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia en vigor, para interponer el recurso de queja, transcurrió del once al quince del actual; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental. Por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Mesa IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por José Ricardo Murrieta León, contra actos del titular de la dirección general del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, consistente en la devolución de los productos de tienda adquiridos y que le fueron retirados por personal de dicho centro penitenciario. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 565/2016 que le correspondió. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso reclama de la autoridad responsable, la devolución de los productos de tienda adquiridos y que le fueron retirados por personal de dicho centro penitenciario. Ahora bien, se considera conveniente señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En el caso, se estima se actualiza la improcedencia del juicio prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 1° Constitucional en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, ya que el acto del que se duele el quejoso no tienen una ejecución que sea de imposible reparación. Se estima así, pues la Carta Magna ordena respetar Derechos Humanos en sus expresiones mínimas de los ciudadanos y conforme al principio de progresividad, en la medida de lo posible, atento a los recursos humanos y materiales, ir avanzando gradualmente en la satisfacción de necesidades de los internos siendo prioritario aquéllas básicas para su subsistencia y en el caso las que reclama no cumple tales estándares. En ese orden, el acto reclamado por el promovente del amparo, no tiene efectos de imposible reparación sobre derechos sustantivos, ya que los mismos no se traducen en la afectación a los niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al interior de las prisiones del país de forma digna. Ello, toda vez que no puede dejarse de tomar en consideración que su estatus legal restringe ciertos derechos y libertades, por lo que si bien el Estado debe hacerse cargo de su manutención, esto es acorde a las posibilidades materiales de cumplimiento, sin que nunca pueda dejarse de otorgar el mínimo vital. Máxime que a través de la negativa reclamada no se hacen nugatorios sus derechos a la vida, salud y dignidad humana, como lo pretende hacer ver, sino sólo se limita el acceso a los bienes personales atento a las capacidades económicas y de operación de los Centros Federales de Readaptación Social, además de las medidas de seguridad propias de un centro de reclusión, que por el contrario garantizan la integridad personal de todas las personas que ahí se encuentran, a fin de prevenir eventualidades entre los internos o de estos con el personal del establecimiento. Luego, que sus inconformidades en relación a que se le devuelvan los productos de tienda adquiridos y que le fueron retirados por personal de dicho centro penitenciario, no son aspectos de los que se pueda ocupar el juicio de amparo. Al efecto, se ordena remitir copia certificada de la demanda de amparo, mediante oficio que al efecto se gire al titular de la dirección general del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones provea la petición del reo. Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo promovido por José Ricardo Murrieta León, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 1° Constitucional con relación al diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Toda vez que el quejoso José Ricardo Murrieta León, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que señala como domicilio para recibir notificaciones, las mismas practíquensele en dicho centro de internamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con inserción de este proveído notifíquesele el presente acuerdo mediante comunicación oficial que se gire vía fax y los subsecuentes que surjan, por lo que gírese atento despacho al juez de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, hasta en tanto se señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. En el entendido que por tratarse de un asunto de naturaleza penal, el juez requerido deberá proveer el despacho que se le envía dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que lo reciba; asimismo, hágase saber a dicha autoridad, que la notificación encomendada deberá hacerla en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo, y no de conformidad con la legislación que rige sus actuaciones. Se hace del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tienen derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE...
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