José Ricardo Ramos Loyo
Expediente 1121/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1121/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Ricardo Ramos Loyo
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el telegrama de cuenta remitido por el delgado del 2. Congreso del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 12361, con el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en autos. Cúmplase.
- Principal
(...)SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1121/2019 promovido por José Ricardo Ramos Loyo. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de diciembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este juzgado y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 10-13). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 20-23, 27-32, 100-101, 110-112, 116-121 y 126). Asimismo, se advierte que en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que entre los actos que no podían llevarse a cabo durante el periodo de la contingencia se encontraba la audiencia constitucional en este asunto, fijándose la misma para el día de hoy, según se ordenó por auto de cinco de agosto anterior, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio2 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad de un título de concesión del servicio de agua potable otorgado a y por el ayuntamiento responsable, así como el cobro y el corte de suministro de agua, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente su derecho humano a recibir el servicio de agua potable, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, en donde la parte quejosa precisó la participación individual de cada autoridad, se aprecia que los actos reclamados consisten en: Del 1. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz: el otorgamiento del título de concesión a la empresa Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de agua y saneamiento del municipio de Boca del Río, así como del Acuerdo por el que el órgano de gobierno aprueba la política tarifaria conforme a lo establecido en el referido título de concesión. Del 5. Instituto Metropolitano del Agua, en Veracruz, Veracruz: el debido cumplimiento de regular y supervisar la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano para la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso saneamiento y disposición final de las aguas dentro de los municipios de Veracruz y Medellín. De la 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de agua y saneamiento del municipio de Boca del Río, Veracruz: el cobro excesivo y corte de suministro de agua en el domicilio ubicado en calle Mar Egeo, número ciento treinta y cinco, Manzana 005, Lote 344, entre Costa de Marfil y Costa del Sol, fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz. Del 2. Congreso del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: la aprobación del referido título de concesión. Del 3. Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: el consentimiento del mencionado título de concesión. Y de la 4. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en Xalapa: la publicación del multicitado título de concesión. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia de los actos reclamados antes señalados. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos atribuidos al 5. Instituto Metropolitano del Agua, en Veracruz, Veracruz, en razón de que al rendir su informe justificado, dicha autoridad negó categóricamente haber omitido cumplir sus funciones de regular y supervisar la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano del Agua (fojas 27-32). Tampoco es cierto el acto reclamado atribuido a la 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, relativo al corte de suministro de agua reclamado. Lo anterior es así, en razón de que al rendir su informe justificado, dicha autoridad negó categóricamente haber ejecutado o estar por ejecutar algún corte en el suministro del servicio de agua potable prestado en el inmueble propiedad del quejoso, pues servicio no presenta adeudos de consumo (párrafo tercero de la foja 121). No pasa inadvertido que el quejosa exhibió el recibo de pago con folio Cab 17824714, expedido por la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (foja 8) sin embargo, de su contenido no se advierte que dicha autoridad pretenda dejar de suministrar el servicio de agua potable en el domicilio de su propiedad, ya que dicho documento no cuenta con apercibimiento alguno formulado en ese sentido para el caso de impago del importe allí consignado; es decir, no se aprecia una inminente ejecución del corte del servicio de agua reclamado. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dichas responsables, es decir, que éstas hayan ordenado, participado o ejecutado los referidos actos atribuidos a ellas; se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto a dichos actos reclamados, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al 1. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz, 2. Congreso del Estado de Veracruz, 3. Gobernador del Estado de Veracruz y 4. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, estos tres con residencia en Xalapa; así como a la 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Lo anterior en razón de que al rendir sus informes justificados, dichas autoridades reconocieron la existencia de los actos reclamados en particular a cada una de ellas (fojas 20-23, 100-101, 110-112, 116-121 y 126). Además, la certeza del título de concesión reclamado es implícita y no es objeto de prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la tesis3 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 65/20004 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. IMPROCEDENCIA ANALIZADA DE OFICIO Por cuanto hace a los actos reclamados atribuidos al: 3. Gobernador del Estado de Veracruz, consistente en el consentimiento del título de concesión reclamado; al 2. Congreso del Estado de Veracruz, relativo a la aprobación del aludido título de concesión y, a la 4. