José Ricardo Granados Guzmán

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • José Ricardo Granados Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el treinta de abril del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ RICARDO GRANADOS GUZMÁN contra actos del 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 265/2021; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que el quejoso reclama en esta instancia constitucional: el acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1255/2020 del índice del juzgado responsable en el cual dicha autoridad se niega a seguir conociendo del asunto y ordena remitir el expediente y actuaciones al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz. Ahora bien, en el acuerdo que se reclama - según de las constancias que anexó a su demanda - el juzgador responsable se negó a seguir conociendo del juicio 1255/2020 de su índice, formado con motivo del diverso juicio 460/2018 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esa ciudad, debido a que en la excusa planteada por ese juzgado, cesaron los efectos, por lo que ordenó la devolución del juicio en dos tomos y cuadernos de pruebas a su lugar de origen. Esto pone de manifiesto que el auto que pretende combatir en esta instancia el quejoso, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una actuación que afecta los derechos procesales del quejoso. Lo anterior es así, ya que si bien, la excusa atiende un aspecto subjetivo que afecta la imparcialidad del juzgador, lo cierto es que no necesariamente habrá de materializarse una afectación a la esfera jurídica de las partes, pues si quien se vea afectado con la actuación del juez obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, dicha afectación quedará sin efectos. En caso contrario, podrá combatir como violación procesal vía juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, como violación a las leyes del procedimiento siempre que haya trascendido al resultado del fallo, en términos de los artículos 171 y 172, fracciones X y XII de la Ley de Amparo, por lo que las violaciones procesales no son reclamables en amparo antes de que se emita la sentencia definitiva porque, como ya se dijo, no afectan derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "EXCUSA. NO ES ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. Cuando un Juez de primera instancia se excusa de conocer de una controversia jurisdiccional, y remite los autos a otro Juez para su conocimiento, esta actuación no puede incurrir en una afectación inmediata y directa del derecho fundamental a la jurisdicción, consignado en el artículo 17 constitucional, que redunde en perjuicio del quejoso, pues en el precepto constitucional sólo se dota al derecho a la jurisdicción de ciertas características esenciales, como: a) La expeditez de los tribunales para impartir justicia en los plazos y términos fijados en las leyes; b) La exigencia de que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; c) La gratuidad del servicio, con la consecuente prohibición de costas judiciales; y d) El mandamiento a las leyes federales y locales para establecer los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Por tanto, la regulación de las causas de impedimento no se encuentra contemplada en la Constitución, sino en la normativa legal de los procedimientos judiciales, dentro del desarrollo del concepto términos que fijen las leyes, contenido en el citado artículo constitucional. Así, la posible infracción a las reglas atinentes a las excusas o a los impedimentos puede generar, en su caso, una infracción a las leyes del procedimiento, lo cual sólo aterrizaría en una violación mediata o indirecta del derecho a la jurisdicción. En esas condiciones, si el acto reclamado sólo es susceptible de conculcar indirectamente un derecho sustantivo de base constitucional y configuración y desarrollo legal, eso es suficiente para decidir la improcedencia del juicio de amparo indirecto, por no quedar comprendido en la definición de actos en juicio que tengan una ejecución de imposible reparación." Así como la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado del fallo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haberse excusado del juicio de origen. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Se les tiene como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, puesto que no acreditaron la calidad de licenciados en Derecho, al no encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicaran por la vía electrónica. Haciéndole del conocimiento que las notificaciones que se realizaran en dicho modo, serán las que señala el artículo 26 párrafo I de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "GRANADOS" en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DOMICILIO CONVENCIONAL Asimismo, toda vez que señala para oír y recibir notificaciones el correo lizzzgranados@gmail.com, sin embargo, omitió proporcionar un número telefónico a fin de estar en condiciones de efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante la persona autorizada, por ello, por el momento no ha lugar a acordar de conformidad; por lo que, una vez que proporcione un número de teléfono móvil para que, como lo solicita, se le hagan las notificaciones por medio del correo electrónico que proporciona, y para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, se proveerá lo procedente. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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