Jose Ricardo Gonzalez Tapia
Expediente 1145/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Ricardo Gonzalez Tapia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve el testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el treinta y uno de enero del año en curso, en el recurso de queja Q-126/2018 de su índice, interpuesto en el presente juicio de control constitucional contra el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, la cual en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, interpuesto por José Ricardo González Tapia, contra el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por José Ricardo González Tapia y Héctor Alejandro González Tapia, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del citado quejoso, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito, a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 1145/2018-C, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil dieciocho. FORMACIÓN Y DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por José Ricardo González Tapia, contra actos del 1. Juez Tercero de lo Penal en el Estado de Puebla; fórmese expediente y regístrese con el número 1145/2018-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado; y, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: ".la resolución del RECURSO DE REVOCACIÓN resuelto con fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mismo que bajo protesta de decir verdad me fue notificado con fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mismo Recurso que fue promovido por el suscrito dentro del proceso 488/2016 que se ventila en el Recinto Judicial de la Autoridad Responsable (Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla). Siendo el acto reclamado en específico la omisión de turnarle los autos a la vista de la Defensa para que formule las conclusiones que crea conveniente, según lo estipula el artículo 228 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, sin que a la fecha del día de la presentación de este Juicio de Garantías la Autoridad Responsable haya acordado su turnen los autos a la vista de la Defensa para que formule sus conclusiones". De la anterior transcripción se advierte, que el acto reclamado del que se duele el quejoso, es precisamente la dilación procesal en que incurre el juez penal responsable, de continuar con la tramitación del proceso penal 488/2016 de su índice, al no poner a la vista de la defensa del procesado Abraham González Macías, los autos que integran dicho expediente, para que formule las conclusiones que a su parte corresponden, en términos de lo dispuesto en el artículo 228, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, sin que a consideración del quejoso exista obstáculo o impedimento para ello. Respecto del acto reclamado se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así mismo, establece que los actos de imposible reparación se entienden por los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Y, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (libertad, propiedades o posesiones); pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar la afectación que hace valer, sobre cuestiones relativas a la negativa reiterada de la autoridad judicial responsable de poner a la vista de la defensa los autos que integran la causa penal 488/2016, de su índice, con la finalidad de que emita las conclusiones que a la parte que representa correspondan, y con ello continuar con el trámite respectivo. Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro IUS 2011580, del rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso, se actualicen las excepciones relacionadas con la causal de improcedencia que aquí se analiza, relativas a la abierta dilación del procedimiento o a su paralización total, en virtud que de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte las siguientes actuaciones: a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción dentro de la causa penal 488/2016 del índice del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla. b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por recibidas las conclusiones acusatorias formuladas por la Agente del Ministerio Público de su adscripción, contra el procesado Abraham González Macías, y reservó dar vista a la defensa con las actuaciones que integran el citado procedimiento de origen, para que formulara sus respectivas conclusiones, hasta en tanto los nuevos defensores designados por dicho encausado, comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido y no vulnerar su derecho a una adecuada defensa. c) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud realizada por el aquí quejoso, relativa a que se pusieran los autos a disposición de la defensa del encausado para que formulara las conclusiones que a su parte corresponden, el juez responsable acordó que una vez que se agotara la tramitación del incidente no especificado de falta de personalidad, carencia de acción y derecho, que promovió la defensa del aludido inculpado, el cual incidía en el procedimiento principal, estaría en aptitud de continuar con el trámite de la causa. d) Inconforme con lo dispuesto por la autoridad judicial responsable, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el veintidós de noviembre de este año, en el que se determinó no revocar el proveído de seis de septiembre anterior, en virtud que dicha responsable consideró que no le asistía la razón al recurrente, dado que la causa penal de origen, no guardaba el estado procesal para turnarlo a la vista de la defensa y ésta formulara las conclusiones que a la parte que representa conviniera, al decretarse la suspensión del procedimiento en las actuaciones de la causa penal 488/2016, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con motivo del juicio de amparo 1028/2018-B, del índice de este juzgado, promovido por el propio José Ricardo González Macías. De lo que se colige, que contrario a lo que señaló el quejoso, no se advierte inactividad ni dilación procesal en el procedimiento de origen, pues no obstante que desde el veinticinco de mayo del año en curso, se decretó el cierre de instrucción en el mismo, lo cierto es que la paralización momentánea de la causa penal de que se trata obedece, a la disposición legal contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y no a una omisión atribuible a la autoridad responsable. En ese contexto, se establece que conforme tales antecedentes, en modo alguno se vulnera en perjuicio del justiciable algún derecho sustantivo, esto es, que impida al quejoso el ejercicio de un derecho, que llegara a trascender en el sentido del fallo que en ese juicio se emita; por el contrario bajo las relatadas condiciones, se establece que tampoco existe una lesión jurídica formal o adjetiva, ni mucho menos una abierta dilación del procedimiento o paralización total del procedimiento, ya que no se advierte que el procedimiento sufra de alguna dilación que hubiere retardado de forma superior al normal, en transgresión al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de las consideraciones legales expuestas, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, ya que la dilación procesal reclamada, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. En términos del párrafo primero, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizado en términos amplios al licenciado Héctor Alejandro González Tapia, ya que de la revisión realizada al Registro Nacional de Profesionistas, se obtuvo que cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho; y sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas que la quejosa expresamente designa para tales efectos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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