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, consistente en la publicación de aquél; de oficio, se estima que se concretan los motivos de improcedencia previstos en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Lo anterior, debido a que el quejoso no combatió por vicios propios la publicación de la norma reclamada atribuida a la autoridad identificada con el número 4, pues se advierte que omitió exponer conceptos de violación contra la misma. Asimismo, por lo que hace a los actos reclamados relativos al consentimiento y a la aprobación del título de concesión de que se trata, atribuidos respectivamente a las autoridades identificadas con los números 3. y 2., se observa que el quejoso tampoco expresó conceptos de violación contra esos actos. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL En efecto, los aludidos artículos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación de los preceptos legales transcritos, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando la parte quejosa omita impugnar por vicios propios (conceptos de violación o causa de pedir) el refrendo y la publicación de las normas generales, al ser un requisito expreso de la demanda necesario para la integración de la litis procesal. Asimismo, también se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda relativa no se expresen conceptos de violación contra el acto reclamado. Cabe señalar que los motivos de improcedencia señalados tienen sustento en el hecho de que la ausencia de conceptos de violación impide al órgano jurisdiccional emprender el análisis de constitucionalidad del acto reclamado, al no existir una causa de pedir por parte del promovente. Estimarlo en forma contraria, implicaría darle procedencia al juicio respecto de dos actos (refrendo y publicación de la norma impugnada) que, aunque fueron señalados como reclamados, no existiera motivo alguno que sustente la pretensión de constitucionalidad, a pesar de ser ello una carga de la quejosa, prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ante la ausencia no sólo de concepto de violación, sino de causa de pedir e, inclusive, sin advertir procedencia de la suplencia de la queja en beneficio de la impetrante, el Juez del conocimiento deberá decretar la improcedencia del juicio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues no existieran los elementos necesarios para dar curso a la pretensión de inconstitucionalidad de los actos reclamados. La necesidad de revisión de la existencia no sólo de conceptos de violación, sino de causa de pedir o suplencia de la queja, es una condición necesaria para la actualización del motivo de inejercitabilidad de la acción, en la medida que solamente de esta forma existirá certeza jurídica de que no hay elemento alguno para acceder a la pretensión de inconstitucionalidad no de la norma general (constitucionalidad material) sino de los actos legislativos (refrendo y publicación) respectivos (constitucionalidad formal). Aquí es oportuno indicar que si bien tanto el refrendo como la publicación de la norma general son parte del proceso legislativo, esta cuestión no es suficiente para estimar procedente el juicio. Como se expuso, el señalamiento expreso de aquéllos como actos de autoridad y su atribución a las emisoras, implica la necesidad de exposición de conceptos de violación que sustentan la pretensión de inconstitucionalidad formal, es decir, se trata de un análisis propio y exclusivo de esos actos; de modo que la determinación tomada en lo individual por cada uno de ellos, en nada afecta tanto la constitucionalidad formal de los restantes actos legislativos, como la material derivada, en su caso, del contenido de las normas jurídicas que también se destaquen como reclamadas. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.)5 del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se lee: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Hasta aquí dicho marco legal y jurisprudencial. SUBSUNCIÓN Sobre esas bases, se estima que se actualizan los motivos de improcedencia antes aludidos. En primer término, porque la parte quejosa omitió combatir por vicios propios la publicación de la norma reclamada atribuida a la autoridad identificada con el número 4, pues no expuso conceptos de violación contra la misma. Y además, porque dicha impetrante de garantías tampoco expresó conceptos de violación contra los actos reclamados relativos al consentimiento y a la aprobación del título de concesión de combatido, atribuidos respectivamente a las autoridades identificadas con los números 3 y 2. Lo que se sostiene, en la medida que se observa que la parte quejosa se limitó a exponer que en el título de concesión otorgado por el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz a la empresa Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de agua y saneamiento del municipio de Boca del Río, Veracruz, no se estableció debidamente la tarifa media de equilibrio que deberá ser suficiente en los costos derivados de la operación, mantenimiento y administración de los sistemas, tal como se dispone en los artículos 99 y 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, por lo que al no ajustarse a dichas disposiciones, se permite la aplicación de un cobro excesivo al libre criterio de dicha empresa responsable, violentándose