José Ricardo Murrieta León y Otros.
Expediente 1348/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Ricardo Murrieta León y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 11 a 13), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ....; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la diligencia de notificación que antecede, en relación al auto de ocho de agosto del año en curso, se tiene al quejoso ...., aclarando su demanda de amparo, y manifestando que su demanda de amparo, la promovió con la finalidad para que sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente". Por lo anterior, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de las constancias de autos se advierte que el quejoso pide: Que sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente". Como antecedentes manifiesta: Que debido a una pena impuesta por delitos del ámbito federal, entre los cuales aduce, no se encuentra el de Delincuencia Organizada, actualmente se encuentra recluido, purgando una sentencia de seis años. Expuesto lo anterior, el suscrito juzgador advierte que contra la demanda promovida por el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 18, párrafos tercero y octavo, de la Constitución Federal, 49 y 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Los citados preceptos establecen: (Ley de Amparo) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) (REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. (.) Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. (.) (Ley Nacional de Ejecución Penal) Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Los preceptos legales transcritos prevén que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley; y que los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. De los citados preceptos legales se advierte que los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Ahora, debe precisarse que a partir de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, en vigor a partir del diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen, modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución quien debe resolver sobre las peticiones de traslados voluntarios. En efecto, las reformas a tales artículos introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas; por ello todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas. Como se ve, con la entrada en vigor de las reformas constitucionales mencionadas, se ha generado un cambio sustancial en el sentido de que corresponde a los Jueces de Ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. De ahí que es evidente que las determinaciones relativas al traslado de los sentenciados son de su competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 17/2012 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Penal. Décima Época, página 18.] Por tanto, planteada así la demanda de amparo, en la que el quejoso solicita se autorice su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", resulta improcedente el juicio de amparo, el cual tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en términos de lo que dispone e l artículo 1° de la Ley de Amparo ,y en el caso, lo que pretende el quejoso es obtener la autorización para su traslado voluntario al centro de reclusión que indica, lo cual, como se vio es competencia del Juez de Ejecución, por tanto su planteamiento deberá realizarlo ante dicha autoridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al existir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia examinado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se trata. En relación a la solicitud de que se le proporcione asesoría jurídica, dígasele que este juzgador no tiene facultades para hacerlo. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS" Número Trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le deban hacer de manera personal, practíquesele en el lugar donde se encuentra privado de su libertad, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese; personalmente al quejoso.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada, contra la sentencia de trece de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, el cual comunica quedó radicado con el número 360/2016 de su índice.
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