José Ricardo Murrieta León y Otros.
Expediente 1607/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Ricardo Murrieta León y Otros.
- Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca" Miahuatlán, Oaxaca
- José Ricardo Murrieta León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA VI-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes, hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 64 y 65), que declaró sin materia la ejecución de la sentencia, por imposibilidad jurídica para su cumplimiento; en consecuencia, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por la Directora Jurídica en ausencia de la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA" -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico-, mediante el cual remite copia certificada del acta de egreso número 94/2017, de la que se advierte que el aquí quejoso .... egresó de ese centro federal el veintiocho de febrero del presente año, por haber sido puesto en libertad con motivo de haberse acogido al beneficio de libertad preparatoria concedido por el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. En tales condiciones, por una parte, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la citada responsable en proveído de veintisiete de febrero del actual (para que informara lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo aquí dictada -en la parte restante que se le precisó-) y, por otra, toda vez que no obra en autos diverso domicilio del aquí quejoso y se advierte que éste egresó del referido centro penitenciario, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, a partir de esta fecha practíquensele sus notificaciones al impetrante de mérito, aún las de orden personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de los autos se aprecia que mediante proveído de diez de enero de dos mil diecisiete, se determinó que la sentencia de amparo aquí dictada no estaba cabalmente cumplida, en virtud que la citada autoridad responsable no dio contestación escrita y congruente a la totalidad de las solicitudes formuladas por el inconforme, pues si bien atendió las peticiones formuladas mediante los formatos únicos de petición de folios 1891 de enero, 10400 de abril, 27473 de agosto, y 1 y 2 de septiembre, todos de dos mil dieciséis, las cuales notificó al impetrante; no justificó haber dado respuesta a los diversos formatos 1892 de enero, 4039 y 4040 de marzo, y 14588 de mayo, todos de dos mil dieciséis, y menos la notificación correspondiente al quejoso; lo que motivó que se requiriera nuevamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que diera cumplimiento total al fallo que concedió el amparo al aquí quejoso (fojas 53 y 54). Sin embargo, de las documentales que se agregan en el presente acuerdo, remitidas por la citada autoridad en cumplimiento al citado requerimiento, se aprecia que el impetrante José Ricardo Murrieta León egresó de ese Centro Federal Número Trece "CPS-OAXACA", el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por haber sido puesto en libertad, con motivo de haberse acogido al beneficio de libertad preparatoria concedido por el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. En tal virtud, toda vez que el quejoso ya no se encuentra dentro del ámbito de disponibilidad de la autoridad responsable, para que de contestación escrita y congruente a las restantes solicitudes que le formuló mediante los formatos únicos de petición de folio 1892 de enero, 4039 y 4040 de marzo, y 14588 de mayo, de dos mil dieciséis, así como para que le notifique dicha respuesta, como se le requirió en auto de diez de enero del actual; es evidente, que la citada autoridad responsable se encuentra imposibilitada materialmente para cumplir cabalmente con la sentencia que concedió el amparo al referido agraviado, en la parte antes destacada. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para la ejecución total del fallo protector. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En este orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, personalmente al quejoso.
- Incidental
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1607/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Toda vez que ha transcurrido el plazo concedido para que la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, acreditara el cumplimiento total del fallo protector, sin que lo hubiere hecho; en términos de los artículos 192 en relación con el 258 y 238 de la Ley de Amparo se impone a la referida autoridad, multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos cero centavos ($7,549.00), a razón de 75.49 como valor diario. Con motivo de lo anterior, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la parte restante de la ejecutoria de amparo (como se especificó en auto de diez de enero pasado), requiérasele nuevamente para que en el plazo de tres días cumpla con el fallo protector y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Transcurrido el mencionado plazo, se proveerá sobre el cumplimiento o incumplimiento a la sentencia amparadora. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 54/2014 (10a.) del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, de rubro; PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. [Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 19]. Notifíquese.
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