con ello el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 5-6). Como se observa del reseñado y único concepto de violación, el mismo está diseñado u orientado para demostrar la inconstitucionalidad del título de concesión reclamado y que fue otorgado a la 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, señalado como responsable, sobre la premisa de que su otorgamiento por parte del Ayuntamientos de Boca del Río no se ajustó a los disposiciones contenidas en los numerales 99 y 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, sin que al efecto se observe que el quejoso haya esgrimido motivo de disenso dirigido a combatir por vicios propios los actos reclamados consistentes en el consentimiento, la aprobación y la publicación del título de concesión combatido en esta vía y que se atribuye respectivamente a las autoridades identificadas con los números 3, 2 y 4. Dicho en otras palabras, en el referido concepto de disenso nada se alega con relación a esos actos reclamados destacados, relativos al proceso legislativo que dio vida jurídica al título de concesión multicitado, sino que se centran exclusivamente en tratar de demostrar que la emisión de esa norma atribuida al 1. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz, no encuentra sustento ni respaldo constitucional por los motivos ya expuestos. Por tanto, atendiendo a que en el caso se trata de un asunto de estricto derecho, en el que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que se supla la deficiencia de la queja, el suscrito se encuentra impedido para verificar el estudio oficioso del mismo. Ello es así, porque los actos reclamados antes destacados, no están fundados en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; aunado a ello, en el caso, no están involucrados derechos de menores o incapaces y el auto reclamado no afecta el orden y desarrollo de la familia. Tampoco se advierte que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley y menos aún, se advierten circunstancias que permitan concluir que el peticionario del amparo se encuentra en condición de pobreza o marginación que lo haya dejado en clara desventaja social para su defensa en el juicio de origen. Cobra puntual aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.)6 que se lee: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." CONCLUSIÓN En esas condiciones, al actualizarse los motivos de improcedencia antes analizados, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63 fracción V, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados atribuidos respectivamente al 2. Congreso del Estado de Veracruz, al 3. Gobernador del Estado de Veracruz y, a la 4. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, todos con sede en Xalapa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 28/937 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Jurisprudencia que si bien se integró con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la misma resulta vigente y aplicable en tanto que no se opone a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. IMPROCEDENCIA INVOCADA POR LAS PARTES La autoridad responsable 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable manifiesta que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados respecto a la concesión que le fuera otorgada a ella, pues aduce que los mismos no trascienden ni afectan el interés jurídico de la parte quejosa, dado que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio, sin que éste se haya demostrado. Dicho motivo de improcedencia es infundado. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5, de la citada ley, así como contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se puede advertir que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, la parte quejosa deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. b) Aducir un interés legítimo, el cual debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En el caso, los actos reclamados en este juicio de amparo consisten, en: a) la aprobación, promulgación, publicación del título de concesión a la empresa Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y del acuerdo del citado Ayuntamiento que lo contiene, así como el b) cobro del servicio de suministro de agua en el domicilio del quejoso. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió la documentales consistentes en el original del aviso de facturación con folio Cab 17824714 a nombre de Ricardo Ramos Loyo respecto de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento contratados en el inmueble ubicado en calle Mar Egeo, número 135, manzana 005, lote 344, entre Costa de Marfil y Costa del Sol, fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz, así como copia de su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de dicha persona (fojas 8-9). Esas documentales tienen valor de indicio, no obstante adminiculadas entre sí, adquieren valor probatorio suficiente en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar plenamente que dicha persona tiene contratado en el domicilio que allí se menciona, los servicios de agua, drenaje y saneamiento con la empresa Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, inmueble respecto del cual se aduce se incrementó de manera excesiva su cobro. De ahí que deba considerarse que existe correspondencia entre los datos de identificación del quejoso con la persona que tiene contratados los servicios sobre el mismo (lo que la propia empresa responsable reconoció al insistir que estaba contratado el servicio con el registro 18094). Pero sobre todo, con esas documentales exhibidas se demuestra plenamente que el domicilio