Jose Ricardo Gonzalez Tapia
Expediente 1028/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Ricardo Gonzalez Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José Ricardo González Tapia, en contra del 1. Juez Tercero de lo Penal de Puebla, respecto de la omisión de resolver el recurso de revocación promovido por éste en contra del auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 488/2016 del índice de la responsable, por las razones expuestas en considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en su último considerando.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la comparecencia del quejoso José Ricardo González Tapia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, de la que aparece ratifica el contenido y firma del escrito presentado ante este juzgado Federal el veintisiete de noviembre del presente año, diligencia que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, esto es, al celebrar la audiencia constitucional correspondiente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Ricardo González Tapia, por medio del cual desiste del presente juicio de amparo, en consecuencia, se provee: Dada la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener el impetrante de garantías, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, requiérase a la mencionada promovente para que, dentro del plazo de tres días siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que ratifique el escrito de cuenta. Se apercibe a la demandante constitucional que, de no dar cumplimiento a lo anterior en el término indicado, se le tendrá por no desistido y se continuará con el trámite de este asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, enseguida se citan: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio
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