respecto del cual se reclama el cobro y corte del servicio de agua se encuentra ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, jurisdicción en la que precisamente tienen aplicación las tarifas del costo de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a que se refiere el título de concesión reclamado. También se demuestra que el recibo de cobro de los servicios aludidos, está dirigido directamente a su persona. De lo anterior, se concluye válidamente que el impetrante de garantías tiene interés jurídico para promover este juicio de amparo, debido a que acreditó ser el titular del servicio de agua contratado en el referido domicilio, pues el recibo que exhibió por el suministro de ese servicio aparece a su nombre, circunstancia que además reconoció la indicada autoridad responsable; así también, acreditó que ese domicilio se encuentra dentro de la jurisdicción en donde tienen aplicación las tarifas del costo de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento referidas en el título de concesión reclamado. Además, se considera que los actos reclamados producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, en la medida que ya desde el recibo de cobro que exhibió, de enero de dos mil dieciocho (foja 8) se aprecia que el monto a pagar por conceptos de servicio de agua, servicio de agua no doméstico, servicio de drenaje y servicio de saneamiento, más el impuesto al valor agregado, asciende a la cantidad de $888.54 (ochocientos ochenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional) por ende, es evidente que el solicitante del amparo se ve afectado con el inminente cobro de esos servicios de manera regular. Luego, al haberse exhibido las pruebas documentales con las que el quejoso acreditó ser usuario de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, respecto del cual tiene la obligación inminente y real de pago antes indicado, así como que su domicilio se localiza dentro del espectro jurisdiccional de aplicación del título de concesión reclamado, se acredita su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Máxime que de la constancia relativa al histórico de facturas exhibido por la empresa Compañía de Agua responsable (foja 160) se advierte que el servicio de suministro de agua de que se trata, se tiene contratado desde el año dos mil ocho, con lo que se constata que la parte quejosa es usuaria de esos servicios al menos desde esa época, además de que va seguir siéndolo durante el transcurso del tiempo, por ser una cuestión del suministro del líquido vital que es imprescindible en la vida del ser humano. De ahí, que se desestime el motivo de improcedencia invocado por la autoridad responsable. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito, la posible actualización de un motivo de improcedencia respecto de los actos reclamados, ya que se advierte que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para combatirlos, al no acudir previo a la promoción del presente juicio de amparo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y plantear el juicio contencioso administrativo contra aquéllos. En efecto, el artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, dispone: ".Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general.". De igual modo, las fracciones II y X, del artículo 280, del ordenamiento legal referido, establecen que procede el juicio contencioso contra: "(.) II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.) X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; (.)". De la fracción II del último numeral citado, se desprende que contra los actos reclamados consistentes en el cobro y corte del servicio de agua potable emitido por 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, de la fracción X del mismo artículo, se observa que contra el acto reclamado consistente en el título de concesión otorgado a la citada empresa, para la prestación de los servicios de agua y saneamiento del municipio de Boca del Río, así como el Acuerdo por el que el órgano de gobierno aprueba la política tarifaria conforme a lo establecido en el referido título de concesión, también procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Medio ordinario de defensa que se considera idóneo para modificar, revocar o nulificar dichos actos reclamados. Sin embargo, debe decirse que en el caso, se estima que opera la excepción al principio de definitividad aludido, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo8, que dispone que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio ordinario de defensa legal por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse, será optativo para la quejosa hacerlo valer o impugnar desde luego la norma a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque el quejoso reclama como primer acto de aplicación de las tarifas o política tarifaria aprobada en el Acuerdo tomado por el órgano de gobierno del municipio de Boca del Río, respecto del costo de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento y, que se contienen en el título de concesión reclamado, otorgado a la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de esos servicios, sin que la propia empresa defina la fecha en que iniciaron su vigencia las referidas tafias. Asimismo, en su informe justificado la 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, no acompañó constancia alguna que acredite que el recibo de pago exhibido por el mismo corresponden a la nueva tarifa aplicada, ni que se le han realizado los cobros subsecuentes al mismo. De allí, que opere la excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, al haberse reclamado una norma general contra su primer acto de aplicación, lo que también trae como consecuencia la procedencia del juicio de amparo respecto de los diversos actos reclamados consistente en el cobro y el corte del servicio de agua potable, al no poder desvincularse de aquélla. Máxime que dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. Asimismo y en relación con el acto específico del corte del servicio de suministro de agua, en el caso se actualiza diverso caso de excepción previsto para el citado principio de definitividad, puesto que del contenido de la demanda de garantías se advierte que el quejoso alega que los actos reclamados resultan directamente violatorios de disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior puesto que se transgrede lo dispuesto en el artículo 4 Constitucional, ya que indica que el corte de agua transgrede el derecho previsto en el citado numeral al derecho humano a acceso al agua potable. De esta forma, en el caso se actualiza una de las excepciones relativas al principio de definitividad puesto que de los razonamientos expresados por la parte quejosa, se aprecia que se argumentan violaciones directas a un precepto constitucional vinculadas con los actos aquí reclamados. Por último, al no existir diverso motivo de improcedencia propuesto por las responsables, aunado a que no se advierte diverso que deba analizarse de oficio, se pasa al examen de fondo de la cuestión planteada, conforme a los conceptos de violación de la promovente de amparo, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo algún precepto legal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."9 SEXTO. Constitucionalidad de los actos. En su demanda de amparo, el solicitante del amparo señala como actos reclamados al 1. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz: El título de concesión otorgado a la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín, así como el Acuerdo que contiene el aludido título de concesión, adoptado por el Órgano de Gobierno de Boca del Río, que aprueba la política tarifaria a aplicar conforme a lo establecido en el referido título de concesión, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Como conceptos de violación contra esa norma, la parte quejosa señala: "8- .permitiéndome manifestar que me vengo inconformando de lo anterior en virtud en que dicha concesión no se estableció debidamente la tarifa media de equilibrio que deberá ser suficiente los costos derivados de la operación, mantenimiento y administración de los sistemas tal y como se encuentra reglamentado en los artículos 99 y 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave y por lo que al no ajustarse dicho otorgamiento para prestar el servicio de agua y aplicarse un cobro excesivo al libre criterio de la hoy responsable es violatorio de mis derechos humanos, violentando el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (foja 5) Razonamiento que aun cuando se expresó en la parte final del capítulo de antecedentes, ello no impide que el mismo pueda considerarse como un concepto de violación, puesto que es criterio de Tribunales constitucionales que la demanda de amparo constituye un todo y por ello debe tomarse en cuenta toda manifestación que señale un agravio ocasionado por el acto reclamado sin importar su ubicación dentro del citado escrito. En el caso, de dicha transcripción no se aprecian de manera mínima los motivos por los cuales la parte quejosa sostiene que, en forma integral, el título de concesión otorgado a la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable responsable y el acuerdo que lo contiene, devienen inconstitucionales. Lo que se sostiene, en la medida que lo único que expuso en su demanda de amparo la parte quejosa, fue la transcripción de los numerales 99 y 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, para luego concluir de manera generalizada que en el otorgamiento del título de concesión a favor de la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, no se estableció debidamente la tarifa media de equilibrio que deberá ser suficiente en los costos derivados de la operación, mantenimiento y administración de los sistemas, lo que implica que el cobro por la prestación del servicio de agua sea excesivo y al libre criterio de la empresa aludida, violentando con ello el artículo 4° constitucional. Sin embargo, no se observa que dicho quejoso haya expuesto los razonamientos lógico-jurídicos del por qué, a su parecer, se contraviene de manera directa dicho dispositivo constitucional, pues sus manifestaciones resultan insuficientes, aun en su causa de pedir, para poder desentrañar la inconstitucionalidad pretendida de la norma, ya que ni siquiera precisó en qué porción en particular del título de concesión combatido se manifiesta la irregularidad que indica o, en todo caso, si se presenta en todas las disposiciones que dan vida a esa concesión. Ante ello, deben desestimarse por inoperantes los argumentos de la parte quejosa a través de los cuales pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, bajo la premisa de que el título de concesión es violatorio del artículo 4° constitucional, dado que, en su opinión, en su otorgamiento el municipio responsable no establecieron debidamente la tarifa media de equilibrio que deberá ser suficiente en los costos derivados de la operación, mantenimiento y administración de los sistemas, lo que permitió a la empresa responsable favorecida con esa concesión cobrar la prestación del servicio de agua de una manera excesiva y a su libre criterio. Así, puesto que la inconstitucionalidad de la norma se hace depender, del contenido de los artículos 99 y 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, debe resaltarse que dicho parámetro no es óptimo para verificar la regularidad constitucional de una norma, dado que los argumentos que se hagan valer en contra de algún precepto cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, no hacen posible cumplir con su finalidad consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la norma. De ahí, que la razón por la que la parte quejosa sostiene la inconstitucionalidad del título de concesión combatido, es decir, por la cual estima se autorizó a la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable responsable a realizar a su libre criterio y de una manera excesiva el cobro por la prestación del servicio de agua, deriva de una norma diversa. Lo anterior evidencia que el quejoso hace depender la ausencia de correspondencia del título de concesión impugnado con la Constitución Federal, a partir de un aspecto que es ajeno a dicha norma impugnada, lo cual torna inoperante su argumentación. En efecto, jurisprudencialmente se ha sustentado, suficientemente, que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma deriva de sus propias características, es decir, de su confrontación con el orden constitucional o derivado de la infracción indirecta a las exigencias y principios constitucionales que se deben respetar desde su confección, por lo que el vicio que le sea atribuido debe desprenderse de las hipótesis contenidas en los dispositivos que se estimen contrarios a la Constitución, pues sólo de esa forma se estará en aptitud de verificar si éstos son acordes o no con el texto y los principios derivados de la Norma Fundamental. Ilustra la consideración anterior, por analogía y en atención al criterio que informa, la jurisprudencia 2a./J. 71/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10, que se lee: "NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN. Si se toma en consideración que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, en contra de disposiciones generales, y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos." Así, no se puede pretender la desincorporación de los efectos jurídicos de una norma a partir de aspectos que, propiamente, no se desprenden del precepto normativo reclamado, sino de otro que lo detalla o le da operatividad. En tales condiciones, no existe materia para emprender el examen de constitucionalidad del título de concesión pretendido, dado que la hipótesis de la que se hace derivar su irregularidad no forma parte de las prescripciones que la integran y, por tanto, no hay modo de confrontar la regularidad del mismo con los principios que la parte quejosa estima inválidamente restringidos. De ahí, que quede evidenciada la inoperancia del único concepto de violación formulado por el quejos, al hacer depender la inconstitucionalidad del título de concesión de que se trata, de un aspecto que, emanado de una disposición diversa (Ley de Aguas del Estado de Veracruz) lo cual como se ha argumentado, no trae aparejado en automático su estimación de inconstitucional, máxime que la quejosa, como ya se vio, no formuló argumento alguno en el sentido de que el título de concesión reclamado es el que viola el orden constitucional. Se reitera que el concepto de violación del impetrante de garantías fue analizado bajo el contexto de que se trata de un asunto de estricto derecho, en el que no se advierten elementos de prueba o condiciones que actualicen alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que se supla la deficiencia de la queja. CONCLUSIÓN Por las razones ya expuestas, al resultar inoperantes los conceptos de violación, se niega a la quejosa la protección constitucional solicitada contra actos del 1. Ayuntamiento del Municipio de Boca del Río, Veracruz. Negativa que se extiende al acto atribuido a la 6. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, relativo al cobro del servicio de agua potable, al no haberse combatido por vicios propios, sino como acto de aplicación de los decretos impugnados. Pero además, como argumento adicional, debe decirse a la parte quejosa que, en virtud de que el acto de aplicación de la norma reclamada quedó desvinculado, ello actualizaría la improcedencia de su estudio en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra dicho acto no se agotó el principio de definitividad, dado que se omitió, previo a la promoción del juicio constitucional, acudir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y plantear el juicio contencioso administrativo en su contra. SÉPTIMO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Ricardo Ramos Loyo, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Ricardo Ramos Loyo, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución, en términos del considerando séptimo de esta resolución. Con fundamento en las fracciones II inciso a) y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido delpresente proveído por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Arturo González Virgen, con quien actúa y da fe.
- Incidental
I. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión, se señalan NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA MEDIDA SURTIRA EFECTOS UNA VEZ QE LA PARTE QUEJOSA EXHIBA EN CUALQUEIRA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY LA CANTIDAD DE LA DEUDA CONDICIONADA QUE TENGA EN EL MOMENTO DE LA PRESNTACION DE LA DEMANDA. por conducto de la actuaria. Autorización de copias y uso de amparos electrónicos.
- Principal
I. SE ADMITE la demanda de amparo, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión. Se autoriza la expedición de copias y uso de aparatos electrónicos.
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